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Explota otro conflicto en el seno de la Cámara de Cuentas por alegadas arbitrariedades.
Santo Domingo.- Como siempre ocurre un nuevo conflicto ha surgido en el seno de la Cámara de Cuentas, dado que la secretaria y miembro del bufete directivo, Tomasina Tolentino de Mckenzie, denunció en una carta que, supuestamente, el presidente Janel Andrés Ramírez toma decisiones arbitrarias, desconociendo las funciones y opiniones de los demás miembros del órgano auditor.
En una carta dirigida a Ramírez Sánchez con copia a los demás miembros del Pleno, Tolentino de Mckenzie pide ser respetada y considerada en el cargo por el que concursó y fue escogida por el Senado de la República el pasado 15 de abril de 2021.
En la misiva expresa que Ramírez, alegadamente, entorpece el ejercicio de sus funciones como secretaria y que este “se cree la máxima autoridad del organismo”, cuando la Ley 10-04 en su artículo 18 establece que «es el Pleno, integrado por todos miembros».
La contadora pública citó reuniones del 25 de enero, 9, 11 y 22 de febrero, donde supuestamente el presidente de órgano auditor actuó de manera arbitraria.
“Lo delicado es que toma decisiones y da instrucciones unilateralmente e inconsultas a los miembros, afectando la operatividad y contradiciendo órdenes de los coordinadores de comisiones y áreas”, dice Tolentino de Mckenzie en su carta.
Reitera que entre los miembros del Pleno no existe jerarquía y que la función del presidente es coordinar los aspectos técnicos y administrativos de la Cámara, la miembro de la Cámara de Cuentas infirió que las aseveraciones de Ramírez se deben a las disidencias que han presentado algunos miembros, quienes han pedido “mejorar la comunicación y facilitar el ejercicio de sus funciones”.
Enumeró como las causas del problema sus consideraciones y peticiones sobre:
1. Votos disidentes sobre decisiones mayoritarias.
2. Solicitud de realizaciones de un mayor número de sesiones del Pleno.
3. Conocimiento en el pleno de temas sustantivos, no meramente administrativos
4. Conocimiento y decisiones sobre informes de auditorías realizados por el Pleno actual y por los anteriores.
5. Actualización del reglamento de aplicación de la Ley 10-04.
6. Respeto y actualización de coordinación de comisiones.
Finalmente, la funcionaria acotó que realizó la carta y que se vio «en la imperiosa necesidad de depositar esta comunicación a través del área de correspondencia y archivo institucional, ante la información de que su despacho de que usted ha dado orden de no recibir ningún documento, sino que usted personalmente discriminará qué recibe y qué no, hecho inaudito que dificulta, hacer retroceder el trabajo administrativo y que contraviene las prácticas gerenciales modernas».
Antes de ser escogida por el Senado como secretaria de la CCRD, se sabe de la hoja de vida de Tomasina Tolentino de Mckenzie que es contadora pública autorizada con maestrías en universidades como APEC del Instituto Ortega y Gasset de España y el Instituto de Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales (I-GlobalL).
Tiene una amplia trayectoria profesional en el sector público, la cooperación internacional y en auditoría, en la que se destacan los cargos de: directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Hacienda, directora administrativa del Tribunal Constitucional.
Ocupó posiciones gerenciales en Proyectos con Financiamiento de la Unión Europea (UE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), además de coordinar proyectos institucionales con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.