Santo Domingo, RD.-El juez José Alejandro Vargas recesó la audiencia del domingo para los apresados durante la Operación Anti Pulpo por “razones humanitarias”, dejando a seis de los imputados por ser presentados.Más Noticias
Los seis imputados de Operación Anti Pulpo que faltan ser presentados en el tribunal
ALEXIS MEDINA ES SEÑALADO COMO EL LÍDER DEL ENTRAMADO SOCIAL ACUSADO DE DESFALCAR AL ESTADO DURANTE LOS GOBIERNOS DE SU HERMANO, EL EXPRESIDENTE DANILO MEDINA
Santo Domingo, RD.-El juez José Alejandro Vargas recesó la audiencia del domingo para los apresados durante la Operación Anti Pulpo por “razones humanitarias”, dejando a seis de los imputados por ser presentados.Los que faltan son Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
También está Wacal Vernavel Méndez Pineda, cuyo expediente fue fusionado con el de los primeros detenidos por el Ministerio Público en el expediente de los demás imputados por Vargas.
Para finalizar queda Alexis Medina, quien es señalado como el líder del entramado social acusado de desfalcar al Estado durante los gobiernos de su hermano, el expresidente Danilo Medina.
De acuerdo con documentos del Ministerio Público, Alexis Medina es uno de los principales suplidores y contratistas de obras del Estado a través de una red de compañías.
“A través del tráfico de influencias, y violaciones a múltiples leyes, crearon un millonario entramado societario, beneficiándose con pagos de miles de millones de pesos, a todos estos ingresos ilícitos se le quiso dar apariencia de licitud en claras operaciones de triangulación típica del lavado de activos”, leía parte del expediente.
Por su parte Cristofer Sánchez apareció en una “nómina fantasma” de la Oisoe donde cobraba un sueldo de RD$200,000, aunque no estaba asignados a ningún departamento.
Suriel Suazo fue descrito por el Ministerio Público como “compañero y amigo” de Alexis Medina, y el encargado logística de la campaña presidencial del excandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo.
Igualmente fue el líder del movimiento Tornado Fuerzas Vivas durante la campaña del expresidente Medina.
En el caso de Santiago Muñoz, es acusado de ser uno de los testaferros de Alexis Medina.
Según el Ministerio Público Pagán recibía visitas de Juan Alexis Medina a la Oisoe hasta cuatro veces por semana. La presencia de Medina era tal que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) aseguró que este era más poderoso en la referida entidad que el propio extitular.
Es acusado de irregularidades en la construcción, reconstrucción y remodelación de algunas de las obras ejecutadas durante su gestión.
Los que conocieron medida
El Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa; para el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo “Freddy” Hidalgo Núñez, ambos a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Sancristobalense, y para el acusado de testaferrato, José Dolores Santana Carmona.
Igualmente pidieron un año para la exvicepresidenta del Fonper, y hermana del expresidente Danilo Medina, Carmen Magalys Medina Sánchez, aunque en el caso de esta imputada la penitenciaria seleccionada para cumplir su medida es Najayo Mujeres.
Sobre Carmen Magalys, Camacho afirmó que desde su posición en el Fonper hizo lo que pudo para que Alexis Medina fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado en por lo menos 23 ocasiones.
Para el excontralor general de la República, Rafael Germosén, el Ministerio Público varió su posición de prisión preventiva a una domiciliaria, luego de que Berenice Reynoso aseguró que tratarán diferente a los imputados “que hablen”.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.