Editorial
Aspiraciones al granel fuera de tiempo y sin propuestas para mejorar el país.
El grave problema del país es que nadie que ve afectado sus intereses se quiere someter al mandato de la ley.
Esta forma de manejarse, muy propia de los países con un muy bajo nivel de institucionalidad, ha erosionado la credibilidad y el prestigio que debía adornar a las democracias latinoamericanas.
Naturalmente, hay otras falencias, pero una de las más graves es el hecho de que el uso de los medios de comunicación y de otros estamentos o poderes facticos sirven a lo injustificable y a lo que está fuera de la legalidad y hasta del sentido común.
Los partidos políticos, que son aliados naturales de todo lo que está al margen de la ley, son los primeros en salir a justificar lo que no está bien, pero no sólo desde la perspectiva del derecho natural, sino del ordenamiento jurídico nacional.
Ahí estriba el hecho de cuando se persigue a un político que se ha apropiado desde la administración pública de lo que no es suyo, de inmediato viene la reacción del partido a que pertenece de que se trata de una persecución política.
Esa conducta de los partidos lo ha contaminado todo, desde el Congreso Nacional hasta los poderes judicial y ejecutivo.
Esa forma de ver la política, instrumento, principalmente, para buscar acumulación originaria a través de las instituciones públicas, las cuales están bajo su control y las usan para legislar para su propio beneficio, ejemplos al respecto hay demás.
De manera, que con ese proceder se arruina la credibilidad democracia representativa, pero que en realidad la misma debía llamarse la democracia del fraude, del robo del patrimonio público y de la complicidad con el lavado de activos y el narcotráfico.
Ahora está sobre el tapete la campaña electoral a destiempo, la cual involucra a personajes como Abel Martínez, que ya fue muy travieso en la presidencia de la Cámara de Diputados, y habría que preguntarse si no hará lo mismo con los fondos del ayuntamiento para financiar su campaña electoral a destiempo, ya que se requiere de una inversión mucho mayor de recursos, sobre todo económico.
Lo propio habría que decir de otros aspirantes, que aunque no estén en una administración local, pero tienen unos tentáculos en el negocio del bajo mundo que también los van a mover para financiar una campaña electoral extemporánea y altamente costosa.
Desde cualquier perspectiva que se mire el problema de la campaña electoral a destiempo, la conclusión tiene que ser que la misma abre un espacio importante para que el crimen organizado esté presente en la política nacional y que la penetración del Estado por el bajo mundo sea aún de mayor magnitud y en consecuencia más peligrosa.
En tal virtud, la advertencia de la JCE debe ser indoblegable y mantenerse sobre la base de las leyes del régimen electoral, aplicárselas severamente a todo el que se haga de la vista gorda y continúe en un proselitismo fuera de tiempo y totalmente ilegal e irracional. https://www.ad-sandbox.com/static/html/sandbox.html
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana