Desde hace muchos años que una serie de empresas públicas se manejan como un patrimonio de sus incumbentes y ello ha dejado como resultado la apropiación por parte de particulares de grandes recursos del Estado.
Coraasan durante la pasada administración peledeísta se manejó como una empresa privada propiedad de su pasado incumbente, ingeniero Silvio Durán, pero penosamente se debe admitir que esa empresa ha seguido ese mismo curso durante el Gobierno de Luis Abinader.
El actual director de Coraasan, ingeniero Andrés Burgos, quien se desempeñó como jefe de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, ha dicho que procedería en contra del saliente incumbente por la desaparición de unos 400 millones de pesos propiedad de esa empresa autónoma del Estado.
Sin embargo, nadie se explica por qué no lo ha hecho y peor aún que se dedique a la fea tarea de cortarles el servicio de agua a los usuarios a pesar de que eso no es correcto en virtud de una jurisprudencia sentada en el país por el Tribunal Constitucional.
En esa sentencia el Tribunal Constitucional deja claro que nadie debe ser privado del suministro del preciado líquido por tratarse de un derecho humano fundamental, lo cual es entendible por el hecho de la aparición del Covid-19 y que lo que recomiendan los organismos internacionales es el lavado de manos.
La pregunta que se impone frente al desacato que comete el director de Coraasan es que si su travesura al respecto puede ser explicada convincentemente, dado que se trata de una empresa del Estado que tiene que acogerse a lo decidido por los tribunales nacionales, porque si se dedica a violar las normativas jurídicas para qué cuenta con un departamento legal en esa institución.
Este funcionario que parece tener una gran ignorancia o conscientemente se pone por encima de la ley y en consecuencia del orden institucional para proceder de una manera abusiva y que expone a la gente a una propagación muy grande del coronavirus.
Esa conducta del director de Coraasan deja claro que los funcionarios del Gobierno de Luis Abinader o por lo menos una buena parte de ellos son tan bárbaros como los que acaban de salir del poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En este caso procede llamar a la atención al propio Luis Abinader para que ponga en cintura a este funcionario o que en su defecto se proceda legalmente en su contra para que sea más respetuoso del mandato de los órganos jurisdiccionales del país.
Lo grave del asunto es que no oyen a nadie, se creen dueños y señores del país y con sus acciones ponen en peligro hasta la vida de los ciudadanos que tienen el derecho de exigir un pare de ese mal comportamiento.