Nacionales
Con participación internacional Leonel solicita auditoría a JCE.
Los representantes del exmandatario, Rubén Maldonado y Fernando Fernández, también solicitaron que de forma inmediata la JCE ordene la retención, resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos (Hardware) y el sistema operativo (software), contratados por ese órgano electoral mediante la licitación de referencia JCE-CCC-LPI-01-2019, adquiridos a la empresa Digiworld, S.R.L.
Además, demandaron la retención de los equipos utilizados en el proceso, aún si estos no hubiesen sido obtenidos mediante el concurso de la JCE, con el objetivo de garantizar la integridad absoluta de los aparatos, estableciendo, por igual, la correspondiente custodia a cargo de la OEA, Unión Europea y la Embajada estadounidense.
Entre las peticiones figuran 11,000 equipos para identificación de electores; 11,000 aparatos para votación automatizada; 11,000 impresoras técnicas de recibo tipo punto de ventas; 11,000 lectores de código de barras/QR; 11,000 inversores portátiles; máquinas de transmisión de data, todas las llaves de autorización utilizadas o teléfonos, y los USB utilizados en el proceso de votación.
“Que dichos equipos sean asegurados, precintados y resguardados en presencia de nuestros delegados político y técnico, respectivamente, hasta tanto los mismos puedan ser auditados en la forma y cantidad que sea ordenado por la comisión técnica integrada por las entidades indicadas en el ordinal primero de esta instancia”, explican los documentos al que tuvo acceso Listín Diario.
También se solicitó la presencia constante de un representante de los delegados político y técnico de Fernández ante la JCE dentro del espacio donde los equipos serán resguardados, con la finalidad de asegurar que los mismos no sean manipulados o alterados durante el proceso previo a la auditoría solicitada.
Además, que sean entregadas las actas comprobatorias del 20% de los centros electorales en los cuales fue ordenado y alegadamente ejecutado el conteo físico de los votos emitidos.
El aspirante a la presidencia de la República Dominicana, Leonel Fernández, se reunió la tarde de ayer con más del 90% de los embajadores y representantes diplomáticos acreditados en República Dominicana, a quien les presentó las supuestas irregularidades encontradas en el proceso de elecciones primarias realizadas el pasado domingo.
“Nuestro líder le presentó una serie de puntos sobre aspectos que son claramente palpables sobre el fraude cometido hacia su persona y que los embajadores y representantes escucharon tranquilamente y tomaron sus notas de lugar”, informó el ex ministro de la Juventud, Franklin Rodríguez.
Dijo que tuvieron una conversación constructiva, en la que también participaron Franklin Almeyda Rancier, Roberto Rosario, Rubén Maldonado y Juárez Castillo.
Explicó que todas las evidencias presentadas por el equipo de Leonel Fernández demuestran que fraude colosal en contra de la institucionalidad y la democracia en República Dominicana.
El expresidente Leonel Fernández junto a Juárez Castillo y Fernando Fernández por cadena de radio y televisión.
Destacó las publicaciones hechas por el periódico LISTÍN DIARIO, en las que muestra una disparidad enorme con respecto a la cantidad de votantes inscritos y cantidad de votos emitidos. “Tenemos unos 20 Distritos Municipales, en los cuales la cantidad de votos superan los inscritos en cada uno”, aseguró.
A los fines de iniciar los procesos legales, los delegados técnicos y políticos del expresidente Fernández visitaron la JCE para iniciar los pasos hacia la impugnación.
Solicitudes Los delegados políticos y técnicos del expresidente Fernández demandaron que las 7,372 mesas electorales contentivas de las urnas durante las primarias sean aseguradas, precintadas y resguardadas hasta tanto sean auditadas. Precaución También solicitaron que se restrinja el acceso a toda persona a las instalaciones técnicas, cuartos de servidores y cualquier otra dependencia de la Junta Central Electoral, hasta tanto sea iniciado el proceso de la auditoría solicitada a ese órgano electoral.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.