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Reportaje A Fondo

Las ‘villas miseria’ de los temporeros rebrotan del fuego

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Mientras los habitantes de los poblados que ardieron en esta comunidad hace un mes se afanan por reconstruir sus infraviviendas, un albergue temporal impulsado por los trabajadores demuestra que hay alternativas de alojamiento

En apariencia es solo una nave industrial de un polígono de Lepe (Huelva), pero lo que se esconde tras su puerta verde evidencia que con voluntad se pueden encontrar alternativas para los asentamientos chabolistas de temporeros. En sus 313 metros cuadrados, la Asociación Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (Asnuci) ha construido un albergue temporal para 40 jornaleros. Está casi listo. Falta la cocina, pero las habitaciones de la planta baja, para mujeres, y la de arriba, para hombres, tienen ya literas y armarios. Hay dos zonas de duchas, cuatro lavadoras, salón y comedor. Se ha levantado en plena pandemia, con la única ayuda de aportaciones de particulares en una campaña en redes sociales que ha recaudado 100.000 euros. “Lo hemos hecho nosotros ante la inacción de las administraciones. Es un gesto para demostrar que se pueden encontrar soluciones: no valen las excusas”, explica Seydou Diop, portavoz de Asnuci y uno de los principales promotores del proyecto.

Fotogalería | Las múltiples aristas de los asentamientos chabolistas

Este alojamiento es la excepción en Andalucía, donde existen 119 asentamientos chabolistas: 40 en la provincia de Huelva y 79 en Almería. En ellos viven unas 13.000 personas, según los datos trasladados por la ONG onubense Asociación Multicultural de Mazagón y Almería Acoge a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ha pedido a la Comisión que investigue la situación. Los poblados se han ido levantando desde finales de los 90 y se han asentado al albur de la industria hortofrutícola que empezó a asimilar mano de obra extranjera a comienzos del siglo XXI.
Javier Pérez, coordinador de Cepaim en Andalucía, explica que “en Almería, los asentamientos siempre han sido permanentes por el tipo de agricultura, y [en ellos] viven familias, con mujeres y niños; en Huelva, al principio, se levantaban solo para lo que duraba una campaña, pero ahora ya viven todo el año y cada vez hay más masificación”. La situación es la misma, o peor, que hace 25 años: carecen de agua potable, luz o recogida de basuras. No hay censos oficiales, pero los cálculos de las diferentes asociaciones que trabajan con ellos coinciden en que entre el 60% y el 80% de sus habitantes están en situación irregular.

Un voluntario trabaja en la preparación del albergue de Asnuci en la localidad de Lepe, Huelva.PACO PUENTES

La estancia máxima en el albergue de Lepe es de seis meses, lo que dura una campaña. No es una obra de beneficencia y Diop lo deja muy claro. Diop explica que “para entrar hay que ser socio de Asnuci y pagar 96€ de fianza. Es un alquiler y hay que pagar el agua y la luz”. E incide: “Dicen que vivimos en chabolas porque queremos ahorrar dinero y eso no son más que prejuicios, a nadie le gusta vivir así”.

Diop sabe de lo que habla. Llegó hace cuatro años a España desde Senegal y vivió en los asentamientos de Lepe. “Me he roto el alma para salir de esta situación”, explica. Ahora sigue trabajando en el campo como mediador e intérprete. Frente a su albergue se levanta otro. Lo empezó a construir el Ayuntamiento de Lepe en 2005 para alojar a temporeros y en 2011 se abandonó tras una inversión de más de un millón de euros. Ahora lo ocupan un centenar de jornaleros. Uno de ellos, Francisco Braima, de 64 años, asegura: “No queremos nada gratis, pero yo en tres meses no he ganado ni 2.000 euros. ¿Cómo voy a pagar un alquiler?”. Y recuerda el miedo que pasó en los incendios de asentamientos del verano pasado. “Cuando todo arde, vienen a interesarse, pero luego todo sigue igual. Nadie ayuda”, lamenta.

Frente a ese segundo albergue se asoman algunas chabolas de un poblado vecino, iguales a las que a 60 kilómetros rodean a Yousseff Alsisi, que descarga arena en una carretilla. Está amasando un rudimentario preparado de cemento para enlosar la superficie de otra infravivienda. “Bastan cinco minutos para que todo arda y una semana para ponerlo en pie”, dice con una triste sonrisa.

Alsisi ayuda a levantar chabolas desde que el 19 de febrero un incendio arrasó con la mitad de su asentamiento en Palos de la Frontera (Huelva). El fuego redujo a la nada no solo las endebles construcciones, sino también el futuro de muchos de sus habitantes, que vieron arder su documentación y el dinero ahorrado. Él reconstruyó la suya el 2 de marzo, tal y como ha marcado en el asfalto de la entrada. “Me costó 250 euros”, relata. Es lo que suma el precio de los palés (a dos euros cada uno), los cartones y la mezcla para el cemento.

