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Consideran Hugo Beras actuó con responsabilidad al solicitar licencia
Santo Domingo, R.D.-Hugo Beras actuó con responsabilidad consideraron legisladores cuando opinaron sobre la decision del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de solicitar este jueves al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, hasta tanto se aclare el tema de la licitación del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo.
«Su actitud es muy responsable y muy personal de él. Eso significa que él está claro de la situación y lo importante es que todo se esclarezca», expresó el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.
El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’ Aza, también vio una acción de responsabilidad por parte de Beras a raíz de las nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico.
En tanto, Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) precisó que el director del Intrant es un hombre muy capaz. Cree que su criterio de responsabilidad es muy alto, a la luz de los cuestionamientos mediáticos.
«Esperamos que se reintegre lo más pronto posible«, animó dijo Cruz.
Sin embargo, el diputado por Santo Domingo Este del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Henríquez, consideró que el presidente Luis Abinader debió remover a Beras, al igual como lo hizo con los directores del Acuario Nacional y del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).
En una nota de prensa, que acompañó con un video, Beras informó más temprano que «las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República Luis Abinader».
Dijo que su decisión busca dijo que busca facilitar la investigación de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Beras informó que previo a la solicitud de licencia, depositó este jueves ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por ante ese mismo órgano el 3 de noviembre del 2023.
De esta forma, la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la DGCP, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de la empresa Transcor Latam, quien resultó adjudicataria de la licitación No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, del proceso de «Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo».
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.