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Con el fin de estudiar el Código Penal legisladores se retiran 4 días a «un hotel en Bayahibe.
Santo Domingo, RD.-Un retiro de cuatro días en un hotel de Bayahibe con el fin de consensuar el proyecto de ley del Código Penal, harán los legisladores miembros de la comisión bicameral que tiene a su cargo el estudio de la pieza legislativa
Según varios legisladores, el retiro a un hotel no significa que “se van divertir”, sino que es un método para concentrarse y dedicarse exclusivamente a los trabajos para consensuar el Código Penal.
El diputado Alexis Jiménez, vicepresidente de la comisión bicameral, fue más allá y aseguró que la Cámara de Diputados no permitió que los legisladores lleven a sus esposas ni hijos.
“Allá vamos a trabajar. La Cámara ha sido tan exigente que no va a pagar ni a esposas ni hijos. Legislador que quiera llevarlos tiene que pagarlo y nosotros nos vamos a ausentar es a trabajar”, indicó.
Jiménez también dijo que se puede “malinterpretar” su retiro a un hotel en el interior, pero que los cuatro días que permanecerán allá será únicamente para trabajar la pieza legislativa.
“Tenemos muchos compromisos y distracciones cuando estamos aquí en el Congreso, por ende el retiro es una forma de tener mayor concentración y centrarnos exclusivamente al estudio de la pieza”, alegó.
La comisión bicameral ha logrado aprobar hasta la fecha poco más de 130 artículos del proyecto de ley de Código Penal, compuesto por más de 400.
Sin embargo, además de los que faltan por conocer, los legisladores han dejado sobre la mesa unos 15 artículos por diferencias u oposiciones de más de tres congresistas.
“Cada artículo que ha generado un debate o posiciones encontradas de más de tres legisladores ha sido decidido dejar sobre la mesa. Entonces se aplaza la discusión, se avanza y se van aprobando artículos con los cuales no hay conflicto”, explicó el diputado José Horacio Rodríguez.
El legislador representante de Alianza País consideró que los cuatro días del retiro “no serán suficientes” para finalizar el estudio de la pieza legislativa, más allá de la voluntad que tiene la comisión bicameral.
“A sinceridad creo que no será tiempo suficiente, porque han quedado muchos artículos sobre la mesa, incluso algunos que se consideraban que no iban a generar debates o conflictos. No creo que de tiempo. La voluntad con la que se va es terminar, pero si se debaten a profundidad puede que no de tiempo”, expresó Rodríguez.
Quien sí se mostró esperanzado de concluir los estudios en estos cuatro días de la pieza legislativa fue el diputado Omar Fernández, que recordó cuando la Cámara de Diputados hizo algo similar un año atrás.
“Iremos al interior del país a encerrarnos solo a trabajar el Código Penal. La última vez que lo hicimos se avanzó bastante, hace ya casi un año. Tengo la esperanza de que para el domingo tendremos un Código Penal consensuado. De no tenerlo, estoy seguro que lo que quedará por discutir serían varios artículos que en una o dos reuniones más se podrá terminar”, afirmó.
De acuerdo a la agenda de la Cámara de Diputados, los legisladores se hospedarán en el Hotel Hilton Bayahíbe, provincia La Altagracia.
La comisión está compuesta por los senadores Santiago Zorrilla (presidente), Antonio Taveras, Yván Lorenzo, Dionis Sánchez, Faride Raful, Franklin Romero, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano.
Mientras que los diputados son Alexis Jiménez (vicepresidente), Darío Zapata, Elías Wessin, Eugenio Cedeño, Fior Daliza Peguero, Jesús Manuel Sánchez, José Horacio Rodríguez, Luis Sánchez, Mateo Evangelista, Omar Fernández, Pedro Botello, Plutarco Pérez, Rafael Alburquerque, Ramón Martínez, Sadoky Duarte, Santiago Vilorio, Víctor Fadul y Víctor Suarez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.