Como no tiene papeles, Alsisi no puede encontrar trabajo: “Mis vecinos me pagan unos 20 euros por construirles las casas”. Fousseynu Tounkara y Fanoumou Camara, de Malí, no tienen dinero para poner en pie la suya y duermen a la intemperie cuando no consiguen que algún compañero les haga hueco. No muy lejos, en Lucena del Puerto, hay otros 13 asentamientos en pie. En el de Santa Catalina, el ghanés Ato tiene un pequeño bar, donde hay una iglesia y se ofrecen clases de español. Por las tardes su local se llena de compatriotas que acuden a tomar una cerveza por un euro y ver partidos de fútbol. Morales advierte de que “no hay que olvidar que estas personas son vecinos de sus municipios y que los poblados, aunque estén alejados, son ya barrios”.

El marroquí Youssef Eljalili durante la reconstrucción de chabolas en el asentamiento incendiado en la localidad de Palos de la Frontera, Huelva. PACO PUENTES

A 550 kilómetros de ahí, en el otro extremo de Andalucía, la escena en Níjar (Almería), el municipio más pobre de España, es similar. El campamento de Atochares está construido a base de plásticos, maderas y unos pocos ladrillos. Una isla invisible donde residen unas 800 personas en dos barrios. Al sur viven personas de origen magrebí. Al norte, subsaharianos, que vieron cómo su área ardió el 13 de febrero. Esta semana, quienes no iban a trabajar en los invernaderos se afanaban en reconstruir sus casas sobre las cenizas. Richard y Yao, de Ghana, ponían cemento entre bloques de hormigón guiados por tiralíneas. A su alrededor, escombros y palés con sacos de cemento y ladrillos. Apenas cuentan con el apoyo de algunos colectivos ciudadanos y la solidaridad del resto del asentamiento. “Cualquier ayuda es bienvenida”, dicen con una dignidad a prueba de fuego junto a decenas de bicis, casi el único medio de transporte de estos vecinos.

Nadia Azougagh, activista del colectivo La Resistencia, cuenta que aquí “la situación es dramática: ellos son la base de la riqueza de la provincia [la agricultura almeriense factura 3.500 millones de euros anuales] y se ven obligadas a vivir en situaciones infrahumanas”. Alrededor de un té, en el interior de una precaria pero limpia y acogedora cabaña de plástico, Azougagh relata historias plagadas de pésimas condiciones laborales y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna. El secretario general de Andalucía Acoge, José Miguel Morales, reconoce que “la ausencia de albergues, el déficit de pisos de alquiler o el racismo inmobiliario a la hora de arrendar a migrantes y la estacionalidad de las campañas explica la proliferación de estos campamentos”. En Níjar, el portal Idealista ofrece solo tres habitaciones para compartir —a unos 250 euros mensuales— y 24 viviendas, solo seis por debajo de 500 euros al mes. La cifra es prácticamente el salario que, con suerte, obtienen mensualmente quienes trabajan a diario.

El marroquí Youssef en su chabola instalada en uno de los asentamientos de Lucena del Puerto, Huelva. PACO PUENTES

Espiral de excusas

El padrón es la puerta de entrada a los derechos y para arrancar la complejísima tarea de regularización, un proceso lleno de obstáculos, muchos insalvables sin ese primer paso. El empadronamiento es un derecho y una obligación que la justicia ha avalado en el caso de las chabolas. Los ayuntamientos, sin embargo, se muestran reticentes con la excusa del posible efecto llamada. “Sería reconocer una irregularidad”, explica Miguel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, que con poco más de 3.000 habitantes acoge una docena de poblados chabolistas, el que más en Huelva.

El mosaico de vecinos y realidades que habitan en los asentamientos hace que ya no sea posible una única alternativa para su erradicación. Las entidades sociales hablan de incentivar el alquiler social, la instalación de módulos prefabricados junto a invernaderos o la construcción de albergues, entre otras ideas que llevan décadas sin que nadie las ejecute. Todas las soluciones pasan por una acción coordinada y conjunta de las administraciones implicadas —municipal, autonómica y estatal—, las empresas hortofrutícolas y las entidades sociales, pero en el último cuarto de siglo todas ofrecen una espiral de excusas infinita para asumir o liderar la erradicación de los asentamientos.

En 2020, la Junta de Andalucía libró por la covid una partida de 2,2 millones de euros para los ayuntamientos con asentamientos con objeto de que garantizasen el suministro de agua potable, electricidad o recogida de basuras. Níjar fue el municipio más beneficiado: más de 700.000 euros, pero sus soluciones han sido solo parches puntuales, casi siempre con la mediación de las ONG. En el resto de casos la situación es similar y, este año, la ayuda económica se ha reducido a la mitad y sus destinatarios volverán a ser las asociaciones. El Gobierno central también ha concedido subvenciones para la atención social, según la Delegación del Gobierno, a través de los programas de ayuda humanitaria.

