Nacionales
Presentan recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1-24
Santo Domingo.- Fue presentada este lunes una acción de inconstitucionalidad por parte del candidato presidencial Carlos Peña en contra la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), una norma que diferentes sectores temen que pueda tener consecuencias en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
Otros colectivos como el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), la Fundación Periodismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Fundación Periodismo advirtieron sobre el peligro que, a su juicio, ofrece esta legislación.
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Peña, del Partido Generación de Servidores, GenS, presentó su recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se declare no conforme a la Carta Magna y, por tanto, se considere nula de pleno derecho y se revoque por completo.
En esta acción de inconstitucional también se solicita que se anule cualquier acto y disposiciones conexas derivadas de la aplicabilidad y ejecución de la Ley 1-24, así como la suspensión inmediata de la ejecución de la misma, al menos con carácter provisional, hasta que el Tribunal Constitucional conozca el asunto con carácter definitivo.
EXPLICA MOTIVOS DEL RECURSO
En declaraciones a los medios, Peña dijo que se presenta esta acción para evitar prácticas que «entendíamos ya superadas, como lo es el espionaje, el caliesaje vulgar y la represión institucionalizada para limitar la libre expresión».
Calificó la ley de «atropello a toda la privacidad, a la dignidad que nuestra Carta Magna consagra debe protegerse», por lo que, subrayó, «nos convertimos en el primer partido en presentar una acción de inconstitucionalidad para proteger los derechos de los dominicanos».
ADOCCO TAMBIEN RECHAZA NORMATIVA
Previamente, este domingo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) rechazó esta normativa al entender que la misma podría tener la interpretación y aplicación que el Gobierno quiera darle, violando los derechos fundamentales de las personas.
ATRIBUCIONES QUE TENDRÍA LA NUEVA ENTIDAD
Entre las atribuciones de la Dirección Nacional de Inteligencia está poder investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones que «atente» contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
FUNDACION DICE LEY ATENTA CONTRA DEMOCRACIA
La Fundación Periodismo advirtió acerca de los riesgos que para la ciudadanía y el sistema democrático que vive República Dominicana representa la referida legislación.
Afirma que es peligroso dejar en manos de una entidad controlada por el Poder Ejecutivo, en un país de instituciones «débiles» y donde todo «se politiza», el derecho de decidir y actuar contra quienes se considere estarían conspirando contra la llamada seguridad nacional.
“La ley 1-24 es atentatoria al ejercicio de los derechos civiles y políticos que garantiza la propia democracia, por lo que en su esencia representa el riesgo de que volvamos a trillar caminos que este país superó a base de sangre, dolor y luto”, sostiene la entidad en documento de prensa.
Indica que es deber de todos los dominicanos enfrentar y evitar a toda costa cualquier intento favorable al resurgimiento de prácticas dictatoriales, que se justifiquen en una supuesta defensa de la seguridad nacional.
an-am
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.