Santo Domingo, RD.-Quedaron claros durante la pasada audiencia del caso Odebrecht los mecanismos utilizados por la empresa multinacional para hacer los pagos a terceros a través de un entramado de corrupción que implicaba la comisión de un gran fraude y una estafa en contra del Estado mediante la construcción de obras públicas.Nacionales
Un trío de testigos darán sus testimonios en juicio Odebrecht.
Santo Domingo, RD.-Quedaron claros durante la pasada audiencia del caso Odebrecht los mecanismos utilizados por la empresa multinacional para hacer los pagos a terceros a través de un entramado de corrupción que implicaba la comisión de un gran fraude y una estafa en contra del Estado mediante la construcción de obras públicas.Dantas Bezerra explicó que esos pagos se realizaban a través de la dirección de “Operaciones Estructuradas”, la cual fue denominada durante el proceso llevado a cabo en Brasil como la “dirección de sobornos”.
Según el exdirector jurídico, esta dirección utilizaba “cuentas offshore”, como Consultora del Sur y “Landfield” a través de las cuales se realizaban los pagos por cuenta y obra de la empresa. De allí se le realizaron los pagos de sobornos a Ángel Rondón, Conrado Pittaluga y al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
De acuerdo con varios archivos periodísticos, esa división fue trasladada desde Brasil al país en el año 2014, porque se entendía que en esa oportunidad en República Dominicana se “vivía un clima favorable” para ellos poder accionar esa dirección. El Tribunal Superior Electoral de Brasil cita que en 2014 solo esa dirección de la empresa movió entre 650 y 700 millones de dólares.
La Procuraduría General de la República afirmó que el departamento de sobornos operó en el país durante el período 2015-2016.
Además de Bezerra, quien continuará testificando el próximo lunes, el Ministerio Público presentará otros dos testigos: Rodrigo Maluf Cardoso, un alto ejecutivo de la empresa en el país y Marcelo Hofkke, quien se desempañaba como el director ejecutivo en el área.
Hofkke fue interrogado en el 2017 por el entonces procurador, Jean Alain Rodríguez y en esa oportunidad describió al imputado Ángel Rondón, como un representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana, que los servicios prestados por lo que se pagaron los dineros eran consultorías para la búsqueda de oportunidades de licitaciones, sus financiamientos correspondientes, gestión de trámites de pagos, entre otros asuntos.
“Nosotros no tenemos conocimiento del pago de un soborno, ni del nombre de quién sería la persona que sirvió de intermediaria a dichos fines… lo que reconocemos es que tenemos un representante comercial contratado en República Dominicana, el cual ha ejercido nuestra representación a través de sus empresas, quien es el señor Ángel Rondón Rijo”, dijo Hofke en el interrogatorio.
El Ministerio Público denominó a Hofke un “testigo clave” del proceso ya que entienden que con sus declaraciones se probará en juicio su intervención en el acuerdo Odebrecht con el Ministerio Público dominicano, así como cualquier “otra circunstancia” que sea útil para el esclarecimiento de los hechos.
Con las declaraciones de Maluf Cardoso, el Ministerio Público pretende acreditar una comunicación de fecha 24 de mayo de 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys, así como las circunstancias y hechos sobre esta acusación que sea de conocimiento del testigo.
Nacionales
El 85 % de las amenazas de violencia son cometidas por jóvenes menores de 34 años, segun Procuraduría
Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó cifras de violencia que afectan a la sociedad dominicana, haciendo un llamado urgente a desmontar la cultura del conflicto y a centrar las políticas públicas en la juventud.
La magistrada, al presentar su rendición de cuentas 2026, dijo que el Ministerio Público recibió «la abrumadora cifra» de 73,291 casos relacionados exclusivamente con violencia de género, intrafamiliar y sexual durante el último año.
Reynoso destacó que, más allá de los delitos graves, las denuncias por amenazas alcanzaron los 25,024 casos.
Para la magistrada, esto es un síntoma claro de «una sociedad que ha olvidado el diálogo como método de resolución de conflictos».
Reynoso señaló que 6 de cada 10 homicidios en el país se originan por conflictos sociales y que, según los datos validados al 100 %, el 59 % de las muertes violentas no son producto del crimen organizado, sino de altercados ciudadanos; una cifra que revela una profunda crisis en la resolución pacífica de diferencias.
«De cada 10 homicidios, seis son por conflictos sociales. Si a esto le sumamos que el 80 % de los involucrados son menores de 35 años, tenemos datos suficientes para entender que debemos trabajar como sociedad», advirtió Reynoso.
Iniciativa «Vitaria» y violencia de género
La magistrada anunció que, como parte de la iniciativa «Vitaria», el Ministerio Público publicará cada tres meses un boletín especializado en violencia de género e intrafamiliar.
Explicó que este documento servirá como herramienta de análisis para las 31 instituciones aliadas y la sociedad civil, permitiendo una persecución basada en datos científicos y no en reacciones mediáticas.
«Rendir cuentas es nuestra obligación. La transparencia no es solo colgar datos, es permitir que la sociedad cuestione, pregunte y evalúe la meritocracia y el sistema de consecuencias que estamos consolidando», concluyó.
Transformación de la investigación criminal
Para el 2026, la magistrada prometió una transformación total en la metodología de investigación criminal, incluyendo una nueva sede de investigación.
Sostuvo que, por disposición del presidente Luis Abinader, las unidades de investigación y procuradurías especializadas se trasladarán en menos de 90 días al edificio donde opera actualmente el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el cual será convertido en una sede moderna y tecnificada.
Reingeniería forense
Manifestó que, junto a la Policía Nacional y la Dicrim, se implementará un modelo más técnico, fortaleciendo los laboratorios y digitalizando procesos para garantizar una «calidad técnica sin precedentes».
Reynoso también se refirió a los procesos judiciales por corrupción administrativa. Aseguró que la institución no se dejará amedrentar por presiones externas ni por la coyuntura política.
Asimismo, anunció que el país alcanzará este año la independencia científica en materia forense.
Sostuvo que antes de que concluya el 2026, el país contará con la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) más avanzada de la región y tendrá la capacidad de procesar el 100 % de las pruebas de ADN en territorio nacional.
«Tener que pedir asistencia a Puerto Rico para realizar pruebas de ADN será cosa del pasado», sentenció la magistrada, al tiempo que anunció la creación de un fondo especial para que ningún caso se quede sin esta prueba científica por falta de recursos.
Golpe al crimen organizado y tecnología
La procuradora reveló que se han ejecutado más de 34 operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y cibercriminalidad.
Además, anunció que a partir del 1 de abril, la interoperabilidad con la Policía Científica será del 100 % y el 100 % de los allanamientos realizados por fiscales serán grabados con cámaras corporales (bodycams) de última generación para garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.
Adiós al papel y control penitenciario
La institución ha sistematizado el 70 % de sus procesos con el objetivo de llegar al 100 % en línea para el cierre de 2026. Se eliminarán los libros de récords físicos, utilizando firmas digitales y registros biométricos.
Finalmente, destacó la creación del Sistema Automatizado de Información Penitenciaria, que ha captado los datos biométricos de toda la población carcelaria en los 51 centros del país.
Este sistema será entregado al Ministerio de Justicia para interoperar con las agencias de inteligencia y defensa del Estado.
Nacionales
Juez exonera de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol por tragedia en el Ensanche Naco
Santo Domingo, R.D.-El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional exoneró de responsabilidad penal a Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de un violento ataque con arma blanca que resultó en la muerte de una mujer de 70 años y dejó a otras cinco personas heridas en el Ensanche Naco.
El magistrado Deivi Timoteo Peguero tomó la decisión tras dictar un auto de no ha lugar en favor del imputado.
De inmediato, el abogado Miguel Valerio, representante legal de los familiares de la víctima, criticó el fallo.
Valerio señaló la contradicción del juez, quien justificó su decisión alegando que el imputado padece problemas mentales, a pesar de que previamente el mismo tribunal había rechazado una solicitud de inimputabilidad.
Por otro lado, el abogado defensor, Richard Martínez, se mostró conforme con la decisión. Alegó que existe un informe forense que establece que, el día de los hechos, Pumarol se encontraba bajo un brote psicótico, argumentando que ante una enfermedad de tal magnitud no existe culpabilidad penal.
Martínez añadió que, tras su salida de prisión, su cliente será trasladado a un centro especializado para recibir tratamiento, aunque no especificó la duración del mismo.
