Editorial
Leyes del Régimen Electoral, un reflejo del ADN de los dominicanos.
No se entiende que el Congreso Nacional se abocara a discutir y aprobar con una gran deficiencia las leyes del régimen electoral.
Las normas jurídicas en esta materia se han constituido en un símbolo de la ilegalidad que afecta todo el sistema legal de la República Dominicana.
No se trata sólo de las leyes 15-19 y la 33-18, sino de muchas otras legislaciones que violan la Constitución de la República y que en consecuencia penden de que cualquier abogado o ciudadano someta un recurso director de inconstitucionalidad.
Hasta ahora son varios los artículos anulados de estas leyes que conforman el régimen electoral de la República Dominicana, las cuales representan una cuestión vital de la democracia nacional, ya que involucra un aspecto fundamental del derecho constitucional, como es el de elegir y ser elegible.
Pero este problema, el cual proyecta lo que muy bien se podría definir como el ADN de los dominicanos, cuyas principales características son la improvisación y por consiguiente la falta de planificación, significa lo mal que está el país institucionalmente hablando.
Estas cosas provocan mucha tensión e incertidumbre entre los ciudadanos dominicanos, ya que podría constituirse en un revés muy peligroso en contra de un sistema democrático lleno de falencias y debilidades institucionales.
En los actuales momentos el país observa que las leyes 15-19 y la 33-18 pasan por una serie de cuestionamientos que no resisten ser un instrumento eficiente y garantista de unas elecciones que están apenas a menos de dos años.
Pero estos asuntos son los de nunca acabar, porque habría que esperar que las modificaciones que introduzca ahora la Cámara de Diputados no puedan provocar una intervención del Tribunal Constitucional, lo cual podría aumentar el retraso y representar una amenaza de muerte para la democracia dominicana.
Se sabe de antemano que las cosas no saldrán como se espera, porque donde predomina la improvisación lo menos que se puede esperar es que se apruebe lo recomendable y constitucionalmente correcto.
De cualquier modo, si todo lo incorrecto e improvisado forma parte del ADN de los dominicanos, entonces sería un sueño buscar que las cosas sean como nunca antes han ocurrido.
Por lo pronto, ojalá que los senadores y diputados puedan de una vez y por todas corregir todas las ilegalidades que tienen las leyes del régimen electoral, exactamente así como se oye, aunque sería mucho pedir.
Porque en algún momento tendrá que llegar la oportunidad de corregir todos los entuertos cometidos en el sistema jurídico nacional, ya que antes de la existencia del Tribunal Constitucional habían muchos disparates legales que requieren de su rectificación.
Y aunque las leyes del régimen electoral fueron aprobadas y promulgadas después del año 2010 cuando se crea el Tribunal Constitucional, lo cierto es que son un contundente ejemplo de lo mal que anda la sociedad dominicana.
Se espera que no hayan más dolores de cabeza con errores cometidos por el legislador, solo por complacer intereses políticos y de otros géneros que tienen una gran incidencia en el Congreso Nacional.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana