Santo Domingo, RD.-Una resolución fue emitida este jueves por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la que dispone que las financieras y comercios de la misma naturaleza no regulados, registren los contratos de venta condicional de muebles y de préstamos en esa institución, tal como lo establece la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05.Más Noticias
Contratos de venta y los préstamos deben ser registrados por las financieras ante Proconsumidor
Santo Domingo, RD.-Una resolución fue emitida este jueves por el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en la que dispone que las financieras y comercios de la misma naturaleza no regulados, registren los contratos de venta condicional de muebles y de préstamos en esa institución, tal como lo establece la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario 358-05.Eddy Alcántara, director de Proconsumidor, explicó que la resolución número 1511-2022, de fecha 25 de agosto de 2022, establece que todas las entidades comerciales con características de financiera de préstamos y afines de la misma naturaleza deben registrar los contratos, “en procura de evitar cláusulas abusivas o timaciones a los derechos de los consumidores”.
Alcántara sostuvo que esos contratos deberán ser registrados en un plazo único e improrrogable de treinta días calendarios “por ser considerados estos documentos como contratos de adhesión, conforme lo establecido en los artículos 81 y siguiente de la Ley 358-05 y los artículos 42 al 45 del Reglamento de Aplicación de esta misma ley”.
Advirtió que vencido el plazo de los 30 días y no cumplir con lo que establece la presente resolución, “Proconsumidor procederá a sancionar y a clausurar las transacciones comerciales de estas entidades”.
Se procederá, también, en caso de incumplimiento, a emitir una resolución de prohibición de uso del contrato para las transacciones comerciales hasta tanto el mismo sea analizado y registrado por la entidad defensora para su uso en sus relaciones comerciales con consumidores.
Queda establecido –agregó- que, si se comprobase que la entidad comercial siguiese haciendo uso del documento a pesar de la prohibición, se considerará una infracción grave, conforme la tipificación señalada por el artículo 109 literal c, de la normativa, pudiendo ser sujeto de multas u otras sanciones establecidas para este tipo de infracción.
El funcionario explicó que a raíz de que este sector no está regulado por la Ley Monetaria y Financiera, le corresponde a Proconsumidor velar por los derechos de cada uno de los consumidores que realizan transacciones con los proveedores de este tipo de comercio.
Indicó, además, que la revisión de los contratos de adhesión por parte de Pro Consumidor tiene por fin principal, “procurar que los mismos no contengan cláusulas lesivas de los derechos de consumidores o usuarios, consagrados en la ley de protección al consumidor”.
“El incumplimiento de los requisitos estipulados, en materia de contratos de adhesión, incluyendo la introducción de cláusulas abusivas, se considera una infracción a la referida ley, de la cual serán responsables las personas físicas o morales que por omisión o acción hubieren participado en ellas, mediando dolo, culpa o mera inobservancia”, dijo finalmente.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.