Lo que fue la obra de construcción de un albergue municipal, sirve de alojamiento para decenas de migrantes en Lepe, Huelva.PACO PUENTES / EL PAÍS

La iniciativa de Lepe

El duro informe del relator de Naciones Unidas de hace un año y el anuncio por parte de Bruselas de que la UE investigará la situación de sus habitantes han empezado a provocar cambios leves. El Ayuntamiento de Lepe (Huelva, 27.880 habitantes), el epicentro del cultivo de la fresa que en la provincia emplea a 160.000 personas y que en el primer trimestre de 2020 facturó 428 millones de euros, parece dispuesto a tomar la iniciativa con un ambicioso plan para erradicar el chabolismo, que el 8 de marzo fue aprobado por unanimidad de sus grupos municipales (PP, PSOE y Cs).

La iniciativa contempla ceder suelo municipal para levantar un complejo de alojamiento temporal a cambio del pago de un canon para 500 personas y tiene un coste de 600.000 euros. “Los migrantes residirían durante dos años para avanzar en la regularización de su situación y conforme se fueran instalando se irían derribando las chabolas con la intención de que no vuelvan a levantarse más”, explica Jesús Toronjo, teniente de alcalde. El plan incluye otras iniciativas que necesita del sector privado y del resto de administraciones, que aún no se han involucrado. Las asociaciones, escépticas por lo general, muestran cierto optimismo. Desde Cepaim, Pérez señala que se trata de “un proyecto grande, que si consigue un objetivo pequeño ya será bueno”.

La concienciación también está arraigando en buena parte del sector empresarial, aunque la patronal onubense del sector de los frutos rojos (Interfresa) y la de los productores almerienses (Coexphal) no consideran que los asentamientos sean su problema y miran hacia las administraciones. “Nosotros ya contribuimos dando empleo y pagando impuestos desorbitados”, subraya Juan Colomina, consejero delegado de la asociación de Almería. En Huelva, Interfresa trata de integrar los principios rectores en materia de Derechos Humanos de la ONU y ha ampliado su equipo de mediadiores. Algunos empresarios se han comprometido a acoger en las viviendas de sus fincas a los temporeros con permiso de trabajo procedentes de asentamientos. Quienes no tienen si situación regularizada, deben seguir en la economía sumergida. Un portavoz del Equipo de Atención al Inmigrante (Edati) de la Guardia Civil explica que “la explotación está al orden del día”. Y uno de los agentes que ofrece ayuda en sus visitas periódicas a los asentamientos añade que “no denuncian más porque pierden lo poco que reciben y quedan sin protección social”. Por su parte, Noureddine Hmaimsa, que pasó dos años entre chabolas en La Paula (Níjar) tras llegar allí en 2006 con apenas 15 años asegura que “salir de ahí es muy difícil”. Hoy reside en el pueblo y ejerce de voluntario de Cruz Roja en su tiempo libre.

Hmaimsa es un ejemplo de que hay futuro más allá del barro de las calles de chabolas. El albergue de Diop es otro atisbo de esperanza. Mientras, en los paisajes chamuscados en los que se han convertido los poblados de Palos y Atochares casi un mes después de sus incendios, a media mañana, solo se oye el repiqueteo de martillos ensamblando palés o las palas mezclando cemento. Camara y Fousseynu deambulan sin rumbo entre famélicos andamios que evidencian la voluntad de sus vecinos de permanecer ahí ante la falta de alternativas. Es un mísero armazón de frágil madera que ni siquiera se pueden permitir estos dos amigos malienses. “¿Podrás conseguir que nos ayuden a levantar nuestra chabola?”, preguntan junto a su parcela calcinada.

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España y la brecha global: avances y desafíos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Solo a través de un compromiso renovado y acciones concretas podremos alcanzar los objetivos de la Agenda 2030

El reciente Informe de Desarrollo Sostenible 2024, publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ha puesto de relieve los avances y desafíos que enfrentamos en el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el ámbito global, el ritmo de avance en los ODS varía significativamente entre los distintos grupos de países. Al igual que en años anteriores, los países europeos, especialmente los nórdicos, encabezan el índice de los países con mayores avances. Finlandia ocupa el primer puesto, seguida de Suecia, Dinamarca, Alemania y Francia. A la vez, los datos muestran que el progreso medio de los ODS en los grupos de economías emergentes BRICS y los BRICS+ desde 2015 ha sido más rápido que la media mundial. Todo ello tiene como resultado el aumento de las desigualdades entre países, produciendo un mayor desequilibrio mundial. El desarrollo sostenible sigue siendo un reto de inversión a largo plazo, y reformar la arquitectura financiera mundial es, por tanto, más urgente que nunca.

Una vez más, el informe indica que el progreso mundial en el cumplimiento de los ODS se ha estancado desde 2020, con el ODS 2 de Hambre cero, el ODS 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles, el ODS 14 de Vida submarina, el ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres y el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas especialmente retrasados. Las cinco metas en las que la mayor proporción de países muestra un retroceso desde 2015 son la tasa de obesidad (ODS 2), la libertad de prensa (ODS 16), el de protección de ecosistemas (ODS 15), la gestión sostenible del nitrógeno (ODS 2) y —debido en gran parte a la pandemia de covid-19— la esperanza de vida al nacer (ODS 3). Los objetivos relacionados con el acceso básico a infraestructuras y servicios, incluido el de Industria, Innovación e Infraestructuras (ODS 9), muestran tendencias ligeramente más positivas, aunque los avances siguen siendo demasiado lentos y desiguales entre países.

