Nacionales
Líderes iberoamericanos se comprometen a trabajar por «la paz justa y duradera» en el mundo sin mencionar a Ucrania
Santo Domingo, RD.-Los líderes iberoamericanos se han comprometido durante la cumbre celebrada en Santo Domingo a trabajar por la paz en el mundo aunque sin una mención específica al conflicto de Ucrania, al tiempo que han manifestado también su apego a la democracia, el estado de Derecho y la Carta de Naciones Unidas.«Trabajaremos por la paz completa, justa y duradera en todo el mundo basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los estados«, reza la Declaración de Santo Domingo acordada tras dos días de cumbre en la capital de República Dominicana.
Dicha paz, han añadido, contribuirá a «poner fin a los efectos adversos de las guerras, incluidas las pérdidas de vidas humanas, las crisis de seguridad alimentaria, financiera, energética y medioambiental».
En línea con esto, en el primer punto de la declaración los 22 países han reafirmado su compromiso «con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, el apoyo al multilateralismo, a la solidaridad, el diálogo y la cooperación internacional».
Por otra parte, también han mostrado su compromiso «con la democracia, el estado de Derecho, estricto respeto a la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional incluyendo los principios de soberanía, de no intervención en asuntos internos de los Estados y de igualdad jurídica» de los mismos».
Asimismo, se han dicho comprometidos con «el derecho de cada pueblo a elegir y construir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político, económico y social y sus instituciones, así como el acceso a la información, a la justicia y el respeto al debido proceso».
POR UNA MIGRACIÓN SEGURA Y REGULAR
En otro orden de cosas, se han pronunciado «a favor de una migración segura, ordenada y regular» que respete los derechos de los migrantes. Para ello, han apostado por «la búsqueda conjunta de mecanismos que garanticen una adecuada gestión de los flujos migratorios» así como «procesos de regularización migratoria ágiles y accesibles» junto a la inserción socioeconómica de los migrantes y el apoyo a las comunidades de acogida.
En esta línea, se han comprometido también a la lucha coordinada contra el crimen transnacional organizado y las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes» y han manifestado su voluntad de trabajar para «erradicar las causas multidimensionales de la migración irregular».
Para todo ello, los líderes iberoamericanos consideran que «el diálogo sobre la gobernanza migratoria debe ser abierto, inclusivo y transparente, sosteniendo los principios de no selectividad, inclusión, solidaridad, cooperación regional e internacional y las responsabilidades compartidas de los estados»
OTROS DOCUMENTOS DE LA CUMBRE
Los mandatarios han dado luz verde en esta XXVII cubre a la ‘Carta Medioambiental
Iberoamericana, la cual constituye un referente común para enfrentar desafíos ambientales globales que impactan con especial dureza sobre Iberoamérica como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la degradación de los suelos, la escasez de recursos hídricos, entre otros.
Asimismo, han adoptado la llamada ‘Ruta Crítica para alcanzar una Seguridad Alimentaria
Incluyente y Sostenible en Iberoamérica, la cual propone acciones para enfrentar el gran impacto de las crisis actuales sobre los sistemas agroalimentarios para evitar que se intensifique el hambre en la región y garantizar el derecho a una alimentación adecuada para todas las personas.
Para ello, entre otras cosas, se apuesta por fortalecer el comercio abierto, libre y no discriminatorio, desarrollando cadenas agroalimentarias de suministro incluyentes y resilientes y consolidando la agricultura familiar, entre otras medidas.
Por último, y a propuesta de España, se ha adoptado la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, la cual se convierte en un referente para guiar la actualización de las normativas nacionales para que «la construcción de la sociedad de la información esté centrada en las personas» y se protejan los derechos humanos en el entorno digital.
En el marco de la misma, los países iberoamericanos acuerdan reducir las desigualdades y cerrar la brecha digital, impulsar el acceso conectividad asequible y de calidad, fomentar entornos digitales seguros que garanticen la privacidad, desarrollar acciones para combatir la desinformación y promover la libre elección de servicios y contenidos digitales, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.