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A sólo seis días de nuevas elecciones con democracia muy cuestionada.

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Santo Domingo, RD.-La República Dominicana está a sólo seis días de la celebración de unas elecciones municipales extraordinarias muy cuestionadas nacional e internacionalmente tras suspenderse el pasado 16 de febrero sin que todavía se conozca que pasó realmente con un mecanismo tan importante del sistema democrático.

El domingo 16 de febrero, a las 11:11 de la mañana, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, anunció la suspensión de las elecciones y dijo que se iniciarían las investigaciones de lugar para dar con las razones por las cuales las boletas electorales no cargaron en los equipos electrónicos.

En la conferencia de prensa, Castaños Guzmán informó que la noche antes de las elecciones, el sábado 15 de febrero, se habían percatado de problemas en el sistema electrónico, utilizado por primera vez en el país en las elecciones primarias simultáneas del 6 de octubre de 2019 celebradas por el Partido de la Liberación Dominicana (padrón abierto) y el Partido Revolucionario Moderno (padrón cerrado).

Ese día estaban supuestos a votar 7,487,040 de dominicanos en 16,032 colegios electorales ubicados en 158 demarcaciones.

También se tenía planteado la elección de 3,849 cargos correspondientes a Alcaldes, Vice-Alcaldes, Regidores, Suplente de Regidores, Directores Municipales, Sub-Director Municipal y Vocales.

Desde la mañana del 17 de febrero, la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que vino al país a observar los comicios municipales, se reunió con delegados de diferentes partidos políticos (PRM, PLD y la Fuerza del Pueblo), para tratar temas vinculados a la suspensión electoral.

En esa jornada la Junta Central Electoral decidió el día que se celebrarán las elecciones municipales, siendo estas reubicadas para el 15 de marzo, de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La primera protesta se inició el 17 de febrero a las 3:00 de la tarde donde decenas de jóvenes se colocaron con carteles pidiendo la renuncia del pleno de la Junta Central Electoral. Pero ese día solo fue el inicio de semanas de manifestaciones que se intensificaron no solo en la Plaza de la Bandera, locación cerca de la sede principal de la JCE, también en gran parte del país y otras regiones del mundo, donde la población salió a las calles a defender la Constitución y sus derechos de manera pacífica

Paralelamente al diálogo del CES, encabezado por monseñor Agripino Núñez Collado, jóvenes que participaron en las manifestaciones de la Plaza de la Bandera y organizaciones políticas y comunitarias, convocaron a un diálogo alternativo en busca de vincular a la ciudadanía en las decisiones que garanticen unas elecciones justas y transparentes, por considerar que la JCE demostró incapacidad para realizar su trabajo.

 

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SCJ destaca transformación judicial para protección del Estado de Derecho

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Santo Domingo.-Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó que la justicia dominicana está inmersa en un proceso de transformación profundo en busca de la protección del Estado de Derecho y “garantizar una justicia al día, que respete y promueva la dignidad de las personas”.

Al dictar la conferencia “Justicia al día y dignidad de las personas: un compromiso Compartido”, organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en el contexto de la Cátedra “Dr. Manuel Bergés Chupani”, destacó que la independencia de las y los jueces significa que estos deben actuar bajo las normas del Derecho y no bajo presiones externas.

Precisó el magistrado Molina que, en el ordenamiento jurídico de República Dominicana, las juezas y jueces están obligados a seguir un orden jerárquico de normas, donde la Constitución y las leyes tienen prioridad absoluta sobre otras disposiciones de menor rango, lo que garantiza que sus decisiones se basen únicamente en lo que dicta el Derecho.

“Una Justicia eficiente es esencial para el desarrollo institucional y para asegurar que los derechos de las personas sean protegidos, es un pilar clave para atraer inversiones, mejorar la competitividad de nuestro país y fomentar el desarrollo humano en todas sus dimensiones, es decir, para el funcionamiento de la República”, aseguró Henry Molina, quien también preside el Consejo del Poder Judicial. Asimismo, manifestó que, en el camino de alcanzar una justicia al día, mantener la independencia judicial y la confianza en la justicia dominicana han enfrentado grandes desafíos, pero también se han logrado avances significativos.

