Análisis Noticiosos
Estafas, pornografía y suplantación de identidad a través de tecnologías.
Los expertos y las compañías de ciberseguridad advierten de que esta tecnología ahora es capaz de engañar a algunos métodos de autenticación biométrica o crear perfiles de trabajadores falsos que postulan a puestos reales
Madrid.-La inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías que promete revolucionar la forma en que todas las personas se relacionan con el mundo. También los delincuentes. Tanto las compañías de ciberseguridad como las instituciones del sector tecnológico advierten de que los usos ilegales de las herramientas de deepfake (aquellas basadas en IA que permiten tomar imágenes o grabaciones de una persona y transformarlas en vídeos o audios falsos) están creciendo de forma alarmante. En concreto, los datos de la ONG Cyberpeace Institute revelan que la pornografía que aplica esta tecnología “se duplica cada seis meses en las plataformas de streaming más populares”, mientras que los casos de fraude se multiplicaron por diez entre 2022 y 2023 en diversas industrias. Asimismo, se están implementando estas técnicas para cometer otros delitos como la suplantación de identidad o el fraude documental.
“Lo que conocemos como deepfake comenzó como un proyecto de código abierto para crear contenido sexual ilegal. Por lo tanto, no es de sorprender que un asombroso 96% de estos videos estén relacionados con pornografía no consentida. Este mal uso incluye pornovenganza, extorsión, humillación e incluso explotación infantil en línea. Los rostros de las víctimas se superponen al contenido explícito sin su consentimiento, convirtiendo a los deepfakes en una herramienta devastadora para ataques personales y explotación”, explica Stéphane Duguin, CEO de la Cyberpeace Institute, organización no gubernamental especializada en ciberamenazas y financiada por empresas como Microsoft y Mastercard, a EL PAÍS.
En el caso de las estafas, un informe reciente de Unit 42, la división de investigación de la firma de ciberseguridad Palo Alto Networks, revela que ya existen bandas organizadas dedicadas a elaboración de campañas de deepfakes. Estos grupos utilizan sin permiso la imagen de celebridades para difundir esquemas de inversión falsos o incluso se hacen pasar por ejecutivos para extraer dinero de sus víctimas.
Un ejemplo reciente es el de la plataforma fraudulenta Quantum AI, que utilizó la imagen de personalidades como el magnate Elon Musk, la presidenta italiana, Georgia Meloni o el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador para crear vídeos falsos que atrajeran a los usuarios. “En la mayoría de los casos, los atacantes parecen haber comenzado con un video legítimo y haber agregado su propio audio generado por IA. Finalmente, utilizaron tecnología de sincronización de labios para modificar el movimiento de los labios del hablante para que coincida con el audio generado por IA”, explican los autores del informe.
En esta estafa en particular, a las víctimas se les solicita que se registren con su nombre y número de teléfono, y se les indica que esperen una llamada de un gerente de cuenta o un representante. Después, los ciberdelincuentes llaman por teléfono a la víctima, solicitando un pago de alrededor de 250 dólares (unos 223 euros) para acceder a la plataforma. A continuación, se le pide a la víctima que descargue una aplicación especial para que pueda “invertir” más de sus fondos. Dentro de esa aplicación aparece un panel que muestra pequeñas ganancias.
“A partir de ahí, los estafadores continúan persuadiendo a la víctima para que deposite más dinero e incluso pueden permitirle retirar una pequeña cantidad de dinero como una forma de ganarse su confianza. Finalmente, cuando la víctima intenta retirar sus fondos, los estafadores exigen tarifas de retiro o citan alguna otra razón, por ejemplo, problemas fiscales, para no poder recuperar sus fondos. Los estafadores pueden entonces bloquear a la víctima de su cuenta y embolsarse los fondos restantes, lo que hace que la víctima haya perdido la mayor parte del dinero que invirtió”, indican los analistas de Unit 42.
Regulación
Los gobiernos alrededor del mundo ya están intentando regular esta tecnología, aunque en la mayoría de lugares la legislación es muy reciente. Un ejemplo de es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (aprobada en 2023), que representa la primera regulación importante centrada en la inteligencia artificial e incluye disposiciones que abordan específicamente los deepfakes. “Esta legislación tiene como objetivo imponer controles más estrictos sobre las tecnologías de IA, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en su uso, incluida la identificación de contenido manipulado”, explican en Cyberpeace Institute.
