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Abinader lleva delantera en 20 por ciento de votos escrutados con 59.22 por ciento.
Santo Domingo, R.D.-Con un veinte por ciento de los votos contabilizados de los emitidos este domingo en las elecciones presidenciales y congresuales, Luis Abinader se perfila como el reelegido a la presidencia de la República.
El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y otras organizaciones aliadas, se llevó este domingo la victoria con el 38% de las mesas computadas, con un porcentaje del 59.24% de los votos, de acuerdo con el boletín primario de la Junta Central Electoral (JCE).
El primer boletín de la Junta Central Electoral fue emitido con el 38 % de las mesas computadas.
El presidente reelecto se presentó en los comicios enfrentando a dos candidatos populares de esta jornada electoral: Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), quien, en este 38%, logró un 26.91% de los votos, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien solo obtuvo un 10.63 de los sufragios, en esta primera entrega de votos.
Al menos 16,851 colegios electorales estuvieron abiertos desde 07:00 de la mañana en las 32 provincias del país. Tras 12 horas de votación, las urnas cerraron a las 7:00 de la noche.
Para estas elecciones, Abinader tuvo el respaldo de 20 partidos políticos, aliados al PRM: Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Dominicanos por el Cambio, Justicia Social, Reformista Social Cristiano, Movimiento Democrático Alternativo, Acción Liberal, Socialista Verde, Cívico Renovador, Demócrata Popular.
También: el Partido Humanista Dominicano, Liberal Reformista, Nacional Voluntad Ciudadana, País Posible, Popular Cristiano, Primero la Gente, Revolucionario Independiente, Revolucionario Social Demócrata, Unidad Nacional, y Unión Demócrata Cristiana.
El contexto político
Antes de ganar la Presidencia en 2020, con cerca del 53 % de los votos, Abinader, de 56 años, decía que no era partidario de la reelección continua. Sin embargo, en agosto de 2023 anunció que iba por otro cuatrienio, luego de haber reflexionado y entendido que el país está “por encima” de su “tranquilidad familiar o personal”.
Ahora, este será su último período, ya que la Constitución dominicana le prohíbe reelegirse por segunda ocasión.
Dos semanas antes de celebrarse las elecciones, Abinader dejó muy claro que no modificará la Constitución para buscar un tercer mandato consecutivo, aun tenga la mayoría de los votos en el Congreso Nacional.
“Yo me voy en el 2028. No todos los políticos somos iguales. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia”, afirmó el presidente, al ser entrevistado en “La Propuesta de los Candidatos” del Grupo Corripio.
Y advirtió: “Al contrario, lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no venga otro a querer cambiarla. Ese es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país”.
En una entrevista con este diario, el presidente reveló que después de las elecciones sostendrá una reunión con todos los aspirantes presidenciales del PRM, “para hacer un protocolo de cómo se van a desarrollar, y los voy a apoyar a todos”.
Las propuestas
Entre las principales propuestas de Abinader, en el ámbito de la educación, buscará ampliar los programas en modalidad técnica vocacional y artes, con enfoque territorial e inclusivo; e implementar espacios de resolución alternativa de conflictos o mediación escolar dentro de los centros escolares.
En el área de salud y seguridad social, promoverá la salud y la alimentación saludable como un estilo de vida a través del programa “Salud Escolar”, complementado con los programas de deportes y recreación en las escuelas.
Además, buscará crear un “Plan de Primer Empleo” con enfoque sectorial, apoyado en la educación, con el fin de reformar la enseñanza técnica especializada, ofreciendo programas de becas territorializadas y formación en inglés como segunda lengua, así como especializar la educación superior de los liceos en estos dos temas.
Incluye, también, un programa de orientación ciudadana acerca del proceso de vejez, atención y cuidados que debe brindarse a estas personas, y se promoverá la imagen de la población envejeciente, mediante programas de interacción de la población infantil con las personas adultas mayores en las escuelas.
En cuanto a una mayor participación de las mujeres, fortalecerá el programa de primer empleo inclusivo, con énfasis en sectores tradicionalmente masculinizados. Promover la generación de empleos de calidad, a través de los servicios de cuidado, en alianzas público-privadas.
En el ámbito de la población carcelaria, como acción a favor de la seguridad ciudadana, implementará el programa de reinserción laboral de exinternos carcelarios.
También, buscará que la población que se encuentre en la cárcel, reciba capacitaciones laborales, artísticas, religiosas, psicológicas, de manera tal que la estadía en estos centros sea realmente un proceso de reformación que lleve a la reinserción de esas personas.
Sus propuestas, incluye: el impulsar desde el Estado un programa de reinserción laboral; para pasar de personas que hoy son pasivos sociales para transformarlos en activos para la sociedad.
Promover la educación en seguridad vial, incluyendo programa de examen para licencia de conducir en los liceos, con enfoque de género, derechos humanos e inclusión.
Ampliar los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Fortalecer el Consejo Nacional de Discapacidad y devolver su fin natural, fortaleciendo y promoviendo su relación con instituciones gubernamentales.
Con relación al comercio, ejecutar una campaña de información y formación para la exportación de productos agropecuarios hacia el Caribe; y promover el financiamiento a asociaciones y cooperativas con fines de exportación hacia el Caribe.
Desarrollar los programas ProRural y Prioritario de Desarrollo Rural con componente prioritario de ecoturismo. En el área de agroindustria, ejecutar el programa de desarrollo productivo con componente priorizado de estrategia de agroindustrialización.
Implementar el plan “De caminos vecinales a vías para el desarrollo rural”; para fortalecer las infraestructuras, mientras que, en vivienda, se aplicará el Plan Dominicana, se reconstruye con componentes de zonas rurales.
Para garantizar el acceso a los servicios básicos, se promoverá la aplicación del Pacto por el agua con énfasis en el uso eficiente del agua en la zona rural. En Energía se aplicarán programas de electrificación rural con paneles solares.
Implementar programas de inserción laboral como RD Trabaja, Transición Verde BID, entre otros. En seguridad ciudadana, ejecutar la estrategia integral de seguridad ciudadana basada en oportunidades.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.