Legisladores del PRM recurren a evasiones de sus contrarios para justificar el incumplimiento de sus promesas.

Por Elba García

Se vuelven recurrentes los debates que consignan la gran necesidad que tiene la sociedad de la aprobación de algunas piezas legislativas que serían de una gran utilidad para una nación que ha consolidado una cultura del fraude, de la corrupción administrativa y del dinero fácil a través del narcotráfico.

El nuevo Código Penal y la Ley de extinción de dominio bailan la música de la demagogia y de la contaminación que afecta a una buena parte del Congreso Nacional, donde nadie puede negar que hay una cierta complicidad con el crimen organizado y con sectores fácticos que sólo les interesa aumentar sus fortunas sobre la base del lavado de activos, el contrabando y la evasión de impuestos.

Esa fiesta de la impunidad ahora tiene un ritmo muy propio de los perremeístas, quienes durante la campaña electoral prometieron de todo y ahora no tienen compromiso con nada y nadie y han renegado de todas sus promesas, entre las cuales están la aprobación del nuevo Código Penal con las tres causales y la ley de extinción de dominio para que el Estado pueda incautar o decomisar a través de procesos civiles los bienes adquiridos mediante acciones ilegales.

Cualquiera pudiera preguntarse el porqué de esa actitud de muchos diputados y senadores y la explicación es muy evidente y la misma consiste en su compromiso con el crimen organizado, como se ha demostrado en los últimos días cuando muchos diputados y algunos senadores se han visto involucrados en ilícitos provenientes del bajo mundo.

El diputado de la provincia de Santo Domingo, Elías Báez, puso el dedo sobre la llaga cuando afirmó que hay legisladores que nunca promoverían la aprobación de estos proyectos de leyes en razón de que saldrían afectados, pero contradictoriamente este funcionario electo sostiene que aun así esos comprometidos con el crimen organizado están de acuerdo con la sanción positiva de los mismos.

Este diputado que deja clara la doble moral en que se manejan muchos de los diputados y senadores, funge como miembro de la comisión bicameral que estudia las iniciativas y agrega que todos los actores están a favor de su aprobación más allá de que les afecte.

Ese tipo de dicotomía es lo que hace que el Congreso Nacional haya perdido su credibilidad, porque o es una cosa o es otra, porque si les afecta procurarán ajustarlos a sus intereses que muy bien pueden estar vinculados con la evasión, el lavado de activos, la corrupción en todas sus vertientes o el narcotráfico.

En qué parte del mundo un órgano comprometido con ilícitos del tipo que sean va a promover la aprobación de una normativa legal que le afecte, como lo que ocurre en la actualidad con los senadores y diputados dominicanos.

El propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacho, ha dicho que sus colegas están en la disposición de aprobar ambos proyectos, pero en realidad siempre buscan una excusa para no darle curso a lo que ha sido su compromiso de campaña.

El comentario de Pacheco se produce luego que el Ministerio Público solicitara a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para juzgar en función de los artículos 85 y 86 de la Constitución de la República, que mandan que se debe respetar la inmunidad de cualquier legislador vinculado con un delito o crimen, y que los casos al respecto deben ser ventilados en una jurisdicción privilegiada.

El proyecto de ley sobre extinción de dominio busca el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilí­citos para reincorporarlos al erario sin que haya que ago­tar juicios penales.

La extinción de domi­nio es una herramienta ju­rídica que existe en nume­rosos países y básicamente consiste en la posibilidad de que el Estado a través de diversos mecanismos pueda incautar o decomi­sar bienes que son adquiridos producto del crimen organizado y de otros ilícitos.

El presidente de la Repú­blica, Luis Abinader, solicitó al Congreso hace unos me­ses atrás la aprobación de esta ley.

Hasta el momento no hay fecha de la posible aprobación de esta inicia­tiva, la cual es es­tudiada por una comisión bicameral que contempla llamar a “vistas públicas” en distintos pun­tos del país.

El PRM ha tenido la posibilidad de cumplir con su palabra empeñada para que importantes ini­ciativas legislativas, como el Proyecto de Ley del Códi­go Penal o de Extinción de Dominio sean aprobadas debido al interés mos­trado por diferentes sectores de la vida nacional.

La figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del 2010 en el artículo 51, el cual  establece: “Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sen­tencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídi­cas, nacionales o extranje­ras, que tengan su origen en actos ilícitos contra el patri­monio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustan­cias psicotrópicas o relati­vas a la delincuencia trans­nacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes.

Organizaciones de la sociedad civil han plan­teado al presidente Luis Abinader que con la ma­yoría que tiene el par­tido oficial en este mo­mento en el Congreso haga realidad la apro­bación de la Ley de Ex­tinción de Dominio, ya que representaría un paso muy importante en la lucha contra la corrup­ción en el país.