Santo Domingo, RD.-Con un registro oficial de dos fallecimientos y decenas internos con síntomas característicos del COVID-19 en la penitenciaría de La Victoria, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, hizo un llamado urgente para que se proceda a la separación y el aislamiento de los privados de libertad para evitar mayores contagios.Nacionales
Las cárceles, una bomba de tiempo ante el Coronavirus
Hay dos presos muertos y decenas con los síntomas
Santo Domingo, RD.-Con un registro oficial de dos fallecimientos y decenas internos con síntomas característicos del COVID-19 en la penitenciaría de La Victoria, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, hizo un llamado urgente para que se proceda a la separación y el aislamiento de los privados de libertad para evitar mayores contagios.En horas de la tarde, Sánchez Cárdenas visitó la sede del penal para supervisar e instruir el cumplimiento de esas disposiciones.
Aunque no se ofrecieron detalles de la cantidad de internos afectados en las últimas horas por el brote desatado en ese penal, cuya población supera los 8,000 internos en un espacio hacinado construido inicialmente para unos 2,000, el funcionario llamó la atención y dijo que es evidente que allí se violentaron los protocolos y exigencias de controles de visitas y prevención recomendados, por lo que el virus pudo penetrar a lo interno del recinto.
Dijo que hay que separar urgentemente los positivos, los sintomáticos y los asintomáticos y llamó a las instituciones relacionadas con el tema de seguridad y protección se integren y fortalezcan las medidas preventivas y de control.
Informó que el Ministerio de Salud Pública ha aplicado las pruebas de detención del COVID-19 a más de mil reclusos y se ha procedido al aislamiento de sintomáticos.
Procuraduría informa
Posteriormente, la Procuraduría General de la República emitió una declaración de prensa en la que afirma que junto al Ministerio de Salud Pública trabajan para controlar la propagación del coronavirus (COVID-19) en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo un llamado a los familiares de los internos para que no visiten el recinto penitenciario ni ningún otro, ya que aunque no tengan contacto directo con los internos, la manipulación de los alimentos que les llevan o el contacto con el personal de seguridad y administrativo, puede contribuir al contagio.
Rodríguez reiteró que las visitas “están totalmente prohibidas en el penal” y que los internos disponen de la asistencia médica y la alimentación necesaria, ya que se han aumentado las raciones alimenticias en La Victoria y en todos los demás centros.
Dentro las medidas preventivas implementadas en La Victoria citan que desde el pasado fin de semana se han realizado más de 500 pruebas a los privados de libertad, además de que han procedido a aislar y trasladar a los internos que han dado positivo al COVID-19 y a los que han tenido contacto con ellos y con los dos fallecidos, así como a los que presentan síntomas.
Señaló que también ambas instituciones han realizado una amplia jornada de desinfección e higienización de ese recinto penitenciario.
En tanto que con relación a los casos de COVID-19 que se han detectado en La Victoria, la Procuraduría General de la República dijo que en esos casos pudieron haberse violado los protocolos establecidos, ya que es el único recinto penitenciario de los 41 centros del país, donde se han detectado casos después de la implementación de las medidas que pusieron en marcha en el sistema penitenciario nacional el pasado 18 de marzo para evitar la propagación de la enfermedad.
Es solo en La Victoria
Señaló que en los demás 40 recintos penitenciarios del país no se han registrado casos, resaltando en ese sentido, que los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario, así como los policías y militares del sistema tradicional, acogiéndose al protocolo establecido, tienen más de 20 días sin salir de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y demás recintos penitenciarios, pero se les realizarán las pruebas correspondientes.
Afirmó que con su cumplimiento estricto a las medidas preventivas han logrado que hasta el momento no se hayan registrado casos de la enfermedad en los demás centros.
Otras medidas
Precisó que además de la restricción total de las visitas, en los diferentes recintos penitenciarios se han adoptado otras medidas dirigidas a preservar la salud de los presos y el personal a cargo de la administración de los centros, las cuales también incluyen chequeos de salud, aumento de las medidas de higiene.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.