No obstante, los expertos en ciberseguridad coinciden en que todavía hay mucho camino por delante en cuanto a regulación. “El reglamento va a necesitar codificarse y garantizar que todos los Estados miembros los pueden aplicar. El uso de inteligencia artificial generativa para estafas, por ejemplo, es un ángulo que todavía se debe desarrollar. Ahora mismo no puede cubrir todos los ámbitos de actuación porque no sabemos todos los usos que podrá haber”, señala Raquel Jorge, investigadora del Real instituto Elcano a EL PAÍS.
Los expertos consultados coinciden en que estas herramientas a menudo son utilizadas para reinventar antiguas formas de estafa que se aprovechan del factor humano. “Los ataques contra individuos son el área en la que este tipo de campañas van a seguir creciendo exponencialmente, por ejemplo en las estafas en que el delincuente pretende ser un familiar. La mayoría de personas no está al tanto de lo sencillo que es utilizar estas herramientas para replicar la voz de una persona. Pueden utilizar una grabación de una llamada para clonar la voz de alguien y contactar a uno de sus seres queridos, o incluso tomarlas desde sus redes sociales. Son las mismas estafas que se hacían antes, pero en una versión actualizada”, explica a EL PAÍS Kyle Wilhoit, director de investigación de amenazas en Unit 42.
Los expertos de Cyberpeace coinciden con este diagnóstico, y añaden que este tipo de modalidades también afectan a las empresas. “El fraude es otra preocupación creciente, ya que la tecnología deepfake se utiliza en estafas telefónicas dirigidas a bancos y empresas. Los cibercriminales clonan las voces de empleados o ejecutivos, manipulando tácticas de ingeniería social para autorizar facturas falsas u otras transacciones financieras”, asegura Duguin.
Ecosistema criminal
Entre las principales razones que ha impulsado el uso de esta herramienta por parte de los criminales se encuentra la aparición de distintas plataformas que ofrecen servicios de deepfakes. “Nuestros investigadores han encontrado cibercriminales que venden, discuten e intercambian herramientas y servicios de creación de deepfakes en foros, canales de chat en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Estas herramientas y servicios ofrecen capacidades para generar contenido engañoso y malicioso, incluidos audio, video e imágenes”, explican en Palo Alto Networks.
En Cyberpeace institute destacan que han aparecido mercados especializados en los que individuos o grupos pueden publicar solicitudes de contenido personalizado. “Esto tiene el potencial de crear un nuevo mercado laboral para delincuentes expertos, algunos de los cuales están dispuestos a pagar hasta 16.000 dólares [unos 14.300 euros al cambio] por un deepfake de alta calidad. Si bien el grupo de delincuentes capaces de producir este tipo de material es actualmente limitado debido a la experiencia técnica requerida, la demanda está claramente presente, sentando las bases para que este nicho se expanda”.
Los expertos también advierten que una área en crecimiento es el fraude documental, ya que los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología deepfake para manipular documentos de identidad al transformar las caras de los titulares de pasaportes legítimos con las de aquellos que intentan obtener documentos falsos. “Esto les permite eludir los sistemas de reconocimiento facial, lo que amplifica el riesgo de fraude documental avanzado para los grupos del crimen organizado involucrados en actividades como el tráfico de personas o la inmigración ilegal”, afirma Duguin.
“Un ejemplo es el de los delincuentes tailandeses, que han utilizado deepfakes para hacerse pasar por agentes de policía y directores financieros, manipulando a las víctimas en estafas o fraudes financieros. Estos incidentes sugieren que las bandas criminales están explorando el potencial de los deepfakes, en particular para la suplantación de identidad en ataques de ingeniería social. Aunque todavía no hay un perfil claro de estas organizaciones, el uso de estas herramientas por parte del crimen organizado apunta a una creciente complejidad, en la que las redes criminales tradicionales están integrando cada vez más tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus operaciones”, advierte el experto del Cyberpeace Institute.
