De portada
Luis Abinader sufre un gran revés político al verse prácticamente obligado a sustituir al ministro de Educación.
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Por Elba García
Desde poco tiempo después de Roberto Fulcar llegar al Ministerio de Educación se iniciaron los riesgos de que el Gobierno cayera en los escándalos en los que ahora está envuelto a través de este importante funcionario.
Exactamente así ha ocurrido, porque al ahora exministro de Educación se le atribuía un distanciamiento de los que incluso estuvieron en su entorno más cercano, quien no respondía llamadas y concibió y aplicó una visión muy personal en el importante cargo.
La cuestión es que ha quedado demostrado que a los perredeistas no se les puede pedir una conducta diferente, porque parece que han sido formados para ese tipo de comportamiento, lo cual hace difícil, por decir no imposible, que esa visión de hacer política pueda cambiar.
El caso Fulcar se repite en una serie de instituciones públicas, cuyos titulares tienen la vocación de hacer lo mal hecho, pero es una inclinación que no es sólo propia de la gente del PRM, sino de todos los partidos que interectúan en el escenario nacional.
Sin embargo, el proceso de descredito del PRM avanza a pesar de los esfuerzos del presidente por constituirse en una forma hasta cierto punto diferente de administrar la cosa pública, pero es importante destacar que Luis Abinader no puede ser “todologo” y mucho menos perfecto para corregir los tantos errores que se cometen en su entorno partidario.
Lo ocurrido con Fulcar, quien llegó al Ministerio de Educación, y se manejaba como todo un príncipe con un personal supernumerario y con una diversidad de asistentes que tal vez ni el propio presidente los tiene, luce que hizo mucha mente con el alto presupuesto que maneja ese importante órgano del Estado, pero subestimó que independientemente de que él pensaba que ese cargo era de su propiedad, en el país existe una sociedad empoderada que no le permitiría los abusos y las sobrevaluaciones que allí se producían.
Definitivamente, en el caso Fulcar hay que reiterar que la poca transparencia en el manejo del patrimonio público por parte de los funcionarios de los diferentes partidos políticos es consustancial a una cultura que proviene de los tiempos de la colonia y que en consecuencia no es fácil de erradicar.