Análisis Noticiosos
Estafas, pornografía y suplantación de identidad a través de tecnologías.
Los expertos y las compañías de ciberseguridad advierten de que esta tecnología ahora es capaz de engañar a algunos métodos de autenticación biométrica o crear perfiles de trabajadores falsos que postulan a puestos reales
Madrid.-La inteligencia artificial (IA) es una de las tecnologías que promete revolucionar la forma en que todas las personas se relacionan con el mundo. También los delincuentes. Tanto las compañías de ciberseguridad como las instituciones del sector tecnológico advierten de que los usos ilegales de las herramientas de deepfake (aquellas basadas en IA que permiten tomar imágenes o grabaciones de una persona y transformarlas en vídeos o audios falsos) están creciendo de forma alarmante. En concreto, los datos de la ONG Cyberpeace Institute revelan que la pornografía que aplica esta tecnología “se duplica cada seis meses en las plataformas de streaming más populares”, mientras que los casos de fraude se multiplicaron por diez entre 2022 y 2023 en diversas industrias. Asimismo, se están implementando estas técnicas para cometer otros delitos como la suplantación de identidad o el fraude documental.
“Lo que conocemos como deepfake comenzó como un proyecto de código abierto para crear contenido sexual ilegal. Por lo tanto, no es de sorprender que un asombroso 96% de estos videos estén relacionados con pornografía no consentida. Este mal uso incluye pornovenganza, extorsión, humillación e incluso explotación infantil en línea. Los rostros de las víctimas se superponen al contenido explícito sin su consentimiento, convirtiendo a los deepfakes en una herramienta devastadora para ataques personales y explotación”, explica Stéphane Duguin, CEO de la Cyberpeace Institute, organización no gubernamental especializada en ciberamenazas y financiada por empresas como Microsoft y Mastercard, a EL PAÍS.
En el caso de las estafas, un informe reciente de Unit 42, la división de investigación de la firma de ciberseguridad Palo Alto Networks, revela que ya existen bandas organizadas dedicadas a elaboración de campañas de deepfakes. Estos grupos utilizan sin permiso la imagen de celebridades para difundir esquemas de inversión falsos o incluso se hacen pasar por ejecutivos para extraer dinero de sus víctimas.
Un ejemplo reciente es el de la plataforma fraudulenta Quantum AI, que utilizó la imagen de personalidades como el magnate Elon Musk, la presidenta italiana, Georgia Meloni o el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador para crear vídeos falsos que atrajeran a los usuarios. “En la mayoría de los casos, los atacantes parecen haber comenzado con un video legítimo y haber agregado su propio audio generado por IA. Finalmente, utilizaron tecnología de sincronización de labios para modificar el movimiento de los labios del hablante para que coincida con el audio generado por IA”, explican los autores del informe.
En esta estafa en particular, a las víctimas se les solicita que se registren con su nombre y número de teléfono, y se les indica que esperen una llamada de un gerente de cuenta o un representante. Después, los ciberdelincuentes llaman por teléfono a la víctima, solicitando un pago de alrededor de 250 dólares (unos 223 euros) para acceder a la plataforma. A continuación, se le pide a la víctima que descargue una aplicación especial para que pueda “invertir” más de sus fondos. Dentro de esa aplicación aparece un panel que muestra pequeñas ganancias.
“A partir de ahí, los estafadores continúan persuadiendo a la víctima para que deposite más dinero e incluso pueden permitirle retirar una pequeña cantidad de dinero como una forma de ganarse su confianza. Finalmente, cuando la víctima intenta retirar sus fondos, los estafadores exigen tarifas de retiro o citan alguna otra razón, por ejemplo, problemas fiscales, para no poder recuperar sus fondos. Los estafadores pueden entonces bloquear a la víctima de su cuenta y embolsarse los fondos restantes, lo que hace que la víctima haya perdido la mayor parte del dinero que invirtió”, indican los analistas de Unit 42.
Regulación
Los gobiernos alrededor del mundo ya están intentando regular esta tecnología, aunque en la mayoría de lugares la legislación es muy reciente. Un ejemplo de es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (aprobada en 2023), que representa la primera regulación importante centrada en la inteligencia artificial e incluye disposiciones que abordan específicamente los deepfakes. “Esta legislación tiene como objetivo imponer controles más estrictos sobre las tecnologías de IA, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en su uso, incluida la identificación de contenido manipulado”, explican en Cyberpeace Institute.
No obstante, los expertos en ciberseguridad coinciden en que todavía hay mucho camino por delante en cuanto a regulación. “El reglamento va a necesitar codificarse y garantizar que todos los Estados miembros los pueden aplicar. El uso de inteligencia artificial generativa para estafas, por ejemplo, es un ángulo que todavía se debe desarrollar. Ahora mismo no puede cubrir todos los ámbitos de actuación porque no sabemos todos los usos que podrá haber”, señala Raquel Jorge, investigadora del Real instituto Elcano a EL PAÍS.