Avances notables en España

Si bien es alentador ver que por primera vez uno de los ODS ha sido cumplido en su totalidad —el ODS 5 de Igualdad de Género—, la realidad es que España aún tiene importantes retos a los que debe hacer frente.

España va avanzando lentamente en el grado de cumplimiento de diferentes objetivos, mejorando su puntuación global hasta la posición 14 entre 167 países evaluados

Desde su implementación en 2015, España ha logrado avances significativos en varias metas claves. Además del cumplimiento por primera vez de uno de los ODS, otros tres objetivos están muy próximos a alcanzar todas sus metas: el ODS 1 de Fin de la Pobreza, el ODS 3 de Salud y Bienestar, y el ODS 7 de Energía Asequible y No Contaminante. España va avanzando lentamente —quizás demasiado lentamente— en el grado de cumplimiento de los diferentes objetivos. Estos progresos han contribuido a que España mejore su puntuación global y escale dos puestos, situándose en la posición 14 entre los 167 países evaluados en el informe. Este ascenso es especialmente notable en comparación con el año 2016, cuando España ocupaba la posición 30.

Otros logros incluyen una reducción en el número de objetivos que hasta el año pasado presentaban desafíos significativos, pasando de seis a cuatro: se ha mejorado en el ODS 8 de Trabajo Decente y Crecimiento Económico y en el ODS 12 de Producción y Consumo Responsable. Esta mejora también se refleja en una disminución del número de indicadores con malos resultados, de 14 en 2023 a 12 hoy.

Pero es importante señalar que los datos del informe también muestran algunos signos de preocupación, como que el ritmo de mejora de los años anteriores parece que pierde velocidad. Concretamente, la tendencia de evolución positiva en la mejora se ve reducida en cuatro objetivos: el ODS 6 de Agua y Saneamiento, el ODS 10 de Reducción de las Desigualdades, el ODS 12 de Consumo Responsable y el ODS 16 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Sin duda, dimensiones sociales a las que las noticias de los medios de comunicación han prestado atención en el último año.

España está aún tiene un gran camino por recorrer, y, por tanto, es necesario hacer mayores esfuerzos, en el ODS 13 de Acción Climática, el ODS 15 de Vida de Ecosistemas Terrestres, el ODS 17 de Alianzas para Conseguir los Objetivos y el ODS 2 de Hambre Cero. También hay, a pesar de las mejoras, importantes deficiencias en los ODS 12 Consumo Responsable y el ODS 14 de Vida Submarina.

En conclusión, si bien España ha demostrado avances importantes en varios objetivos, los desafíos que persisten requieren un esfuerzo continuo y coordinado. Es crucial que todos los sectores de la sociedad se involucren activamente para lograr el cumplimiento de los ODS y asegurar un futuro sostenible para todos y todas. La transformación de nuestros sistemas educativos y la actualización constante de datos son pasos fundamentales en este proceso. Solo a través de un compromiso renovado y acciones concretas podremos alcanzar los objetivos establecidos en la Agenda 2030.

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Los paramilitares de Sudán siembran el terror con la violencia sexual contra las mujeres

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El Cairo.-Desde que estalló la guerra civil en Sudán, en abril de 2023, unas 10 millones de personas han huido de casa en busca de un lugar más seguro, en la que se considera la mayor crisis de desplazados del mundo. Millones de personas más han quedado, sin embargo, atrapadas atrás, también en territorios ocupados por las temidas Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares, una de las dos principales partes beligerantes.

En las zonas bajo su control, y en menor medida en las que controla el ejército regular, se han producido todo tipo de atrocidades: campañas de limpieza étnica, matanzas, uso de niños soldado, detenciones por perfil étnico, torturas, quema de pueblos, saqueos. En este contexto, la violencia sexual está siendo una de las formas más extendidas para sembrar el terror entre la población civil, aunque también una de las más difíciles de documentar.

En el caso de las mujeres y las niñas, que son las víctimas principales, las agresiones y la explotación sexual suelen ir acompañadas de otras formas de violencia como secuestros, palizas, torturas, trabajo forzado —cocinar, prestar servicios domésticos y recoger cosechas— y abuso verbal, según han documentado organizaciones de derechos humanos.

“Hasta ahora hemos documentado 194 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto”, señala Sulaima Ishaq, directora de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, afiliada al ministerio de Asuntos Sociales de Sudán. “[Pero sabemos] que es básicamente la punta del iceberg, quizás solo refleje un 2% de lo que realmente ocurre”, desliza. “La situación de las mujeres y las niñas [en Sudán] se deteriora cada día”, lamenta Ishaq. “Están pagando un precio muy alto en esta guerra”.

Infierno en Jartum

Uno de los primeros lugares donde se registraron casos de violencia sexual generalizada fue en las tres ciudades que conforman la capital del país y donde estalló inicialmente la guerra: Jartum, Omdurman y Bahri. Una investigación reciente de Human Rights Watch (HRW), centrada en estas ciudades y apoyada principalmente en proveedores de atención sanitaria, contó un total de 262 supervivientes entre abril de 2023 y febrero de 2024.

