Análisis Noticiosos
Estafas, pornografía y suplantación de identidad a través de tecnologías.
Los expertos y las compañías de ciberseguridad advierten de que esta tecnología ahora es capaz de engañar a algunos métodos de autenticación biométrica o crear perfiles de trabajadores falsos que postulan a puestos reales
Madrid.-La inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías que promete revolucionar la forma en que todas las personas se relacionan con el mundo. También los delincuentes. Tanto las compañías de ciberseguridad como las instituciones del sector tecnológico advierten de que los usos ilegales de las herramientas de deepfake (aquellas basadas en IA que permiten tomar imágenes o grabaciones de una persona y transformarlas en vídeos o audios falsos) están creciendo de forma alarmante. En concreto, los datos de la ONG Cyberpeace Institute revelan que la pornografía que aplica esta tecnología “se duplica cada seis meses en las plataformas de streaming más populares”, mientras que los casos de fraude se multiplicaron por diez entre 2022 y 2023 en diversas industrias. Asimismo, se están implementando estas técnicas para cometer otros delitos como la suplantación de identidad o el fraude documental.
“Lo que conocemos como deepfake comenzó como un proyecto de código abierto para crear contenido sexual ilegal. Por lo tanto, no es de sorprender que un asombroso 96% de estos videos estén relacionados con pornografía no consentida. Este mal uso incluye pornovenganza, extorsión, humillación e incluso explotación infantil en línea. Los rostros de las víctimas se superponen al contenido explícito sin su consentimiento, convirtiendo a los deepfakes en una herramienta devastadora para ataques personales y explotación”, explica Stéphane Duguin, CEO de la Cyberpeace Institute, organización no gubernamental especializada en ciberamenazas y financiada por empresas como Microsoft y Mastercard, a EL PAÍS.
En el caso de las estafas, un informe reciente de Unit 42, la división de investigación de la firma de ciberseguridad Palo Alto Networks, revela que ya existen bandas organizadas dedicadas a elaboración de campañas de deepfakes. Estos grupos utilizan sin permiso la imagen de celebridades para difundir esquemas de inversión falsos o incluso se hacen pasar por ejecutivos para extraer dinero de sus víctimas.
Un ejemplo reciente es el de la plataforma fraudulenta Quantum AI, que utilizó la imagen de personalidades como el magnate Elon Musk, la presidenta italiana, Georgia Meloni o el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador para crear vídeos falsos que atrajeran a los usuarios. “En la mayoría de los casos, los atacantes parecen haber comenzado con un video legítimo y haber agregado su propio audio generado por IA. Finalmente, utilizaron tecnología de sincronización de labios para modificar el movimiento de los labios del hablante para que coincida con el audio generado por IA”, explican los autores del informe.
En esta estafa en particular, a las víctimas se les solicita que se registren con su nombre y número de teléfono, y se les indica que esperen una llamada de un gerente de cuenta o un representante. Después, los ciberdelincuentes llaman por teléfono a la víctima, solicitando un pago de alrededor de 250 dólares (unos 223 euros) para acceder a la plataforma. A continuación, se le pide a la víctima que descargue una aplicación especial para que pueda “invertir” más de sus fondos. Dentro de esa aplicación aparece un panel que muestra pequeñas ganancias.
“A partir de ahí, los estafadores continúan persuadiendo a la víctima para que deposite más dinero e incluso pueden permitirle retirar una pequeña cantidad de dinero como una forma de ganarse su confianza. Finalmente, cuando la víctima intenta retirar sus fondos, los estafadores exigen tarifas de retiro o citan alguna otra razón, por ejemplo, problemas fiscales, para no poder recuperar sus fondos. Los estafadores pueden entonces bloquear a la víctima de su cuenta y embolsarse los fondos restantes, lo que hace que la víctima haya perdido la mayor parte del dinero que invirtió”, indican los analistas de Unit 42.
Regulación
Los gobiernos alrededor del mundo ya están intentando regular esta tecnología, aunque en la mayoría de lugares la legislación es muy reciente. Un ejemplo de es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (aprobada en 2023), que representa la primera regulación importante centrada en la inteligencia artificial e incluye disposiciones que abordan específicamente los deepfakes. “Esta legislación tiene como objetivo imponer controles más estrictos sobre las tecnologías de IA, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en su uso, incluida la identificación de contenido manipulado”, explican en Cyberpeace Institute.
No obstante, los expertos en ciberseguridad coinciden en que todavía hay mucho camino por delante en cuanto a regulación. “El reglamento va a necesitar codificarse y garantizar que todos los Estados miembros los pueden aplicar. El uso de inteligencia artificial generativa para estafas, por ejemplo, es un ángulo que todavía se debe desarrollar. Ahora mismo no puede cubrir todos los ámbitos de actuación porque no sabemos todos los usos que podrá haber”, señala Raquel Jorge, investigadora del Real instituto Elcano a EL PAÍS.
