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Continúan aún los viajes ilegales hacia Puerto Rico por parte de dominicanos.
Sabana de la Mar (EFE).- Los dominicanos se siguen aventurando en viajes irregulares a Puerto Rico en busca de oportunidades, a pesar de los naufragios y de la nueva política migratoria de los Estados Unidos.
Uno de los principales puertos de salida de la emigración irregular hasta la isla vecina es el municipio de Sabana de la Mar, ubicado en la provincia de Hato Mayor, en la región este, donde desde hace décadas miles de dominicanos han partido en las llamadas ‘yolas’, pequeñas embarcaciones de madera o fibra.
«Desde los años ’80 (del siglo pasado) la migración hacia Puerto Rico ha sido la principal alternativa para buscar una mejor calidad de vida», señaló a EFE Luis Carlos López, exregidor de Sabana de la Mar y coordinador regional nordeste del Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana.
Una salida ante la falta de oportunidades
Para López, la situación económica «es la raíz de este mal» que hace que hombres y mujeres de todas las edades quieran migrar en busca de una mejor vida.
Según el exregidor, hay personas que pagan incluso 5.000, 10.000 o incluso 20.000 dólares por un viaje.
«Toman préstamos bancarios, venden terrenos o casas, venden todo lo que tienen a su alcance para lograr migrar a Puerto Rico», dijo.
López participó en el rescate de uno de los naufragios más devastadores de las últimas décadas, ocurrido en febrero de 2012, en el que fallecieron más de 50 personas por el hundimiento de la barca en la que viajaban más de 70 personas con destino a Puerto Rico.
«Fue una situación muy triste, los familiares estaban desesperados tratando de identificar los cuerpos. Cuando llegábamos a la costa dejábamos a los cadáveres en la orilla de la playa donde estaba la Defensa Civil y los voluntarios, y teníamos que regresar otra vez con la lancha para dentro a seguir sacando más cadáveres. Fue algo muy desgarrador que no quisiera volver a vivir», recordó López.
Eugenio Reyes, también vecino de este municipio pesquero, participó en rescates de varios naufragios, incluida la tragedia del 2012 en la que él cree que hubo «más muertos» que no se pudieron contabilizar en el recuento oficial.
«Exhorto a la juventud a que se lo piensen antes de montarse en una ‘yola’ para irse», indicó Reyes, que también trató de llegar de manera irregular a la isla de Puerto Rico en 1997, cuando tenía 22 años.
Viajes afectados por la política migratoria de Trump
Por su parte, Alejandro De La Rosa, sabanalamarino de 34 años, aseguró haber intentado llegar a Puerto Rico, un estado asociado de Estados Unidos, en once ocasiones, en viajes que suelen tardar dos días en el mar.
«Es mejor ir a Puerto Rico que tratar de trabajar en otras partes de República Dominicana. Porque si sales de aquí para buscar una mejoría y tienes que pagar apartamento, a veces con el sueldo mínimo que pagan en este país, no alcanza», indicó De La Rosa.
«Hay jóvenes que han llegado a Puerto Rico y han logrado algo, hay algunos que se han construido una casa aquí en poco tiempo desde que están allí», afirmó.
Desde la llegada en enero pasado de Donald Trump a la presidencia de los EE.UU., los viajes irregulares con destino a Puerto Rico se han visto afectados.
«Ahora, como está Trump, no se quiere ir nadie», reconoció De La Rosa.
Por su parte, López también indicó que «las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump han afectado significativamente» a Sabana de la Mar puesto que «las remesas son una de las principales fuentes de economía de este municipio».
Para López, un apasionado del municipio, gran parte de la solución para mejorar las condiciones de vida de la provincia pasa por mejorar las vías de acceso de Sabana de la Mar hacia el Parque Nacional de los Haitises para que puedan llegar más turistas.
«Cuando tengamos vías de acceso, Sabana de la Mar no va a tener suficientes hoteles ni restaurantes para dar respuesta a la gran cantidad de turistas que van a venir aquí».
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.