Los expertos consultados coinciden en que estas herramientas a menudo son utilizadas para reinventar antiguas formas de estafa que se aprovechan del factor humano. “Los ataques contra individuos son el área en la que este tipo de campañas van a seguir creciendo exponencialmente, por ejemplo en las estafas en que el delincuente pretende ser un familiar. La mayoría de personas no está al tanto de lo sencillo que es utilizar estas herramientas para replicar la voz de una persona. Pueden utilizar una grabación de una llamada para clonar la voz de alguien y contactar a uno de sus seres queridos, o incluso tomarlas desde sus redes sociales. Son las mismas estafas que se hacían antes, pero en una versión actualizada”, explica a EL PAÍS Kyle Wilhoit, director de investigación de amenazas en Unit 42.
Los expertos de Cyberpeace coinciden con este diagnóstico, y añaden que este tipo de modalidades también afectan a las empresas. “El fraude es otra preocupación creciente, ya que la tecnología deepfake se utiliza en estafas telefónicas dirigidas a bancos y empresas. Los cibercriminales clonan las voces de empleados o ejecutivos, manipulando tácticas de ingeniería social para autorizar facturas falsas u otras transacciones financieras”, asegura Duguin.
Ecosistema criminal
Entre las principales razones que ha impulsado el uso de esta herramienta por parte de los criminales se encuentra la aparición de distintas plataformas que ofrecen servicios de deepfakes. “Nuestros investigadores han encontrado cibercriminales que venden, discuten e intercambian herramientas y servicios de creación de deepfakes en foros, canales de chat en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. Estas herramientas y servicios ofrecen capacidades para generar contenido engañoso y malicioso, incluidos audio, video e imágenes”, explican en Palo Alto Networks.
En Cyberpeace institute destacan que han aparecido mercados especializados en los que individuos o grupos pueden publicar solicitudes de contenido personalizado. “Esto tiene el potencial de crear un nuevo mercado laboral para delincuentes expertos, algunos de los cuales están dispuestos a pagar hasta 16.000 dólares [unos 14.300 euros al cambio] por un deepfake de alta calidad. Si bien el grupo de delincuentes capaces de producir este tipo de material es actualmente limitado debido a la experiencia técnica requerida, la demanda está claramente presente, sentando las bases para que este nicho se expanda”.
Los expertos también advierten que una área en crecimiento es el fraude documental, ya que los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología deepfake para manipular documentos de identidad al transformar las caras de los titulares de pasaportes legítimos con las de aquellos que intentan obtener documentos falsos. “Esto les permite eludir los sistemas de reconocimiento facial, lo que amplifica el riesgo de fraude documental avanzado para los grupos del crimen organizado involucrados en actividades como el tráfico de personas o la inmigración ilegal”, afirma Duguin.
“Un ejemplo es el de los delincuentes tailandeses, que han utilizado deepfakes para hacerse pasar por agentes de policía y directores financieros, manipulando a las víctimas en estafas o fraudes financieros. Estos incidentes sugieren que las bandas criminales están explorando el potencial de los deepfakes, en particular para la suplantación de identidad en ataques de ingeniería social. Aunque todavía no hay un perfil claro de estas organizaciones, el uso de estas herramientas por parte del crimen organizado apunta a una creciente complejidad, en la que las redes criminales tradicionales están integrando cada vez más tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus operaciones”, advierte el experto del Cyberpeace Institute.
De forma similar, otra tendencia más reciente es la proliferación de “empleados deepfake”, una modalidad que utiliza información de identificación personal robada para hacerse pasar por candidatos legítimos y postular a puestos remotos o de teletrabajo. “Esta técnica crea una puerta trasera para que los cibercriminales se infiltren en las empresas haciéndose pasar por nuevos empleados, lo que les da acceso a sistemas y datos corporativos confidenciales. Estos avances apuntan a un panorama en evolución en el que esta tecnología no solo es una herramienta para el fraude, sino también la base de nuevos roles delictivos, lo que permite operaciones más sofisticadas y engañosas en diversas actividades ilícitas”, comenta Duguin.
En esta línea, otro de los temas que más alarma a los expertos es que estas herramientas están logrando vulnerar también a la tecnología biométrica que se utiliza para verificación de identidad en sistemas de seguridad y aplicaciones. Duguin adiverte: “Una de las principales preocupaciones es el reconocimiento facial. Esta tecnología, en particular el intercambio de rostros o la transformación, presenta un riesgo significativo para estos sistemas, que dependen del análisis de los rasgos faciales para la autenticación”.
Así, los deepfakes pueden generar videos dinámicos muy realistas, capaces de engañar a un software de reconocimiento facial avanzado y de eludir el control de verificación de, por ejemplo, el teléfono. “La biometría de voz también es vulnerable a la voz deepfake. A medida que la generación de voz deepfake se vuelve más sofisticada, existe un mayor riesgo de que actores maliciosos puedan clonar la voz de alguien para obtener acceso no autorizado a sistemas que dependen de la verificación de voz”, añade.
Tendencias es un nuevo proyecto de EL PAÍS, con el que el diario aspira a abrir una conversación permanente sobre los grandes retos de futuro que afronta nuestra sociedad. La iniciativa está patrocinada por Abertis, Enagás, EY, Iberdrola, Iberia, OEI, Redeia, Santander, Telefónica y el partner estratégico Oliver Wyman.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
elpaos.com
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
ELPAIS.COM