“Un claro ejemplo es el aumento de la confianza pública en nuestro sistema de justicia, reflejado en nuestro ascenso en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, el país ha subido año tras año, aumentando ocho posiciones en el ranking global; mientras gran parte de los países de la región descienden”, aseguró el magistrado Molina.

Manifestó que la justicia debe ser eficiente y transparente para mantener su legitimidad, por lo que desde el Poder Judicial se esfuerzan en crear una justicia cercana, eficiente y en diálogo con la ciudadanía, pues solo así puede cumplir con su misión esencial de poner en el centro la dignidad humana y proteger los derechos.

En la actividad estuvo presente el juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco y decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la referida universidad. También participaron jueces, juristas, funcionarios (as) del Poder Judicial y estudiantes de la citada casa de altos estudios.

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Cesa prisión domiciliaria para Adán Cáceres

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Santo Domingo, R.D.-Fue levantada la prisión domiciliara en favor del mayor general Adán Cáceres por parte de un tribunal que también le  quitó el grillete electrónico al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Cáceres Silvestre, el principal imputado en el caso de corrupción denominado Coral.

Durante el conocimiento de revision dela medida de coercion, la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez,  ademas le mantuvo la garantia economica que pesa en contra de Cáceres, así como el impedimento de salida.

De acuerdo a la defensa de este imputado, indicó que el tribunal entendió que esta medida era desproporcional y no correspondía con lo que se había “lucidado” en el comportamiento de su defendido.

Cáceres estuvo 18 meses en la cárcel de Najayo-Hombres, pero luego un tribunal le varió la medida de coerción, imponiéndole arresto domiciliario y la colocación del dispositivo.

En el mes de febrero, el imputado había acudido ante la Segunda Sala Penal de la Corte, en busca de la variación de la medida de coerción, pero el tribunal declaró inadmisible el recurso de apelación, alegando que la acción fue interpuesta fuera del plazo.

Varios meses y audiencias después, al imputado, quien era el jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina (2012-2020), le levantan la prisión domiciliaria.

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El Dotolcito otra vez frente a tribunal el 31 de octubre para ver si anulan su sentencia.

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Santo Domingo, R.D.-Quedó en estado de fallo la decisión de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional  para ver  si anula la sentencia que condena a Wesly Vincent Carmona, conocido como “El Dotolcito”, a 15 años de prisión y otros dos por su participación en la muerte del joven Joshua Fernández.

El tribunal presidido por Rosalba Garib Holguín e integrado por Teófilo Andújar y Delio German fijaron para el 31 de octubre la lectura de su decisión de si confirma la condena, ordena la celebración de un nuevo juicio o si por el contrario dicta su propia sentencia.

Durante la audiencia del recurso de apelación los abogados de El Dotolcito, Allyson de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) condenado a 30 años de prisión y Luis Alberto “Luisito” Brito condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra.

Asimismo, pidieron al tribunal anular la sentencia para que se conozca el juicio de nuevo desde cero por otro tribunal distinto al que dictó la sentencia condenatoria.

Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener la sentencia condenatoria dictada en contra del grupo y que se mantenga la prisión que pesa en su contra.

Chuquito y Luisito, al tomar un turno en la Corte alegaron que no fueron bien asesorados por sus anteriores abogados sobre lo que tenían que decir en el tribunal de primera instancia donde fueron sentenciados.

Chiquito declaró en el tribunal que quiere que se haga justicia, ya que él quiere salir de prisión, debido a que tiene dos hijos y que además tiene dos semanas con disípela.

Mientras que El Dotolcito dijo que no es cierto que él siempre se mantuviera en el vehículo el día que en ocurrió el hecho de sangre y que él llegó a entrar a la discoteca Kiss Bar.

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