La mayoría de casos en la zona de la capital se han atribuido a los paramilitares, que son quienes controlan la mayor parte, y han afectado sobre todo a mujeres y niñas sudanesas, pero también a refugiadas. Según un informe de febrero de la oficina de la ONU para los derechos humanos (ACNUDH), más de la mitad de los incidentes de violencia sexual en Jartum se producen en el interior de residencias, mientras que otros tienen lugar en la calle.

Casi un tercio de los incidentes documentados por HRW fueron violaciones en grupo, en ocasiones de más de una víctima a la vez. Afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores

Casi un tercio de los incidentes compartidos con HRW, ocurridos entre mayo y noviembre del año pasado, fueron violaciones en grupo perpetradas por entre dos y cinco miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido. En algunos casos, además, estas violaciones se cometieron contra más de una víctima a la vez, en ocasiones varias mujeres de la misma familia. Y afectaron desde a niñas de nueve años hasta a mujeres mayores.

Un fenómeno alarmante que está acompañando algunos de estos casos de violencia sexual cometidos por los paramilitares son los matrimonios forzados e infantiles de las víctimas. En algunos casos, las familias se han visto obligadas a aceptarlo por el poder sin control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, o han accedido a hacerlo por desesperación económica o creyendo que protegerían a una mujer o niña de otras futuras violaciones, según HRW.

Aunque la mayoría de casos de violencia sexual en la capital sudanesa han sido cometidos por los paramilitares, otros se han atribuido a soldados del ejército regular. En los últimos meses, los militares han logrado recuperar poco a poco territorio en Omdurman, pero su avance ha ido acompañado de numerosos casos de violencia sexual, según un artículo reciente del medio británico The Guardian basado en más de dos docenas de testimonios.

En muchos de estos casos, que tienden a denunciarse menos por temor a represalias, las mujeres afirmaron que mantener relaciones sexuales con soldados fue su única forma de lograr comida, en un contexto de hambre generalizada. Aun así, Ishaq apunta que el 95% de casos que ha confirmado su unidad fueron perpetrados por los paramilitares.

Aunque menos documentada, la violencia sexual también se ha utilizado contra hombres y niños en Jartum, principalmente en las decenas de centros de detención —muchos de ellos informales— que controlan tanto los paramilitares como el ejército regular en la zona de la capital, según reveló en un informe de finales del año pasado elaborado por un grupo de abogados de derechos humanos sudaneses conocidos como Abogados de Emergencia.

Un miembro de este grupo asegura, en condición de anonimato, que hasta ahora han confirmado seis casos de violación en centros de detención y que han documentado tres: una mujer extranjera a manos de los paramilitares, una niña de 13 años a manos de un grupo aliado del ejército, y un joven trans en un campamento del ejército.

“El uso de la violencia sexual como arma contra las mujeres es sistemático”, afirma por teléfono el mismo abogado, que subraya que, en el caso de los niños y hombres, “la mayoría de los casos de violencia sexual se produce en centros de detención”. “Fuera de estos no hemos documentado ningún caso de violencia sexual contra varones”, explica.

Terror rural

Más allá de la capital y otras grandes ciudades, informes recientes han empezado a arrojar luz sobre el uso sistemático de la violencia sexual por parte de paramilitares también en zonas rurales ocupadas. Allí, la mayor dispersión de la población, las limitaciones de acceso a servicios, la menor organización social, los apagones de internet y una sociedad aún más conservadora hacen mucho más difícil dar a conocer y documentar atrocidades.

Una de las regiones más castigadas hasta ahora ha sido Jazira, al sur de Jartum y ocupada por las Fuerzas de Apoyo Rápido a finales de 2023 en una ofensiva relámpago que empujó hacia otras partes del país a cientos de miles de personas. Una de las únicas instancias en las que Jazira recibió atención internacional fue a principios del pasado junio, cuando un asalto paramilitar sobre la localidad de Wad Al Nora dejó más de un centenar de muertos.

Un informe publicado en julio por la prestigiosa Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África (SIHA) concluyó que la violencia sexual de los paramilitares en Jazira ha sido muy extendida pese a haber recibido poca atención. Al igual que ocurre en la capital, la mayoría de denuncias se corresponden a violaciones en grupo, lo que sugiere una campaña “diseñada para instigar terror” y asegurar el control sobre la población local.

Cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido invaden una aldea, su primera ola de violencia tiene por objetivo asegurar su control, aunque luego mantengan una presencia física escasa o nula, según el informe de SIHA. Al entrar, sus miembros suelen disparar al aire, saquear negocios, y asaltar viviendas en busca de combatientes y soldados del ejército, matando a hombres y ejerciendo violencia sexual contra mujeres y niñas.

Después de esta primera ola inicial de violencia, SIHA señala que parecen producirse otras dos en zonas donde los paramilitares ya se han asegurado un cierto grado de control. En estos casos, la violencia sexual puede ir acompañada de secuestros y de matrimonios forzados y se centra más bien en mujeres concretas, en su mayoría con presencia pública, como personal sanitario y trabajadoras del sector informal, o como represalias selectivas.

