Nacionales
Legisladores rechazan límite a exoneraciones en Presupuesto 2018
SANTO DOMINGO. El proyecto de Ley de Presupuesto General del 2018 será modificado a fin de complacer algunos pedimentos de los legisladores, entre ellos la eliminación de un artículo que fijaba un tope para las exoneraciones que reciben los miembros del Congreso para la importación de vehículos.
Durante la sesión de trabajo de la comisión bicameral que estudia la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo se acordó borrar el artículo 16 del documento, el cual ponía un límite de US$100,000, unos RD$4.7 millones, en el precio de los vehículos de motor para beneficiar a los legisladores.
Dicho artículo también establece la suspensión de “las exoneraciones a las instituciones del Estado, salvo por razones de emergencia, por seguridad nacional y/o por causas de fuerza mayor”.
Según el director de Presupuesto, Luis Reyes, quien participó de la reunión con los legisladores, “el artículo que nosotros pusimos ahí, si bien tenía una buena intención, tengo que reconocer que debería abarcar más”.
Para el funcionario, debe ser a través de una normativa especial, que desde hace varios años ha dado vueltas en el Congreso, como se regule el tema de las exoneraciones que benefician a los legisladores.
“Nosotros contemplamos por iniciativa del (Poder) Ejecutivo hacer una enmienda y dentro de esa enmienda contemplar una modificación de esa petición”, subrayó Reyes, al término de la reunión. El funcionario aclaró que uno de los motivos de fijar un tope en las exenciones de impuestos a los vehículos importados han sido las operaciones que se han llevado a cabo para beneficiar a terceros.
Defienden exoneraciones
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, consideró que las exoneraciones son “un derecho adquirido” de los legisladores por mandato de ley, por lo que se opuso a la fijación del tope. Propuso que se les entreguen vehículos para realizar sus funciones representativas. “No me pidas que vote por un Presupuesto, y que lo haga con gusto cuando tú me estás limitando derechos adquiridos”, reclamó .
Mientras el vocero del PRD, Radhamés González, afirmó que un vehículo que exonerado al Estado le sale en US$40,000, podría salir al doble del precio en el mercado. Dijo estar de acuerdo con que se quiten las exoneraciones, pero que les asignen un vehículo al igual que a cualquier funcionario.
“El Estado no va a andar en bicicleta, las instituciones del Estado tienen que andar en vehículos”.
El senador de Pedernales y presidente de la comisión bicameral, Dionis Sánchez, explicó que acordaron con el director de Presupuesto, Luis Reyes, una adenda para “corregir algunas cosas”, así como “pequeñas modificaciones” de algunos montos que no estaban correctos. Además, dijo que la comisión reiteró la intención de que se aumente el presupuesto a la Cámara de Cuentas y la Defensoría Pública, las cuales han reclamado mayores ingresos para mejorar su rendimiento. Aunque el titular de la Dirección de Presupuesto no especificó si el incremento de las partidas a estas dos instituciones se aplicaría de inmediato, aseguró que para la reunión con los legisladores que se celebrará la próxima semana se tendría la respuesta.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.