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Dirigente del PLD busca obtener su libertad con habeas corpus al ser acusado de violencia de género.

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Santo Domingo, RD.-El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD),Luis Inchausti Rivera, acusado de violencia física, verbal y psicológica en contra de una expareja, busca obtener hoy su libertad mediante el conocimiento de un recurso de hábeas corpus, al alegar  irregularidad de la prisión.

El recurso fue interpuesto por Inchausti Rivera, a través de sus abogados Jhon Garrido, Jaqueline Jiménez García y Julio Moreta, será conocido por el juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar.

Mientras que la solicitud de medida de coerción en contra del imputado, quien se encuentra recluido en la cárcel de Batey Bienvenido, debido a que dio a positivo al coronavirus, será conocida mañana viernes por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El tribunal tiene previsto conocer a las 9:00 de la mañana la medida de coerción de manera virtual, debido a que el imputado se encuentra aislado en el recinto carcelario, bajo el seguimiento médico necesario.

La instancia de medida de coerción fue presentada por la coordinadora de la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género del Distrito Nacional, Belkis René Rodríguez, quien está solicitando prisión preventiva en contra del imputado.

La fiscal alega que solicita la prisión, ya que el imputado, no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a estos y es reincidente en la comisión de delitos de violencia de género.

Acusación

El exdirector de los Programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) y la mujer víctima de la agresión mantuvieron una relación por casi siete años, tiempo en el que procrearon una hija.

Jiménez García, representante legal del imputado, niega la acusación señalando que fue la madre de la menor que fue a quitarle la niña de forma violenta, halándola por los brazos y para que no la tirara al piso, Inchausti Rivera fue a defender a su hija y en ese ínterin, cayeron al piso y él fue agredido por ella.

El hecho ocurrió a las 4:00 de la tarde del sábado 13 de febrero en una calle del sector de Piantini, del Distrito Nacional.

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Retroceso judicial hubo en el 2025 en R.D., según ve Colegio Abogados.

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SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)  el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.

Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.

Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.

Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.

Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.

También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.

agl-sp

 

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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.

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Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó  a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.

Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.

Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.

  • Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

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Llaman a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte

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Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega,  llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.

Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.

Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.

Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.

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