Editorial
Las Comunidades del Exterior: Un Verdadero Capital Social, Político y Económico del País.
La falta de oportunidades que tienen los jóvenes y las mujeres, así como la población en general, alimenta las aspiraciones del dominicano a buscar suerte en otras tierras, muchas veces con la adversidad del idioma y otras barreras culturales.
Es impresionante la cantidad de criollos que ya han perdido la esperanza de mejorar sus condiciones de vida en el territorio nacional por el manejo inadecuado de las riquezas nacionales y cuyo último propósito es irse del país, tal vez para nunca más volver.
Todo joven que termina una carrera universitaria no ve otro sendero que la emigración para poder garantizar una vida digna junto con sus familiares.
Ahí está la razón de que en los últimos años la emigración de dominicanos hacia el exterior sea realmente impresionante, muchos de ellos inmersos en esfuerzos extraordinarios para insertarse en el mercado de los Estados Unidos y Europa y cuyo principal escollo lo constituye el idioma.
Sin embargo, cuando el dominicano logra superar esa barrera se convierte en un elemento de primer orden para evitar que la República Dominicana reviente por los cuatro puntos cardinales por el desempleo, los altos precios de la canasta familiar y los bajos salarios que se pagan en la industria nacional.
La suma del que logra superarse académica y tecnológicamente con el que va al exterior a ser un simple trabajador de una factoría, constituyen una fuerza económica que prácticamente lleva sobre sus hombros la pesada carga de mantener a segmentos muy importantes del país.
El asunto reviste tanta importancia desde la perspectiva de la sociología, que los dominicanos se iban al extranjero con la aspiración de regresar años después para con sus ahorros iniciar algún tipo de negocio en el entorno del calor familiar.
Pero hasta eso murió, ya que el llamado síndrome del regreso ha desaparecido porque los dominicanos del exterior se han convencido de que ello no es posible, porque el mismo generalmente se convierte en una pesadilla.
Ahora ocurre lo contrario, porque el dominicano cuando recibe una visa para irse a vivir al exterior no quiere volver, aunque nunca reniegue de sus vínculos con las tierras que le vio nacer y a partir de esta realidad lo más importante es determinar en qué medida el Estado dominicano puede desarrollar políticas públicas que impacten al criollo que vive fuera y que de esa menara sienta el peso de las autoridades del lar nativo.
Pero el asunto es tan complejo que las falencias del Estado dominicano impactan de muy mala manera a los que han huido del país como resultado del mal manejo de las riquezas nacionales y cuyo lastre lo persigue cuando las autoridades envían a los consulados, como el de New York, a burócratas que sólo buscan enriquecerse a la sombra del poder con la imposición de tarifas abusivas en contra de los que se han ido del país como resultado de la vocación mafiosa en el manejo de la administración de la cosa pública.
Le sacan hasta la sangre a su gente con tarifas tan altas que rayan en abusivas con el fin de enriquecer a un burócrata enviado desde el país a hacerse millonario con el esfuerzo de los que se han ido a trabajar duro para protegerse a sí mismos y a sus familiares que quedan en el territorio nacional.
En virtud de este complejo problema y que está asociado al mismo comportamiento de los partidos tradicionales que tienen el control del Estado dominicano, se impone que esta situación sea sometida al escrutinio público para por lo menos reflexionar sobre el tema.
Por tanto, el periódico La República entra en el escenario de representar y tratar con justicia a los hombres y mujeres de la llamada diáspora, que llevan sobre sus hombros la manutención de sus familiares sin empleos o con empleos de mala calidad, pero además de todo el mal comportamiento del Estado, el cual no se corresponde con la buenas y desinteresadas intenciones del dominicano del exterior que sólo da a cambio de prácticamente nada.
Gobiernos vienen y gobiernos van a hacer promesas en el exterior que nunca cumplen y que ha llevado incluso al cansancio a gente que aporta tanto a la economía y la democracia dominicanas.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo