«Somos la región más desigual y la más violenta del mundo» para la infancia, denuncia con énfasis la activista y defensora de derechos humanos al recordar que 2 de cada 3 niños son víctimas de violencia en sus hogares o lugares de convivencia y que 1 de cada 4 es asesinado, a pesar de que no existe ningún conflicto tradicional.

Durante una visita oficial a Guatemala, Perceval recibe a Efe en las oficinas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, un encuentro en el que aboga porque los estados y la sociedad trabajen juntos para velar por los derechos de la infancia, reconociendo, como primer paso, esta situación.

Aunque el Estado es responsable de garantizar los derechos de todos los habitantes, también de los niños, la directora regional de Unicef hace un llamamiento a la sociedad para que no mire «para otro lado»: «Tenemos que comprometernos con una cultura de no discriminación, del reconocimiento del otro, de la no violencia».

«Vivimos en democracias, por supuesto hay que hacerlas mejores (…), pero estas democracias electorales, estas democracias institucionales tienen el enorme desafío de ser democracias democratizadas», es decir, de ser las que «no toleran y trabajan» para alcanzar el bienestar de los más pequeños.

Es así como recuerda que ya no es tiempo de «avergonzarse», sino de «hacerse cargo» de la coyuntura para poner fin a estas cifras que demuestran que «la discriminación, la exclusión, la estigmatización y la violencia» siguen: 7 de cada 10 niños con discapacidad no asisten a la escuela.

Es más, 3,2 millones de infantes en América Latina no tienen registro de identidad, una situación que también se repetía, en Guatemala, por ejemplo, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde el 8 de marzo un incendio mató a 41 niñas que intentaban protestar por las continuas agresiones físicas y sexuales.

Al rememorar ese «trágico evento», que «duele y conmueve», Perceval admite que sino se promueve un cambio se puede llegar a repetir, pues al igual que en toda América Latina hay «un mapa común» de «deudas sociales, negación de derechos, negligencias e indiferencias, discriminación y exclusiones».

Pero para trabajar por ese «nunca más», que «no es para siempre» sino se construye de una forma sólida y desde abajo, es necesario también atender a los 150.000 niños que hay institucionalizados y que, «en su absoluta y total mayoría», no deberían estar en esa situación, pues ésta tendría que ser «la última medida».

Hay que luchar para no volver «a trazar una huella profunda de violencia, horror y sufrimiento» -insiste- y, en este sentido, es ineludible la necesidad de crear presupuestos suficientes y eficientes, de generar prácticas institucionales adecuadas y de provocar un cambio de cultura social.

«Que en vez del odio al otro (la sociedad) empiece a asumir que los derechos no son privilegios de unos pocos, sino que los derechos humanos son el nunca más a la cultura del privilegio, la cultura y la impunidad», resume.

Y es así como reitera que «es imperioso en América Latina» que se piense seriamente y se actúe consecuentemente «para asumir y cambiar el hecho de que la violencia en nuestra región no solo es un flagelo, es un escándalo».