Los Embargos Ilegales se Encuentran con Escollos con Nueva Ley de Fuerza Pública.     

 Por Elba García 

La Cámara de Diputados acaba de convertir en ley un proyecto que se conocía en el Congreso Nacional que busca controlar las mafias se mueven en torno a una ola de embargos ilegales, tanto mobiliarios como inmobiliarios, en los que se destaca la complacencia, tolerancia y hasta complicidad del Ministerio Público.

La nueva ley sólo está a la espera de su promulgación por parte del presidente Danilo Medina, la cual crea un procedimiento diferente para la ejecución de esos embargos, cuya mayoría casi siempre está apoyada en documentación falsa en contra de las víctimas de una serie de asociaciones de malhechores.

La pieza legislativa requiere para la solicitud de la fuerza pública que se le solicite mediante una instancia a la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del distrito judicial de que se trate y que además el embargante tenga que hacerse acompañar de un juez de paz de la jurisdicción del lugar donde se va a ejecutar el embargo.

En esta industria de los embargos ilegales ocurren cosas que sólo el que las vive las podría entender, cuya principal agravante es que los mismos se ejecutan en violación de una serie de mandatos del Código de Procedimiento Civil, el Código Civil y el Código procesal Penal, cuyas violaciones no son sólo en materia civil, sino también penal.

Por ejemplo, es muy común que el embargante solicite la fuerza pública a través de un notario público que no es el que ejecuta el mismo, produciéndose de hecho una suplantación de este oficial público, constituyéndose en un grave ilícito penal, porque generalmente se configura la suplantación de identidad  y la usurpación de funciones.

Otro ilícito penal es que los embargantes ejecutan los embargos en una dirección que aunque sea la que proporcionó el supuesto deudor, casi siempre el propietario es una persona que no tiene nada que ver con el pagarés notarial que sirve de base para los mismos, pero peor aun porque el  acreedor hace responsable de la deuda a una persona que no está civilmente  comprometida con la transacción.

Los ilícitos penales que cometen los vándalos que son parte de una gran cantidad de asociaciones de malhechores siempre son ignorados y hasta defendidos por el Ministerio Público, cuyos miembros siempre buscan transferir a lo civil las querellas presentadas en contra de los delincuentes que están envueltos en esta industria de los embargos mobiliarios e inmobiliarios ilegales.

La nueva ley parece ser un instrumento que por lo menos permitirá controlar la gran cantidad de embargos ilegales que se producen en el país con el apoyo de las autoridades que tienen la misión de perseguir el crimen y el delito.

La cantidad de embargos mobiliarios e inmobiliarios son incontables, pero los mismos siguen su curso porque la mayoría de la victima no pueden pagar un abogado para enfrentar la irregularidad y pierden propiedades de valores importantes.

Aunque la ley no ha sido promulgada, se espera que la misma cree mecanismo que permita al juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de cada una de las provincias del territorio nacional comprobar y analizar la documentación presentada para la ejecución de un embargo, a fin de detectar y evitar la ocurrencia de ejecuciones que estén al margen de la ley.

Sin embargo, se entiende que  tecnicismos legales generarán aún con la ley muchas injusticias, porque antes que nada la víctimas tiene que acogerse al principio jurídico de que todo caso tiene que partir de una instancia privada y lo segundo es que para comprobar la mayoría de los fraudes que se cometen se requiere de una serie de procedimientos legales que son muy costosos y que la mayoría de las veces la gente no puede pagar.

Pero se debe admitir que la ley que sólo está a la espera de su promulgación será una especie de válvula de escape de una gran cantidad de personas que son víctimas de los delincuentes que convertidos en supuestos acreedores proceden sin miramiento y sin cumplir los requerimientos de ley en contra de cualquiera que sólo se le parezca a un deudor que ya tal vez ha sido estafado con cobros que multiplican por muchas veces el dinerito tomado prestado.