Hemos observado una serie de protestas de los jueces de la República Dominicana en contra de la suspensión sin disfrute de sueldos y para que se les permita tener mayor independencia en el desempeño de sus funciones.
Es importante establecer que en el país hay un exceso en el margen que debe desempeñar su papel el juez, porque todo el mundo sabe que el gran problema de la Justicia es que está tan dañada que ha puesto en peligro el estado de derecho.
Hay un asunto que nunca deberá dejar de ser así, como lo es la íntima convicción de un juez, pero ese es un privilegio que le permite a cualquier magistrado hacer lo que hoy se produce en este importante poder del Estado, libertar a criminales, corruptos y narcotraficantes.
El peligro que implica esa conducta de muchos jueces y de otros auxiliares de la justicia, así como del propio Ministerio Público, deja a la mayoría de la gente desamparada y a merced del capricho y los intereses de muchos jueces que no debían ocupar esas posiciones.
De manera, que querer quitarle al Consejo del Poder Judicial la facultad de enjuiciar las acciones de los jueces es un contrasentido, un gran disparate, cuando debía ser todo lo contrario, es decir, que el Consejo del Poder Judicial aumente los controles para evitar que muchos magistrados trabajen al servicio del bajo mundo.
En la República Dominicana las cosas llegan hasta un nivel que nadie entiende, porque cómo los jueces del país pueden pedir que no sean investigados y que las autoridades competentes, que en su caso lo es el Consejo del Poder Judicial, no establezcan mecanismos para sancionar a estos funcionarios públicos cuya función termina, en muchos casos, a favor del mejor postor.
La sociedad dominicana debe convertirse en un dique de contención a favor de sus propios intereses y detener mediante el procedimiento que sea necesario las pretensiones de los jueces de conservar o aumentar el extraordinario poder con que cuentan para de esa manera continuar con su comportamiento como si se tratara de emperadores que se consideran por encima del bien y el mal.
A los que menos les luce montar protestas para evitar su fiscalización y sanción es a los propios jueces, porque representan un poder del Estado que su mal comportamiento y su complicidad con el bajo mundo puede convertir a la República Dominicana en una narco sociedad, donde los que tienen que velar por su salud social y moral se convierten en cómplices de lo mal hecho.
Los ciudadanos dominicanos deben poner presión para que el Consejo del Poder Judicial mantenga sus controles, y más que eso, las sanciones, como la suspensión sin disfrute de sueldos de aquellos magistrados que se sospeche que emiten sentencias por encargo de gente del bajo mundo.
Que se sepa que el chantaje de los jueces y sus protestas callejeras son inaceptables, irracionales y fuera de toda lógica, porque en cualquier sociedad que se respete los controles de los funcionarios públicos son mucho más rigurosos de los establecidos en el país, donde prácticamente todo anda manga por hombro.
Son muchas las tentaciones que se mueven alrededor de los jueces para que emitan sentencias en favor de poderosos intereses económicos y de personas vinculadas a lo peor que puede producirse en cualquier sociedad, lo cual demanda de mecanismos de control lo suficientemente eficientes y severos.