Los derechos de los ciudadanos

La ciudadanía toda tiene y debe ejercer el derecho de pedir cuentas, permanentemente, sobre lo que se hace en el Estado en su nombre, con sus recursos.

Ese es un derecho sagrado y soberano que sólo se aliena cuando no se ejerce.

Hay una gran estela de corrupción al más alto nivel que debe ser detenida por la opinión pública, la presión popular y aquellas que se llaman a sí mismas instituciones, casi siempre infuncionales.

Las funciones públicas, que no constituyen una herencia divina ni humana siquiera, emergen de la opinión que expresa cíclicamente cada ciudadano cuando va y deposita una opinión en una urna.

Es público subestimado y maltratado es el sujeto movilizador, con su trabajo y sus iniciativas, de todo el engranaje público y privado de un país, lo que le da un peso determinante en la escogencia de quienes deben estar al frente de las cuestiones públicas.

Empero, la tendencia histórica ha sido la de considerar a ese ciudadano, poderoso hipotéticamente, reducido casi a la nada en la práctica, la de ignorar, una vez tomado el poder, sus opiniones y hacer lo que les da la gana a los políticos, preferiblemente corromperse, robar, matar y mentir.

No debería estar lejano el día en que el pueblo se harte de ese carnaval trágico y mande a muchos de sus políticos al carajo o preferiblemente a Najayo, que es más realista.

Ahí, en la conducta perversa de nuestros políticos tradicionales, se cumple el juicio hitleriano de que al pueblo se le debe usar sólo para que avale la dictadura pero jamás hacerle ningún caso.

Los ciudadanos notables, las personalidades y los líderes políticos no pueden llevar solos sobre sus hombros la responsabilidad de demandar que se cumplan los procesos que las leyes y la Constitución acuerdan sobre la conducta de los funcionarios desde el más alto nivel hasta el último concejal.

NO INVOLUCRADOS

Esa casi ausencia y el no involucramiento del común de la gente del pueblo en cuestiones que le conciernen es la causa fundamental de impunidades, contubernios, imposiciones, despropósitos y acciones y pronunciamientos autoritarios que permean la conducta pública.

La Constitución, generalmente invocada a conveniencia del momento, y aunque la práctica de sus mandatos está cada vez más en desuso, no permite el otorgamiento de privilegios.

Demanda transparencia, división de poderes, defensa irrestricta, no mendicidades de los derechos ciudadanos.

Cuando los mandatos constitucionales son vulnerados, no sólo porque toque un interés específico, político o económico, o porque no toquen otros que delinquen, sino cuando todo el país se vea afectado por su incumplimiento, cada ciudadano dominicano en disfrute de sus derechos constitucionales tiene la potestad de mover, independientemente de cual sea su nombradía social, apellido, color de la piel, posición económica, todos los mecanismos necesarios para que se imponga el reino de justicia a que aspira la Carta Magna, una y otra vez vulnerada.

Hasta ahora, la gente sencilla, que es la inmensa mayoría de los dominicanos, sólo ha sido espectadora de lo que en ocasiones se presenta como circo, en otras como teleteatro de poca monta y en la mayoría de los casos como parodia política seriada que nunca permite bajar el telón aunque los actores tienen un desempeño que va de mediocre a pésimo.

Escasos han sido los momentos en que los personajes toman vida propia, tienen coraje y garras y arte para interpretar el papel. Casi siempre han operado como simples marionetas.