De forma similar, otra tendencia más reciente es la proliferación de “empleados deepfake”, una modalidad que utiliza información de identificación personal robada para hacerse pasar por candidatos legítimos y postular a puestos remotos o de teletrabajo. “Esta técnica crea una puerta trasera para que los cibercriminales se infiltren en las empresas haciéndose pasar por nuevos empleados, lo que les da acceso a sistemas y datos corporativos confidenciales. Estos avances apuntan a un panorama en evolución en el que esta tecnología no solo es una herramienta para el fraude, sino también la base de nuevos roles delictivos, lo que permite operaciones más sofisticadas y engañosas en diversas actividades ilícitas”, comenta Duguin.
En esta línea, otro de los temas que más alarma a los expertos es que estas herramientas están logrando vulnerar también a la tecnología biométrica que se utiliza para verificación de identidad en sistemas de seguridad y aplicaciones. Duguin adiverte: “Una de las principales preocupaciones es el reconocimiento facial. Esta tecnología, en particular el intercambio de rostros o la transformación, presenta un riesgo significativo para estos sistemas, que dependen del análisis de los rasgos faciales para la autenticación”.
Así, los deepfakes pueden generar videos dinámicos muy realistas, capaces de engañar a un software de reconocimiento facial avanzado y de eludir el control de verificación de, por ejemplo, el teléfono. “La biometría de voz también es vulnerable a la voz deepfake. A medida que la generación de voz deepfake se vuelve más sofisticada, existe un mayor riesgo de que actores maliciosos puedan clonar la voz de alguien para obtener acceso no autorizado a sistemas que dependen de la verificación de voz”, añade.
Tendencias es un nuevo proyecto de EL PAÍS, con el que el diario aspira a abrir una conversación permanente sobre los grandes retos de futuro que afronta nuestra sociedad. La iniciativa está patrocinada por Abertis, Enagás, EY, Iberdrola, Iberia, OEI, Redeia, Santander, Telefónica y el partner estratégico Oliver Wyman.
elpais.com
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.
Análisis Noticiosos
Santo Domingo está entre los destinos para viajar en 2026, según la BBC de Londres
Santo Domingo figura entre los destinos recomendados para viajar en el año 2026, de acuerdo con una selección especial de BBC Travel, que destaca destinos mundiales con capacidad para de ofrecer experiencias mientras promueven el turismo sostenible y la preservación del patrimonio cultural.
La capital dominicana aparece en una lista que incluye 11 destinos internacionales, cinco de ellos ubicados en América Latina, elegidos a partir de recomendaciones de periodistas de la BBC, expertos en viajes y autoridades globales en turismo responsable.
El criterio central fue identificar lugares que reciben al visitante con entusiasmo y donde el impacto del turismo sea positivo y duradero.
Según la BBC, 2026 será un año clave para Santo Domingo, ya que la ciudad albergará los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto, en el marco del centenario de la competencia. Este evento reunirá a atletas de 37 países y ha impulsado una serie de mejoras urbanas y deportivas en la capital.
Asimismo, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fue modernizado, incorporando infraestructura inclusiva como senderos de pavimentación táctil para personas con discapacidad visual.
La BBC subraya que Santo Domingo ofrece mucho más que historia. La ciudad es el epicentro del merengue y la bachata, ritmos que marcan el pulso de celebraciones como el Carnaval de febrero y el Festival del Merengue.
En 2026, además, regresan grandes citas musicales como el Isle of Light, en marzo, y el Presidente Festival, que vuelve tras una pausa de una década como uno de los eventos musicales más emblemáticos de América Latina.
Puerta al ecoturismo del Caribe
BBC Travel también resalta la conexión de Santo Domingo con Samaná, conocida por sus calas, selvas tropicales y aguas turquesas. El hotel Ocama, por ejemplo, ofrece traslados en helicóptero desde la capital hacia esta región, facilitando el acceso a uno de los destinos naturales más atractivos del país.
Otros destinos citados por la BBC, según el orden alfabético
- Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
- Costa de Oregón, Estados Unidos
- Costa Rica
- Guimarães, Portugal
- Islas Hébridas, Escocia
- Ishikawa, Japón
- Loreto, Baja California Sur, México
- Montenegro
- Uruguay
- Valle de Colchagua, Chile
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
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