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Aunque con una elección sin legitimidad, Luis Abinader se queda en el poder
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader logro su reelección por cuatro años más, pese a que el proceso carece de legitimidad por el nivel de abstención que se produjo a nivel general.
El candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y otras organizaciones aliadas, se llevó la victoria en las elecciones presidenciales, luego de que los principales candidatos de la oposición, Leonel Fernández y Abel Martínez se comunicaran con él y para felicitarlo por su victoria.
De acuerdo con los datos de la Junta Central Electoral (JCE) emitidos en la medianoche, Abinader obtuvo el 57.16% de los votos, con el 94.58 de los colegios computados, de acuerdo con datos de la Junta Central Electoral (JCE).
Abinader, que llegó al torneo electoral como el principal favorito ante sus nueve contendientes (siete hombres y dos mujeres), seguirá en el poder durante los próximos cuatro años (2024-2028), logrando así dos mandatos consecutivos.
El presidente reelecto se presentó en los comicios enfrentando a los dos candidatos más populares de esta jornada electoral: Leonel Fernández, candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), quien logró un 29.34% de los votos, y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien solo obtuvo un 10.21 % de los sufragios.
Para estas elecciones, Abinader tuvo el respaldo de 20 partidos políticos, aliados al PRM: Alianza País, Alianza por la Democracia, Partido Dominicanos por el Cambio, Justicia Social, Reformista Social Cristiano, Movimiento Democrático Alternativo, Acción Liberal, Socialista Verde, Cívico Renovador, Demócrata Popular.
También: el Partido Humanista Dominicano, Liberal Reformista, Nacional Voluntad Ciudadana, País Posible, Popular Cristiano, Primero la Gente, Revolucionario Independiente, Revolucionario Social Demócrata, Unidad Nacional, y Unión Demócrata Cristiana.
EL CONTEXTO POLÍTICO
Antes de ganar la presidencia en 2020, con cerca del 53 % de los votos, Abinader, de 56 años, decía que no era partidario de la reelección continua.
Sin embargo, en agosto de 2023 anunció que iba por otro cuatrienio, luego de haber reflexionado y entendido que el país está “por encima” de su “tranquilidad familiar o personal”.
Ahora, este será su último período, ya que la Constitución dominicana le prohíbe reelegirse por segunda ocasión.
Dos semanas antes de celebrarse las elecciones, Abinader dejó muy claro que no modificará la Constitución para buscar un tercer mandato consecutivo, aun tenga la mayoría de los votos en el Congreso Nacional.
“Yo me voy en el 2028. No todos los políticos somos iguales. A mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia”, afirmó el presidente, al ser entrevistado en “La Propuesta de los Candidatos” del Grupo Corripio.
Y advirtió: “Al contrario, lo que yo quiero es modificar la Constitución para ponerle el candado, para que no venga otro a querer cambiarla. Ese es el legado a la democracia que yo le voy a dejar a este país”.
En una entrevista con este diario, el presidente reveló que después de las elecciones sostendrá una reunión con todos los aspirantes presidenciales del PRM, “para hacer un protocolo de cómo se van a desarrollar, y los voy a apoyar a todos”.
LAS PROPUESTAS
Entre las principales propuestas de Abinader, en el ámbito de la educación, buscará ampliar los programas en modalidad técnica vocacional y artes, con enfoque territorial e inclusivo; e implementar espacios de resolución alternativa de conflictos o mediación escolar dentro de los centros escolares.
En el área de salud y seguridad social, promoverá la salud y la alimentación saludable como un estilo de vida a través del programa “Salud Escolar”, complementado con los programas de deportes y recreación en las escuelas.
Además, buscará crear un “Plan de Primer Empleo” con enfoque sectorial, apoyado en la educación, con el fin de reformar la enseñanza técnica especializada, ofreciendo programas de becas territorializadas y formación en inglés como segunda lengua, así como especializar la educación superior de los liceos en estos dos temas.
Incluye, también, un programa de orientación ciudadana acerca del proceso de vejez, atención y cuidados que debe brindarse a estas personas, y se promoverá la imagen de la población envejeciente, mediante programas de interacción de la población infantil con las personas adultas mayores en las escuelas.
En cuanto a una mayor participación de las mujeres, fortalecerá el programa de primer empleo inclusivo, con énfasis en sectores tradicionalmente masculinizados. Promover la generación de empleos de calidad, a través de los servicios de cuidado, en alianzas público-privadas.
En el ámbito de la población carcelaria, como acción a favor de la seguridad ciudadana, implementará el programa de reinserción laboral de exinternos carcelarios.
También, buscará que la población que se encuentre en la cárcel, reciba capacitaciones laborales, artísticas, religiosas, psicológicas, de manera tal que la estadía en estos centros sea realmente un proceso de reformación que lleve a la reinserción de esas personas.
Sus propuestas, incluye: el impulsar desde el Estado un programa de reinserción laboral; para pasar de personas que hoy son pasivos sociales para transformarlos en activos para la sociedad.
Promover la educación en seguridad vial, incluyendo programa de examen para licencia de conducir en los liceos, con enfoque de género, derechos humanos e inclusión.
Ampliar los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID). Fortalecer el Consejo Nacional de Discapacidad y devolver su fin natural, fortaleciendo y promoviendo su relación con instituciones gubernamentales.
Con relación al comercio, ejecutar una campaña de información y formación para la exportación de productos agropecuarios hacia el Caribe; y promover el financiamiento a asociaciones y cooperativas con fines de exportación hacia el Caribe.
Desarrollar los programas ProRural y Prioritario de Desarrollo Rural con componente prioritario de ecoturismo. En el área de agroindustria, ejecutar el programa de desarrollo productivo con componente priorizado de estrategia de agroindustrialización.
Implementar el plan “De caminos vecinales a vías para el desarrollo rural”; para fortalecer las infraestructuras, mientras que, en vivienda, se aplicará el Plan Dominicana, se reconstruye con componentes de zonas rurales.
Para garantizar el acceso a los servicios básicos, se promoverá la aplicación del Pacto por el agua con énfasis en el uso eficiente del agua en la zona rural. En Energía se aplicarán programas de electrificación rural con paneles solares.
Implementar programas de inserción laboral como RD Trabaja, Transición Verde BID, entre otros. En seguridad ciudadana, ejecutar la estrategia integral de seguridad ciudadana basada en oportunidades.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.