Santo Domingo, RD.-Con el propósito de proteger la seguridad nacional y de la crisis que se produce con el vecino Haití, donde se construye un canal con el que no esta de acuerdo la Republica Dominicana, el presidente Luis Abinader dispuso el cierre de la frontera por Dajabón.
Sin embargo, esta no es la primera vez que República Dominicana cierra su zona limítrofe por la inestabilidad de la vecina nación.
LA FRONTERA HA SIDO CERRADA EN VARIAS OCASIONES EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS
El primero de los cierres sucedió el 17 de marzo de 2020, según los archivos periodísticos de este diario, cuando el entonces mandatario Danilo Medina, tomó la decisión con el fin de detener la propagación del coronavirus.
Durante 15 días, las puertas dominicanas se mantuvieron cerradas.
Medina sólo permitió el ingreso de aviones ferry para la salida de extranjeros que deseaban retornar a sus países, además del arribo de aviones de carga, buques de carga y de combustibles para garantizar el suministro de combustibles y productos básicos a la población.
Otro de los cierres se produjo al año siguiente, el 7 de julio de 2021, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise.
El presidente Luis Abinader tomó la decisión de cerrar su frontera con la vecina nación, reforzó la zona, cesó las actividades en los mercados nacionales, además de la cancelación de todo el tráfico aéreo y marítimo entre ambos países. Posteriormente, se reunió con líderes para analizar la situación de la isla.
En ese momento, la construcción de la verja fronteriza llevaba cinco meses, en un intento de controlar la inmigración irregular, cohibir el contrabando y obstaculizar el tráfico de armas y drogas.
Un comunicado de siete puntos señaló ese entonces que “solo se permitirá viajar hacia el territorio nacional, por el aeropuerto Joaquín Balaguer en El Higüero, a ciudadanos dominicanos y personal diplomático dominicano o extranjero de servicio en Haití”.
El año siguiente, durante 2022, no fue cerrada la frontera. No obstante, por la situación de inestabilidad, el país cerró su embajada y consulados en Haití, debido a la crisis sociopolítica.
El 15 de septiembre como parte de la medida, también fue evacuado el personal civil de esas oficinas.
Sólo se mantuvieron fuerzas especiales y se autorizó que el helipuerto de la embajada estuviera disponible para asistir a otras misiones extranjeras que necesitaran salir o moverse del país.
También, más adelante en ese mismo año, el Gobierno advirtió que cerraría su frontera en caso de una migración masiva desde Haití por una intervención internacional en el vecino país.
“En la primera etapa, si hay una intervención pacífica, nosotros cerraríamos y bloquearíamos la frontera (…) Es muy peligroso para la integridad dominicana recibir asilos aquí en el país. Eso de ninguna manera lo aceptaría”, aseguró Abinader, de acuerdo con archivos periodísticos a los que tuvo acceso este medio.
Esta semana Abinader dispuso una serie de medidas ante el conflicto generado por la construcción del canal en el río Masacre que llevan a cabo los haitianos.
La primera disposición es mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resuelve antes del jueves, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
Advirtió que el Gobierno dominicano será firme en la defensa de la Soberanía Nacional y en la garantía de la Seguridad Nacional.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.