Este uso extendido de la violencia sexual, junto al resto de atrocidades, y la persecución selectiva de mujeres presentes en el espacio público propaga el miedo entre los locales muy rápidamente, lo que, según SIHA, permite a los paramilitares someter y asegurarse el control de los lugares rurales que invaden, aunque no estén presentes en todo momento. También les sirve para desincentivar que la gente se reúna y acuda a servicios sanitarios.

“La violencia sexual siembra el terror y creemos que, como las Fuerzas de Apoyo Rápido carecen de capacidad administrativa y están muy interesadas en el saqueo, les interesa el desalojo forzoso [de la población]; vaciar de locales, en la medida de lo posible, las ciudades y los pueblos que están ocupando”, considera Hala Al-Karib, directora regional de SIHA.

Tanto Al Karib como Ishaq apuntan que los mismos patrones de violencia sexual documentados en Jazira se han replicado en otras zonas rurales de Sudán posteriormente ocupadas de forma total o parcial por los paramilitares, como el Estado de Sennar, al sur de Jazira y con frontera con Etiopía y Sudán del Sur.

Esclavitud en Darfur

La violencia sexual ya fue una de las principales armas de guerra de las milicias a las que el régimen del exdictador Omar Al Bashir subcontrató la campaña de contrainsurgencia que dio lugar al genocidio de Darfur de principios de siglo; las mismas que años más tarde se institucionalizaron en las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ahora, en la guerra civil en curso, estos mismos crímenes se están cometiendo a escala mucho mayor por todo el país.

Un informe de un panel de expertos de la ONU filtrado a finales del año pasado, después de que los paramilitares se hicieran con el control de casi todo Darfur ―su feudo tradicional― ya subrayó que la violencia sexual en la región en el marco de su ofensiva no solo fue generalizada, sino que se intensificó a medida que avanzaba el conflicto. Entre abril y agosto de 2023, observadores locales ya habían registrado 262 violaciones.

El mismo informe, que también señalaba que era muy probable que la cifra de violaciones real fuera mucho más elevada debido a que muchos casos no se denuncian, notó que la falta generalizada de acceso a atención sanitaria en la región, y el miedo al estigma y la marginación por parte de sus propias comunidades dificultan poder hacer un seguimiento más preciso sobre el alcance real de estas violaciones.

En Darfur, las niñas y mujeres corren un riesgo particularmente alto de ser violadas en campos de desplazados internos, mientras huyen en busca de lugares seguros, en puestos de control durante desplazamientos, y en sus propios hogares, según el anterior informe. Además, en Darfur la violencia sexual también tiene un marcado carácter étnico, y las principales víctimas son niñas y mujeres de comunidades locales no árabes.

Ishaq, de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer, explica que ahora tienen también conocimiento de la existencia de mercados en Darfur en los que se está traficando con niñas y mujeres, que en ocasiones son incluso trasladadas a la fuerza fuera de Sudán. En Darfur se lamenta desde hace años la falta de rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población local desde hace dos décadas. Y muchos consideran que esta falta de justicia ha allanado el camino a los crímenes actuales en el resto de Sudán.

“En 2019, cuando el régimen de Al Bashir fue derrocado tras la revolución de Sudán, el Gobierno de transición presionó mucho a la ONU para que pusiera fin a la misión de mantenimiento de la paz conjunta con la Unión Africana [en Darfur], que hasta cierto punto había mantenido mecanismos de observación de los derechos humanos y reducido la capacidad de los [paramilitares] para cometer violaciones extremas”, señala Al Karib.

“Tras la cancelación de la misión a finales de 2020, la violencia en Darfur se exacerbó considerablemente”, agrega la directora de SIHA. “A las Fuerzas de Apoyo Rápido no les importa su imagen; su esencia como institución es dominación, control y desposesión”

Atrapadas y solas

Los combates, las restricciones a la circulación, la destrucción de instalaciones sanitarias, la ocupación de hospitales, los ataques contra personal médico y sociedad civil, el bloqueo de la ayuda humanitaria y los saqueos, sumados al estigma social entorno a la salud sexual y reproductiva, forman una barrera de obstáculos muy difícil de sortear para que las víctimas puedan acceder a atención sanitaria de emergencia y a apoyo psicosocial.

Las consecuencias para las víctimas son muy profundas. HRW se ha hecho eco de casos de infecciones de transmisión sexual y hemorragias vaginales, hematomas y otras lesiones provocadas durante las violaciones que, en al menos cuatro ocasiones, causaron la muerte de la víctima. Muchas han quedado embarazas después de no haber podido acceder a una anticoncepción de emergencia ni al aborto. Y las supervivientes presentan síntomas de estrés postraumático, depresión, miedo, insomnio, ansiedad y pensamientos suicidas.

“La gente está atrapada. Todos lo estamos de diferentes maneras, y esto está afectando la forma en que realmente se pueden gestionar los casos [de violencia sexual]: encontrar apoyo a la salud y apoyo social”, nota Ishaq.

