La nueva Ley de Comunicación ecuatoriana prohíbe la concentración de medios en personas naturales y jurídicas, así como impulsa que los medios den prioridad a la producción nacional, especialmente a productores independientes.
Ley tendrá plena vigencia en noventa días, tras su promulgación (Foto: Andes)
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, remitió este martes al Ejecutivo la Ley de Comunicación aprobada recientemente en el Parlamento, para que la administración del presidente Rafael Correa proceda a promulgarla y , justo noventa días después, la norma entre en vigencia.
El proyecto fue aprobado el pasado viernes, y en la mayoría de los títulos obtuvo 108 votos, a excepción de los títulos V y VI que tuvieron 110 votos. EL gran respaldo parlamentario fue calificado como histórico, tomando en cuenta que la norma fue objeto de debate durante los últimos cuatro años.
De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley tendrá plena vigencia en noventa días, una vez que el Ejecutivo se pronuncie y oficialice la designación del Superintendente y los miembros del Consejo de Desarrollo, así como la expedición del reglamento.
La legislación tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. Asimismo, busca también consagrar una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión.
En este último particular, la normativa prohíbe la concentración de medios en personas naturales y jurídicas, así como impulsa que los medios masivos den prioridad a la producción nacional, especialmente a los productores independientes.
Adicionalmente, la Ley garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad de información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
También defiende la prohibición de censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a la rectificación y a la réplica, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y la creación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.
El instrumento jurídico incluye, además, temas relacionados con el linchamiento mediático, la creación de una Superintendencia de Información y Comunicación que se encargará de regule el trabajo del Consejo, respecto a las sanciones por incumplimiento de la Ley.
Por otra parte, la Ley “no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet”. Dicha disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.
La aprobación de la norma da cumplimiento a un mandato constitucional y popular que se viene realizando en Ecuador desde la llegada del presidente Correa al poder, en el año 2007, y que se acrecentó tras los resultados de los comicios presidenciales del pasado 17 de octubre.
En la Constitución vigente, aprobada en 2008, se ordenó al Legislativo la redacción de esta normativa, pero los bloqueos y obstáculo interpuestos por la oposición y grandes grupos mediáticos locales habían imposibilitado el cumplimiento de este mandato.
El reglamento ha sido rechazado por la mayoría de medios privados del país y de los gremios de prensa, a los que el Gobierno acusa de estar politizados y de haber sustituido a la oposición.