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Legisladores rechazan límite a exoneraciones en Presupuesto 2018
SANTO DOMINGO. El proyecto de Ley de Presupuesto General del 2018 será modificado a fin de complacer algunos pedimentos de los legisladores, entre ellos la eliminación de un artículo que fijaba un tope para las exoneraciones que reciben los miembros del Congreso para la importación de vehículos.
Durante la sesión de trabajo de la comisión bicameral que estudia la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo se acordó borrar el artículo 16 del documento, el cual ponía un límite de US$100,000, unos RD$4.7 millones, en el precio de los vehículos de motor para beneficiar a los legisladores.
Dicho artículo también establece la suspensión de “las exoneraciones a las instituciones del Estado, salvo por razones de emergencia, por seguridad nacional y/o por causas de fuerza mayor”.
Según el director de Presupuesto, Luis Reyes, quien participó de la reunión con los legisladores, “el artículo que nosotros pusimos ahí, si bien tenía una buena intención, tengo que reconocer que debería abarcar más”.
Para el funcionario, debe ser a través de una normativa especial, que desde hace varios años ha dado vueltas en el Congreso, como se regule el tema de las exoneraciones que benefician a los legisladores.
“Nosotros contemplamos por iniciativa del (Poder) Ejecutivo hacer una enmienda y dentro de esa enmienda contemplar una modificación de esa petición”, subrayó Reyes, al término de la reunión. El funcionario aclaró que uno de los motivos de fijar un tope en las exenciones de impuestos a los vehículos importados han sido las operaciones que se han llevado a cabo para beneficiar a terceros.
Defienden exoneraciones
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Elpidio Báez, consideró que las exoneraciones son “un derecho adquirido” de los legisladores por mandato de ley, por lo que se opuso a la fijación del tope. Propuso que se les entreguen vehículos para realizar sus funciones representativas. “No me pidas que vote por un Presupuesto, y que lo haga con gusto cuando tú me estás limitando derechos adquiridos”, reclamó .
Mientras el vocero del PRD, Radhamés González, afirmó que un vehículo que exonerado al Estado le sale en US$40,000, podría salir al doble del precio en el mercado. Dijo estar de acuerdo con que se quiten las exoneraciones, pero que les asignen un vehículo al igual que a cualquier funcionario.
“El Estado no va a andar en bicicleta, las instituciones del Estado tienen que andar en vehículos”.
El senador de Pedernales y presidente de la comisión bicameral, Dionis Sánchez, explicó que acordaron con el director de Presupuesto, Luis Reyes, una adenda para “corregir algunas cosas”, así como “pequeñas modificaciones” de algunos montos que no estaban correctos. Además, dijo que la comisión reiteró la intención de que se aumente el presupuesto a la Cámara de Cuentas y la Defensoría Pública, las cuales han reclamado mayores ingresos para mejorar su rendimiento. Aunque el titular de la Dirección de Presupuesto no especificó si el incremento de las partidas a estas dos instituciones se aplicaría de inmediato, aseguró que para la reunión con los legisladores que se celebrará la próxima semana se tendría la respuesta.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.