En paralelo a la violencia sexual perpetrada por las partes beligerantes, el rosario de crisis que atraviesa Sudán también ha incrementado de forma preocupante el riesgo de sufrir violencia marchista en el ámbito doméstico. En esta línea, se estima que unas 6,5 millones de mujeres podrían padecer este tipo de violencia, de acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, que cuenta con unos 60 espacios seguros de prevención y respuesta.

Organizaciones feministas y de derechos humanos señalan que desde el exterior de Sudán se puede contribuir a afrontar esta lacra de violencia sexual con mayores ayudas a grupos que estén documentando estos crímenes y a establecer puntos de servicios y centros de atención, incluidas clínicas, dentro del país, para registrar casos y atender a las víctimas. HRW, por su parte, pide a la ONU y a la Unión Africana que formen una nueva misión de protección de civiles en Sudán cuyo mandato incluya atajar la violencia sexual. “El mundo debe mirarnos con una mirada humanitaria y no olvidarnos. No se olviden de Sudán”, reclama Ishaq.

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El misterio de las mariposas que aparecieron al otro lado del Atlántico

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Reconstrucción de los 10 años de investigaciones que han demostrado el insólito vuelo transoceánico de tres ejemplares de ‘Vanessa cardui’, desde África a la Guayana Francesa, en un viaje de 4.200 kilómetros

Barcelona.-En octubre de 2013, Gerard Talavera, investigador del Instituto Botánico de Barcelona, encontró tres ejemplares de mariposa cardera (Vanessa cardui) en una playa de la Guayana Francesa, en Sudamérica. Este era un hallazgo sorprendente, pues este lepidóptero denominado así por alimentarse principalmente de cardos está presente en Europa, África, Asia y Norteamérica, en casi todo el planeta, salvo en Australia, la Antártida y el continente suramericano. ¿Cómo habían llegado estas mariposas hasta la Guayana francesa? “Tenían las alas bastante dañadas y se encontraban en la arena sin poder volar”, recuerda Talavera de aquel momento especial en el que empezó una investigación de más de 10 años por todo el mundo hasta conseguir reconstruir el increíble viaje de estos insectos a través del océano Atlántico, un trabajo publicado este verano en la revista Nature.

Por cercanía, la alternativa más lógica sería que hubieran llegado a la Guayana Francesa desde Norteamérica, sobrevolando Centroamérica y sus selvas tropicales o por el mar del Caribe. Sin embargo, para el entomólogo catalán, esta mariposa común de entre 5 y 9 centímetros de envergadura, con alas de color marrón, naranja, negro y blanco, era ya una vieja conocida y tenía una explicación algo más radical para su misterioso viaje: que hubieran salido de África. Un año antes, Talavera junto con otro investigador del CSIC, Roger Vila, habían lanzado la hipótesis de que la Vanessa cardui migraba cada año desde nuestro continente, Europa, hasta África subsahariana. Esta idea parecía increíble pues supondría que este pequeño insecto alado debería atravesar el desierto del Sáhara, pero fue confirmada en 2016. “La cardera hace un circuito migratorio multigeneracional, es decir, cada mes una nueva generación de mariposas reemplaza a la anterior (los ejemplares adultos viven entre tres y cinco semanas) y van haciendo escalas. Así, cada año recorren 15.000 kilómetros de distancia entre Escandinavia y el ecuador africano”, resume Vila.

Lo primero que hizo Talavera al regresar de viaje fue estudiar los vientos que habían soplado en la zona de forma previa al hallazgo de los lepidópteros. Con la ayuda del investigador predoctoral Eric Toro Delgado y, durante los siguientes años, lograron desarrollar varios modelos complejos que combinaban la circulación de los vientos con la capacidad fisiológica de las mariposas. Así, pudieron reconstruir la trayectoria de las corrientes de aire gracias al programa informático HYSPLIT, perteneciente a la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los EE UU (NOAA). “Los resultados mostraron que en las horas anteriores a la observación de las mariposas en la Guayana Francesa, las corrientes de aire tenían su origen en la costa africana, a la altura de Mauritania y Senegal. Esto era así de consistente en toda la capa altitudinal, desde los 500 hasta los 2.000 metros. Y la velocidad media de estos vientos era de 27 kilómetros por hora”, resume Toro Delgado.

“Ya conocíamos que las carderas pueden llegar a volar a esa altitud cuando migran. Aprovecharon los vientos alisios, los mismos que utilizó Cristóbal Colón para llegar a América”, apunta Vila. Sin embargo, aunque hubieran demostrado que el viento soplaba a favor de su alocada teoría del vuelo transatlántico, esto no era un argumento suficiente como para dar por hecho que los tres especímenes de la Guayana Francesa hubieran protagonizado semejante hazaña. Alguien las podría haber comprado por Internet y haberlas dejado allí. ¿Cómo demostrar que habían viajado desde África?

