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Explota otro conflicto en el seno de la Cámara de Cuentas por alegadas arbitrariedades.
Santo Domingo.- Como siempre ocurre un nuevo conflicto ha surgido en el seno de la Cámara de Cuentas, dado que la secretaria y miembro del bufete directivo, Tomasina Tolentino de Mckenzie, denunció en una carta que, supuestamente, el presidente Janel Andrés Ramírez toma decisiones arbitrarias, desconociendo las funciones y opiniones de los demás miembros del órgano auditor.
En una carta dirigida a Ramírez Sánchez con copia a los demás miembros del Pleno, Tolentino de Mckenzie pide ser respetada y considerada en el cargo por el que concursó y fue escogida por el Senado de la República el pasado 15 de abril de 2021.
En la misiva expresa que Ramírez, alegadamente, entorpece el ejercicio de sus funciones como secretaria y que este “se cree la máxima autoridad del organismo”, cuando la Ley 10-04 en su artículo 18 establece que «es el Pleno, integrado por todos miembros».
La contadora pública citó reuniones del 25 de enero, 9, 11 y 22 de febrero, donde supuestamente el presidente de órgano auditor actuó de manera arbitraria.
“Lo delicado es que toma decisiones y da instrucciones unilateralmente e inconsultas a los miembros, afectando la operatividad y contradiciendo órdenes de los coordinadores de comisiones y áreas”, dice Tolentino de Mckenzie en su carta.
Reitera que entre los miembros del Pleno no existe jerarquía y que la función del presidente es coordinar los aspectos técnicos y administrativos de la Cámara, la miembro de la Cámara de Cuentas infirió que las aseveraciones de Ramírez se deben a las disidencias que han presentado algunos miembros, quienes han pedido “mejorar la comunicación y facilitar el ejercicio de sus funciones”.
Enumeró como las causas del problema sus consideraciones y peticiones sobre:
1. Votos disidentes sobre decisiones mayoritarias.
2. Solicitud de realizaciones de un mayor número de sesiones del Pleno.
3. Conocimiento en el pleno de temas sustantivos, no meramente administrativos
4. Conocimiento y decisiones sobre informes de auditorías realizados por el Pleno actual y por los anteriores.
5. Actualización del reglamento de aplicación de la Ley 10-04.
6. Respeto y actualización de coordinación de comisiones.
Finalmente, la funcionaria acotó que realizó la carta y que se vio «en la imperiosa necesidad de depositar esta comunicación a través del área de correspondencia y archivo institucional, ante la información de que su despacho de que usted ha dado orden de no recibir ningún documento, sino que usted personalmente discriminará qué recibe y qué no, hecho inaudito que dificulta, hacer retroceder el trabajo administrativo y que contraviene las prácticas gerenciales modernas».
Antes de ser escogida por el Senado como secretaria de la CCRD, se sabe de la hoja de vida de Tomasina Tolentino de Mckenzie que es contadora pública autorizada con maestrías en universidades como APEC del Instituto Ortega y Gasset de España y el Instituto de Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales (I-GlobalL).
Tiene una amplia trayectoria profesional en el sector público, la cooperación internacional y en auditoría, en la que se destacan los cargos de: directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda, directora administrativa del Tribunal Constitucional.
Ocupó posiciones gerenciales en Proyectos con Financiamiento de la Unión Europea (UE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), además de coordinar proyectos institucionales con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.