Contradicciones en los informes
Cabe destacar que un informe pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) contradice la premisa de la defensa, al establecer que el imputado posee la capacidad cognitiva necesaria para comprender los hechos, prestar testimonio y afrontar un juicio de fondo.
Detalles del suceso
El incidente ocurrió el miércoles 23 de julio de 2025, cuando Pumarol Fernández atacó con un arma blanca a varias personas. En la tragedia falleció la señora Ivonne Handal Abugabir, de 70 años. Además, resultaron heridos Guillermo Pumarol (padre del agresor), Teresa Fabián Heredia (cuidadora), y los vecinos Francisco Tezano, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
Nacionales
RD proyecta construir puerto espacial en Pedernales con inversión mayor a US$600 millones de dólares
Santo Domingo, R.D.-República Dominicana avanza su incursión en el sector aeroespacial con la presentación del proyecto de puerto espacial comercial en Pedernales, cuya inversión estimada asciende a los 600 millones de dólares, según informó Burton Catledge, CEO de la empresa Launch On Demand (LOD Holdings), durante el acto de presentación en el Palacio Nacional.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, detalló que el proyecto contempla el desarrollo de una instalación comercial para lanzamientos de satélites, con miras a posicionar al país en la industria aeroespacial global.
El proyecto tendrá como ubicación el municipio de Oviedo, en la provincia de Pedernales, como lo había anunciado el presidente Luis Abinader en la rendición de cuentas del 27 de febrero de este año.
Burton Catledge aseguró que este proyecto marcará un paso decisivo en la inserción del país en la economía espacial global, ya que este sector en rápida expansión está impulsado por la creciente demanda de servicios de lanzamiento de satélites y operaciones orbitales.
«El futuro del espacio dependerá de quien se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio es posible», expresó Catledge.
Reveló que el diseño del proyecto inició hace apenas dos semanas, mientras que el primer lanzamiento espacial se estima que será en mayo de 2028.
El proyecto
El proyecto contempla la construcción de un puerto espacial comercial acompañado de un hub energético integrado, con capacidad estimada de 200 megavatios, orientado tanto a las operaciones aeroespaciales como al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, de acuerdo a la Presidencia de la República.
Asimismo, se prevé el desarrollo de infraestructura logística, hídrica y tecnológica, incluyendo una planta desalinizadora y sistemas avanzados para la mitigación acústica durante los lanzamientos.
Desde su fase inicial, detalló el ministro Paliza, el diseño se ha desarrollado bajo criterios de sostenibilidad. La selección del emplazamiento responde a su baja densidad poblacional y condiciones geográficas favorables, mientras que el diseño incorpora tecnología de punta para cumplir estrictamente con las evaluaciones ambientales y normativas nacionales e internacionales aplicables.
La Presidencia informó en un comunicado de prensa que en el ámbito legal, el proyecto se desarrollará conforme a un marco regulatorio adaptado a las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia modelos como los de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, con el objetivo de garantizar operaciones seguras, transparentes y competitivas. Este enfoque busca facilitar la inversión extranjera y promover la participación de la República Dominicana en acuerdos estratégicos como CAFTA-DR.
El modelo financiero estará basado en inversión privada, alianzas estratégicas y mecanismos internacionales de financiamiento para infraestructura, con una inversión estimada de más de 600 millones de dólares, orientados a asegurar la sostenibilidad y viabilidad a largo plazo del proyecto.
Asimismo, destacaron que el Estado dominicano no asumirá costos en la ejecución del proyecto, ya que será financiado mediante capital privado, alianzas estratégicas y capital de riesgo. Aunque se confirmó la participación de inversionistas internacionales, sus identidades se mantienen bajo acuerdos de confidencialidad.
El plan incluye una planta energética híbrida de 200 megavatios para abastecer las operaciones, así como infraestructura complementaria que abarcaría desalinización de agua, producción de propelentes y servicios logísticos.
De acuerdo con el CEO de Launch On Demand, el modelo de negocio generaría ingresos a través de diversas áreas, entre ellas la generación energética, producción de gases industriales, desalinización, licenciamiento, lanzamientos espaciales y servicios de mantenimiento y soporte satelital.
Durante la exposición también se hizo referencia a casos como Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, destacando que este tipo de infraestructuras puede desarrollarse en armonía con el medio ambiente, bajo estrictas evaluaciones.