Los expertos consultados coinciden en que estas herramientas a menudo son utilizadas para reinventar antiguas formas de estafa que se aprovechan del factor humano. “Los ataques contra individuos son el área en la que este tipo de campañas van a seguir creciendo exponencialmente, por ejemplo en las estafas en que el delincuente pretende ser un familiar. La mayoría de personas no está al tanto de lo sencillo que es utilizar estas herramientas para replicar la voz de una persona. Pueden utilizar una grabación de una llamada para clonar la voz de alguien y contactar a uno de sus seres queridos, o incluso tomarlas desde sus redes sociales. Son las mismas estafas que se hacían antes, pero en una versión actualizada”, explica a EL PAÍS Kyle Wilhoit, director de investigación de amenazas en Unit 42.
Los expertos de Cyberpeace coinciden con este diagnóstico, y añaden que este tipo de modalidades también afectan a las empresas. “El fraude es otra preocupación creciente, ya que la tecnología deepfake se utiliza en estafas telefónicas dirigidas a bancos y empresas. Los cibercriminales clonan las voces de empleados o ejecutivos, manipulando tácticas de ingeniería social para autorizar facturas falsas u otras transacciones financieras”, asegura Duguin.
Ecosistema criminal
Entre las principales razones que ha impulsado el uso de esta herramienta por parte de los criminales se encuentra la aparición de distintas plataformas que ofrecen servicios de deepfakes. “Nuestros investigadores han encontrado cibercriminales que venden, discuten e intercambian herramientas y servicios de creación de deepfakes en foros, canales de chat en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Estas herramientas y servicios ofrecen capacidades para generar contenido engañoso y malicioso, incluidos audio, video e imágenes”, explican en Palo Alto Networks.
En Cyberpeace institute destacan que han aparecido mercados especializados en los que individuos o grupos pueden publicar solicitudes de contenido personalizado. “Esto tiene el potencial de crear un nuevo mercado laboral para delincuentes expertos, algunos de los cuales están dispuestos a pagar hasta 16.000 dólares [unos 14.300 euros al cambio] por un deepfake de alta calidad. Si bien el grupo de delincuentes capaces de producir este tipo de material es actualmente limitado debido a la experiencia técnica requerida, la demanda está claramente presente, sentando las bases para que este nicho se expanda”.
Los expertos también advierten que una área en crecimiento es el fraude documental, ya que los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología deepfake para manipular documentos de identidad al transformar las caras de los titulares de pasaportes legítimos con las de aquellos que intentan obtener documentos falsos. “Esto les permite eludir los sistemas de reconocimiento facial, lo que amplifica el riesgo de fraude documental avanzado para los grupos del crimen organizado involucrados en actividades como el tráfico de personas o la inmigración ilegal”, afirma Duguin.
“Un ejemplo es el de los delincuentes tailandeses, que han utilizado deepfakes para hacerse pasar por agentes de policía y directores financieros, manipulando a las víctimas en estafas o fraudes financieros. Estos incidentes sugieren que las bandas criminales están explorando el potencial de los deepfakes, en particular para la suplantación de identidad en ataques de ingeniería social. Aunque todavía no hay un perfil claro de estas organizaciones, el uso de estas herramientas por parte del crimen organizado apunta a una creciente complejidad, en la que las redes criminales tradicionales están integrando cada vez más tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus operaciones”, advierte el experto del Cyberpeace Institute.
De forma similar, otra tendencia más reciente es la proliferación de “empleados deepfake”, una modalidad que utiliza información de identificación personal robada para hacerse pasar por candidatos legítimos y postular a puestos remotos o de teletrabajo. “Esta técnica crea una puerta trasera para que los cibercriminales se infiltren en las empresas haciéndose pasar por nuevos empleados, lo que les da acceso a sistemas y datos corporativos confidenciales. Estos avances apuntan a un panorama en evolución en el que esta tecnología no solo es una herramienta para el fraude, sino también la base de nuevos roles delictivos, lo que permite operaciones más sofisticadas y engañosas en diversas actividades ilícitas”, comenta Duguin.
En esta línea, otro de los temas que más alarma a los expertos es que estas herramientas están logrando vulnerar también a la tecnología biométrica que se utiliza para verificación de identidad en sistemas de seguridad y aplicaciones. Duguin adiverte: “Una de las principales preocupaciones es el reconocimiento facial. Esta tecnología, en particular el intercambio de rostros o la transformación, presenta un riesgo significativo para estos sistemas, que dependen del análisis de los rasgos faciales para la autenticación”.
Así, los deepfakes pueden generar videos dinámicos muy realistas, capaces de engañar a un software de reconocimiento facial avanzado y de eludir el control de verificación de, por ejemplo, el teléfono. “La biometría de voz también es vulnerable a la voz deepfake. A medida que la generación de voz deepfake se vuelve más sofisticada, existe un mayor riesgo de que actores maliciosos puedan clonar la voz de alguien para obtener acceso no autorizado a sistemas que dependen de la verificación de voz”, añade.
Tendencias es un nuevo proyecto de EL PAÍS, con el que el diario aspira a abrir una conversación permanente sobre los grandes retos de futuro que afronta nuestra sociedad. La iniciativa está patrocinada por Abertis, Enagás, EY, Iberdrola, Iberia, OEI, Redeia, Santander, Telefónica y el partner estratégico Oliver Wyman.
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Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
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Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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