Santo Domingo, RD.-La Operación Coral ha servido de escenario para que el general que dirige la supuesta red se proyecte con citas bíblicas más que como teniente general como todo un pastor evangélico, cuya audiencia de conocimiento de medida de coerción para los imputados continuará este viernes a partir de las dos de la tarde.Más Noticias
General Adán Cáceres se comporta en tribunal como un pastor evangélico, más que como un militar.
Santo Domingo, RD.-La Operación Coral ha servido de escenario para que el general que dirige la supuesta red se proyecte con citas bíblicas más que como teniente general como todo un pastor evangélico, cuya audiencia de conocimiento de medida de coerción para los imputados continuará este viernes a partir de las dos de la tarde.“Quisiera, si es posible, si ello no constituyere un elemento ofensivo a la jerarquía de su investidura, recrear un escenario paralelo que podemos encontrar en las sagradas escrituras”, presagió Cáceres en su intervención.
El más citado fue el de Juan, del cual tomó varios capítulos y versículos, principalmente los pertenecientes a los capítulos 8 y 18
“Pilatos le pregunta eres tú el rey de los Judíos, Pilato espera una respuesta y Jesús le responde: ‘Mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo los que me siguen vinieran y me liberaran’”, recitó.
De igual manera recitó “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre”, además del versículo 44 del capítulo 8.
“Vosotros sois hijo de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”, manifestó Cáceres ante el tribunal.
Además citó Romanos 13:1: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas”.
Igualmente hizo referencia al capítulo 15 de Corintios y finalizó con Lucas 20:25.
A Cáceres se le acusa de liderar una supuesta red de corrupción que también incluía la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Por esto, el Ministerio Público solicitó el pasado miércoles que el grupo sea enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo hombres y mujeres, por un periodo de 18 meses.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
«Hay que decir que quienes aprobaron la ley de Contrataciones en el 2006, en el mismo año la modificaron y la extirparon, le eliminaron el régimen de consecuencias. En el 2006, con esa acción, se sembró el régimen de impunidad en la República Dominicana«, afirmó.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.