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Se inicia proceso de extradición de “El Don” a los Estados Unidos
Santo Domingo, RD.-Uno de los mas importantes cabecillas de la red de narcotráfico Operación Falcón ya esta a un paso de ser entregado a las autoridades de los Estados Unidos tras el presidente Luis Abinader emitir el decreto reglamentario que manda el protocolo al respecto.
El presidente Luis Abinader autorizó la extradición del llamado cacique de la región Este, el primer dominicano vinculado a la red de narcotráfico y lavado de activos que ha optado por su extradición voluntaria a los Estados Unidos, donde deberá responder a varios cargos.
En virtud del tratado de extradición entre República Dominicana y Estados Unidos, en el citado decreto se detallan al menos siete cargos por los que “El Don” fue pedido en extradición por Estados Unidos el pasado 23 de agosto, a través de su embajada en Santo Domingo.
Entre los cargos que pesan contra el imputado, figuran asociación ilícita y auxiliarse e incitarse entre sí y a otros para enviar a Estados Unidos, desde un lugar en el exterior, una sustancia controlada de droga narcótica, específicamente cocaína.
También aparece el cargo de asociación ilícita para cometer un delito en contra de Estados Unidos, que dice: “dirigir y tratar de dirigir transacciones financieras que afecten el comercio interestatal y extranjero, a saber, al recibir aproximadamente un millón de dólares americanos en efectivo, por enviar un cargamento de 700 kilogramos de cocaína”.
El jefe de operaciones de la estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia librar acta de que aceptaba irse de manera voluntaria en extradición “para demostrar mi inocencia”.
De la Cruz Morales es dueño de las tres estaciones de combustibles en su pueblo, donde fueron encontrados 4.3 millones de dólares, vehículos de alta gama, armas de altos calibres y apartamentos lujosos.
Mientras tanto, Erquidenio Balbuena Agueda (Putín), que está detenido en el pabellón de extraditable de la cárcel de Najayo a espera de un decreto autorizando su extradición, es reclamado por Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.
Fue director de la junta distrital de Las Galeras, Samaná, durante el período 2010-2016, por el Partido de la Liberación Dominicana (PL por el PLD.
Balbuena Agueda también había pedido a los jueces de la Segunda Sala Penal de la SCJ librar acta de que aceptaba irse de manera voluntaria.
El Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos fue firmado en Santo Domingo el 19 de junio de 1909, y está en vigor desde el 2 de agosto de 1910. Su propósito es aunar la cooperación jurídica internacional para la entrega recíproca de delincuentes. El 12 de enero de 2015, las autoridades dominicanas y estadounidenses suscribieron otro tratado para enfrentar el crimen y la delincuencia nacional e internacional, el cual abarca nuevas modalidades delictivas, como los tipificados de alta tecnología, terrorismo, narcotráfico y sicariato.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.