Nacionales
Los traumas del Código Penal en el Congreso Nacional
Al menos seis proyectos de Código Penal han pasado sin éxito por la Cámara de Diputados desde que inició el actual tren legislativo, el 16 de agosto del año 2020.
El último intento de sacar adelante el “demandado” Código Penal inició el 12 de julio del 2022, cuando un grupo de diputados, encabezado por Elías Báez, depositaron o reintrodujeron, una de las tantas piezas legislativas.
Dos días después, el 14 de julio, fue remitido a la comisión de Justicia para su estudio y solo una semana más tarde el proyecto ya tenía un informe favorable para que el pleno lo conociera.
Sin embargo, nunca se conoció.
Desde el 21 de julio del 2022, el pleno de diputados tenía a su disposición un informe favorable de la comisión de justicia, pero el tiempo transcurrió, nunca lo conocieron y finalmente perimió al cierre de la pasada legislatura ordinaria, el 12 de enero.
Historial de fracasos
El primer proyecto de ley de Código Penal que se intentó aprobar inició en la Cámara de Diputados el 17 de agosto del 2020. Esa pieza, que fue consensuada por los diputados, pasó al Senado apenas 10 días antes de perimir.
Con el tiempo encima, en ese momento los senadores argumentaron que no aprobarían la pieza “a la carrera” y que ellos debían estudiarla también, por lo que finalmente perimió.
Luego de eso hubo un intento desde el Senado. El legislador Ramón Rogelio Genao depositó un proyecto, que se fusionó con otros, y fue remitido a una comisión bicameral a finales del año 2021.
Ese proyecto fue consensuado tanto por diputados como por senadores que, supuestamente, habían llegado a un acuerdo.
La pieza fue aprobada en dos lecturas al Senado, pero cuando llego a la Cámara Baja, estos no se pusieron de acuerdo, alegaron que los senadores querían llevarse el crédito y una serie más de cuestionamientos más que derivaron en que perimiera.
Tras este nuevo fallo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, notablemente molesto en una sesión de trabajo, dijo en público: “no brego más con Código Penal”, dando aparentemente por finalizado los intentos por aprobar esta pieza.
No obstante, poco después el mismo Pacheco impulsó un proyecto sometido por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, que tuvo también un informe de comisión, pero nunca fue conocido por el pleno.
En la actualidad, ambas cámaras legislativas tienen depositadas piezas del Código Penal, que mantienen un estatus de “vigente”, pero los legisladores no han mostrado voluntad por conocerlo y aprobarlo.
Tras poco más de dos años, la reforma al Código Penal muestra un historial de fracasos consecutivos y sin una luz al final del túnel.
Pedido CED
Ayer la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) hizo un llamado a los legisladores para que el proyecto de Ley del Código Penal sea sometido en la actual legislatura extraordinaria para ser debatido y consensuado.
El CED dijo que se hace necesario que el Sistema Judicial Dominicano pueda contar con Código Penal actualizado “para así poder castigar adecuada y ejemplarmente los delitos que corroen los cimientos de nuestra sociedad”
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.