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Abinader lleva delantera en 20 por ciento de votos escrutados con 59.22 por ciento.

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Santo Domingo, R.D.-Con un veinte por ciento de los votos contabilizados de los emitidos este domingo en las elecciones presidenciales y congresuales,   Luis Abinader se perfila como el reelegido a la presidencia de la República.

El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y otras organizaciones aliadas, se llevó este domingo la victoria con el 38% de las mesas computadas, con un porcentaje del 59.24% de los votos, de acuerdo con el boletín primario de la Junta Central Electoral (JCE).

Abinader, que llegó al torneo electoral como el principal favorito ante sus ocho contendientes (seis hombres y dos mujeres), seguiría en el poder durante los próximos cuatro años (2024-2028), logrando así dos mandatos consecutivos.

El primer boletín de la Junta Central Electoral fue emitido con el 38 % de las mesas computadas.

El presidente reelecto se presentó en los comicios enfrentando a dos candidatos populares de esta jornada electoral: Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), quien, en este 38%,  logró un 26.91% de los votos, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien solo obtuvo un 10.63 de los sufragios, en esta primera entrega de votos.

Al menos 16,851 colegios electorales estuvieron abiertos desde 07:00 de la mañana en las 32 provincias del país. Tras 12 horas de votación, las urnas cerraron a las 7:00 de la noche.

Para estas elecciones, Abinader tuvo el respaldo de 20 partidos políticos, aliados al PRM: Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Dominicanos por el Cambio, Justicia Social, Reformista Social Cristiano, Movimiento Democrático Alternativo, Acción Liberal, Socialista Verde, Cívico Renovador, Demócrata Popular.

También: el Partido Humanista Dominicano, Liberal Reformista, Nacional Voluntad Ciudadana, País Posible, Popular Cristiano, Primero la Gente, Revolucionario Independiente, Revolucionario Social Demócrata, Unidad Nacional, y Unión Demócrata Cristiana.

El contexto político

Antes de ganar la Presidencia en 2020, con cerca del 53 % de los votos, Abinader, de 56 años, decía que no era partidario de la reelección continua. Sin embargo, en agosto de 2023 anunció que iba por otro cuatrienio, luego de haber reflexionado y entendido que el país está “por encima” de su “tranquilidad familiar o personal”.

Ahora, este será su último período, ya que la Constitución dominicana le prohíbe reelegirse por segunda ocasión.

Dos semanas antes de celebrarse las elecciones, Abinader dejó muy claro que no modificará la Constitución para buscar un tercer mandato consecutivo, aun tenga la mayoría de los votos en el Congreso Nacional.

“Yo me voy en el 2028. No todos los políticos somos iguales. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia”, afirmó el presidente, al ser entrevistado en “La Propuesta de los Candidatos” del Grupo Corripio.

Y advirtió: “Al contrario, lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no venga otro a querer cambiarla. Ese es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país”.

En una entrevista con este diario, el presidente reveló que después de las elecciones sostendrá una reunión con todos los aspirantes presidenciales del PRM, “para hacer un protocolo de cómo se van a desarrollar, y los voy a apoyar a todos”.

Las propuestas

Entre las principales propuestas de Abinader, en el ámbito de la educación, buscará ampliar los programas en modalidad técnica vocacional y artes, con enfoque territorial e inclusivo; e implementar espacios de resolución alternativa de conflictos o mediación escolar dentro de los centros escolares.

En el área de salud y seguridad social, promoverá la salud y la alimentación saludable como un estilo de vida a través del programa “Salud Escolar”, complementado con los programas de deportes y recreación en las escuelas.

Además, buscará crear un “Plan de Primer Empleo” con enfoque sectorial, apoyado en la educación, con el fin de reformar la enseñanza técnica especializada, ofreciendo programas de becas territorializadas y formación en inglés como segunda lengua, así como especializar la educación superior de los liceos en estos dos temas.

Incluye, también, un programa de orientación ciudadana acerca del proceso de vejez, atención y cuidados que debe brindarse a estas personas, y se promoverá la imagen de la población envejeciente, mediante programas de interacción de la población infantil con las personas adultas mayores en las escuelas.

En cuanto a una mayor participación de las mujeres, fortalecerá el programa de primer empleo inclusivo, con énfasis en sectores tradicionalmente masculinizados. Promover la generación de empleos de calidad, a través de los servicios de cuidado, en alianzas público-privadas.

En el ámbito de la población carcelaria, como acción a favor de la seguridad ciudadana, implementará el programa de reinserción laboral de exinternos carcelarios.

También, buscará que la población que se encuentre en la cárcel, reciba capacitaciones laborales, artísticas, religiosas, psicológicas, de manera tal que la estadía en estos centros sea realmente un proceso de reformación que lleve a la reinserción de esas personas.

Sus propuestas, incluye: el impulsar desde el Estado un programa de reinserción laboral; para pasar de personas que hoy son pasivos sociales para transformarlos en activos para la sociedad.

Promover la educación en seguridad vial, incluyendo programa de examen para licencia de conducir en los liceos, con enfoque de género, derechos humanos e inclusión.

Ampliar los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Fortalecer el Consejo Nacional de Discapacidad y devolver su fin natural, fortaleciendo y promoviendo su relación con instituciones gubernamentales.

Con relación al comercio, ejecutar una campaña de información y formación para la exportación de productos agropecuarios hacia el Caribe; y promover el financiamiento a asociaciones y cooperativas con fines de exportación hacia el Caribe.

Desarrollar los programas ProRural y Prioritario de Desarrollo Rural con componente prioritario de ecoturismo. En el área de agroindustria, ejecutar el programa de desarrollo productivo con componente priorizado de estrategia de agroindustrialización.

Implementar el plan “De caminos vecinales a vías para el desarrollo rural”; para fortalecer las infraestructuras, mientras que, en vivienda, se aplicará el Plan Dominicana, se reconstruye con componentes de zonas rurales.

Para garantizar el acceso a los servicios básicos, se promoverá la aplicación del Pacto por el agua con énfasis en el uso eficiente del agua en la zona rural. En Energía se aplicarán programas de electrificación rural con paneles solares.

Implementar programas de inserción laboral como RD Trabaja, Transición Verde BID, entre otros. En seguridad ciudadana, ejecutar la estrategia integral de seguridad ciudadana basada en oportunidades.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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