Economía
Las mipymes latinoamericanas, asfixiadas entre el covid y la falta de crédito
Santiago de Chile.-Un año y medio de pandemia ha hecho estragos en las micro, pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, el eslabón más débil del tejido económico de la región y cuya recuperación se antoja cuesta arriba por las dificultades endémicas para acceder a créditos bancarios.Valentina Saéz hizo «lo imposible» por tratar de salvar su pequeña abarrotería en el centro de Santiago de Chile, donde también vendía comidas diarias. Recorrió todas las sucursales bancarias del barrio, postuló a ayudas sociales y pidió dinero a todos sus allegados, pero a finales de abril se vio obligada a cerrar.
La nueva cuarentena decretada a inicios de ese mes vació aún más la zona de oficinas donde se ubicaba su local y la búsqueda de fondos fue infructuosa: «Estuve meses esperando respuestas de los bancos. Siempre he sido muy buena pagadora, pero esta crisis me ha consumido», reconoció a Efe.
Claves para la recuperación
Su negocio es una de las 2.7 millones de empresas formales -de las que el 99% son mipymes- que han echado el cierre en la región desde el inicio de la crisis sanitaria, lo que supone la pérdida de al menos 8.5 millones de puestos de trabajo, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El 53% son comercios al por menor, seguido de negocios dedicados a servicios personales, como peluquerías, gimnasios y talleres (12%), y hoteles y restaurantes (11%).
«Las mipymes son las que más han sufrido los impactos de la crisis y, dado que se orientan esencialmente hacia el mercado interno, sus posibilidades de recuperación están asociadas al PIB y a las medidas lanzadas por los Gobiernos», indicó a Efe la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena.
Entre las medidas destacan, por ejemplo, la ampliación de los plazos y alcances de las medidas de liquidez y crédito, el cofinanciamiento de la nómina salarial y las transferencias directas a trabajadores autónomos, enumeró Bárcena.
La pandemia, que ya deja 37.3 millones de infectados y 1.2 millones de muertos en Latinoamérica y mantiene aún a muchas economías funcionando a medio gas, hizo caer el PIB regional un 7.1% en 2020, la mayor recesión de los últimos 120 años.
Las tasas de pobreza y pobreza extrema se dispararon hasta el 33.7% (209 millones de personas) y el 12.5% (78 millones), respectivamente, mientras que el PIB per cápita regional terminó en el mismo escalón de 2010, lo que significa que la región se encuentra frente a una nueva década perdida, como la de 1980.
«El papel de las micro, pequeñas y medianas empresas para reactivar la economía es clave«, dijo a Efe Javier Paulinich, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (Sela), que el próximo 22 de julio celebrará virtualmente una reunión de alto nivel llamada «Una Hoja de Ruta para la Recuperación de la Mipymes de la Región en la post-pandemia».
Tras recordar que estas empresas aportan el 61.2% del PIB y generan el 61.2% del empleo regional, el titular del Sela llamó la atención sobre el hecho de que las mipymes requieren un abordaje «integral», lo que implica tratar «de manera simultánea, y no por etapas, los problemas estructurales que las aquejan, como la informalidad, el escaso financiamiento y la falta de digitalización».
Mejorar el acceso al crédito
La dificultad para acceder al crédito es, de acuerdo con los expertos, el principal escollo, sobre todo para las micro y pequeñas empresas.
«Hay una especie de resistencia entre las mipymes a la hora de acercarse a un banco porque creen que lo intereses son altos», indicó Paulinich.
A pesar del crecimiento sostenido del sector de microfinanzas en Latinoamérica, el nivel de penetración es muy desigual. Países como Nicaragua, Bolivia y El Salvador presentan niveles estimados de penetración mayores al 30%, mientras que Venezuela, Argentina y Brasil tienen niveles inferiores al 5%, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Contar con sistemas financieros profundos (crédito total/PIB), no garantiza un sector de microfinanzas desarrollado: Chile, por ejemplo, es el país de Suramérica con mayor diferencia entre el porcentaje de crédito total con relación al producto interno bruto (71.2%) y la penetración de las microfinanzas (15.4%), de acuerdo con el BID.
La informalidad tampoco ayuda, de ahí que muchos Gobiernos hayan puesto en marcha en los últimos meses incentivos que permitieran incorporar al sistema formal la mayor cantidad de empresas.
También existen «fallas en el mercado» relacionadas con la metodología de análisis de riesgo de las entidades bancarias y los costos de transacción, dado que los montos de los créditos que piden las mipymes suelen ser bajos, «generando altos costos de transacción en los procesos de evaluación y traspaso de fondos», afirmó la responsable de la Cepal, Alicia Bárcena.
«Es muy difícil que un banco acepte una carretilla como prenda. Hay que idear una fórmula imaginativa donde la garantía no sea el principal componente para el préstamo«, concluyó por su parte el secretario del Sela.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.