Para seguir colocando piezas del puzle, recurrieron a la genética. Su siguiente paso fue comparar genéticamente esos tres individuos con otros presentes en otras partes del mundo. Para ello, durante tres años tuvieron que recoger especímenes de Vanessa cardui en más de 30 países (EE UU, México, Canadá, Hawái, Senegal, Benín, Costa de Marfil, Malasia, Japón, entre otros) hasta lograr secuenciar el ADN de 1.200 muestras. El trabajo de secuenciación del genoma de estas poblaciones se llevó a cabo en el laboratorio molecular dirigido por la prestigiosa bióloga y entomóloga Naomi Pierce, en la Universidad de Harvard (EE UU), y los análisis posteriores se realizaron en Barcelona. “En 2018 tuvimos listos los resultados genéticos y lo que encontramos fue que los especímenes de la Guayana Francesa pertenecían a la población que migra entre Europa y África”, sentencia Talavera.

La corazonada de África empezaba a ser una opción seria, pero todavía quedaban cabos sueltos para demostrar un viaje que cruzaba un océano. Cabía otra posibilidad. ¿Podía ser posible que fueran descendientes de otras mariposas que hubieran realizado ese recorrido, pero en un momento anterior en el pasado? Para demostrar que los tres ejemplares de la Guayana Francesa habían cruzado ellos mismos el océano Atlántico, los investigadores tuvieron que desarrollar una tecnología propia para rastrear posibles fragmentos de polen en estos especímenes.

Las tres mariposas metidas en sobres individuales fueron enviadas el Instituto de Botánica W. Szafer, en Cracovia (Polonia), al laboratorio del investigador Tomasz Suchan, especializado en filogenética y filogeografía. Nunca antes se había secuenciado el ADN del polen de mariposas migrantes mediante la técnica del metabarcoding. Pero, como cuenta Gerard Talavera, los tres especímenes estaban en manos de un “auténtico mago del laboratorio”. La primera buena noticia fue que los individuos iban cargados de polen, a pesar del “largo periplo que hipotéticamente habían ejecutado“. La segunda es que ese polen también señalaba a África. “Descubrimos varias plantas africanas. La especie más abundante que encontramos fue la Guiera senegalensis, y después la Ziziphus spina-christi, dos arbustos que están restringidos a la zona subsahariana y que no se encuentran en otro lugar del mundo”, explica Suchan. “Son especies que florecen entre septiembre y noviembre, en Senegal, Benín, Costa de Marfil, etc. Justo en la zona y la época en la que tuvieron que salir rumbo a Sudamérica”, apostilla Roger Vila.

Las piezas del puzle encajaban, pero todavía quedaba algún que otro enigma por resolver. ¿Dónde habían nacido las mariposas de la playa de la Guayana Francesa: en África o en Europa? Las pesquisas prosiguieron en Canadá, entre 2018 y 2023, donde los especialistas en geolocalización isotópica Clement Bataille y Megan Reich, de la Universidad de Ottawa, realizaron un hallazgo realmente sorprendente analizando algo muy pequeño: los isótopos de hidrógeno y de estroncio presentes en las alas de las mariposas. “Cuando una oruga se alimenta de su planta huésped, la composición de los isótopos de la que está formada se incorpora al tejido de la oruga, y cuando la mariposa resultante emerge de su crisálida, esta composición isotópica se conserva en las alas”, expone Reich. “Las alas de las mariposas preservan la firma química del lugar donde nacieron. Los resultados que obtuvimos nos indican que el origen de las tres mariposas examinadas correspondía con la zona de Francia, España y Portugal”, concluye Bataille.

Gerard Talavera (izquierda) y Roger Vila (derecha) recolectando mariposas en Benín Martial Kiki

Gerard y su equipo de colaboradores ya podían afirmar haber demostrado por primera vez el viaje transatlántico de la Vanessa cardui. Al menos estos tres especímenes habían recorrido 4.200 kilómetros partiendo de la costa africana entre el Sáhara Occidental y Senegal hasta llegar a la Guayana Francesa. Lejos de llegar a un final, la comprobación de un viaje tan alucinante abría infinidad de nuevos interrogantes. ¿Cómo es un vuelo transoceánico así para una mariposa? Los investigadores sabían que los lepidópteros cuentan con sistemas de orientación que les permiten identificar tanto el norte magnético como la posición del sol según la hora del día. “Debieron de combinar momentos de vuelo activo con otros de batir las alas lo justo para mantenerse en el aire”, apunta Talavera.

Aunque no hayan visto volar a las mariposas en mitad del océano, los investigadores han calculado incluso los modelos energéticos que muestran el coste de la energía de la mariposa y la distancia que pude cubrir. “Sin la ayuda del viento, las mariposas solo podrían haber cubierto 780 kilómetros. Estimamos que pudieron tardar entre 5 y 8 días en hacer el viaje. Aunque lo más destacable es que se produjeron unos vientos particularmente favorables”, asegura Toro Delgado. Pasados 10 años, los científicos han podido resolver el gran misterio de las mariposas Vanessa cardui aparecidas al otro lado del océano, aunque siguen siendo muchas las preguntas. ¿Hasta qué punto ha sido una casualidad? ¿Este tipo de viajes son más habituales de lo que pensamos? ¿Cómo puede afectar a un ecosistema la llegada de insectos migrantes transmisores de virus y bacterias?

elpais.com

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