Santo Domingo, RD.-Bajo un ambiente de lluvia, al avance de la tarde de ayer, jueves, Carmen Magalys Rafael Medina Sánchez y Rafael Germosén abandonaron la prisión de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con rumbo hacia sus hogares donde estarán sometidos al rigor legal de tres meses de arresto domiciliario que le impuso el juez Alejandro Vargas, al ser imputados por casos de corrupción.Nacionales
Magalys y Germosén, ahora presos en casa
Santo Domingo, RD.-Bajo un ambiente de lluvia, al avance de la tarde de ayer, jueves, Carmen Magalys Rafael Medina Sánchez y Rafael Germosén abandonaron la prisión de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con rumbo hacia sus hogares donde estarán sometidos al rigor legal de tres meses de arresto domiciliario que le impuso el juez Alejandro Vargas, al ser imputados por casos de corrupción.En un intento por evitar la captura de sus rostros por una batería de cámaras mientras subían a los vehículos que les llevaría a casa, Medina Sánchez y Germosén se cubrían sus rostros con bolsas y bajaban sus cabezas.
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, y el excontralor general de la República, Rafael Germosén, fueron escoltados por la parte trasera del Palacio de Justicia.
Con su salida, ahora queda pendiente por salir de prisión el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo.
La salida de la cárcel y el traslado a los domicilios de Carmen Magalys y Rafael Germosén se cumplió después de estos haber pagado el monto de la garantía económica de 10 millones de pesos, individual, y del equipo de brazaletes electrónicos que deberán cargar, aspectos que también forman parte de la decisión del juez José Alejandro Vargas.
Los demás implicados en el caso, excepto Domingo Santiago Muñoz, fueron trasladados el pasado miércoles a la cárcel de Najayo-Hombres, en San Cristóbal, donde deberán cumplir la sendencia de tres meses de prisión preventiva.
En el caso de Domingo Muñoz, el juez Alejandro Vargas le concedió a este su libertad, con presentación periódica ante las autoridades del Ministerio Público.
Están en prisión Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Aquiles Alejandro y Wacal Méndez Pineda.
Abogados Visitan a Suriel Suazo
Los abogados Mario Eduardo Aguilera y Manuel Peralta visitaron ayer a su cliente en prisión, Julián Esteban Suriel Suazo, para “confirmar el buen estado de su representado”.
“Vinimos a confirmar el buen estado de nuestro representado, ya que hubo un cambio de planes de último momento en el recinto donde debía cumplir la prisión preventiva”, explicó Aguilera.
A pesar de la decisión del juez José Alejandro Vargas, que envió a Suriel Suazo al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, este fue trasladado anoche a la cárcel Najayo-Hombre, por “falta de espacio”.
“Aquí no tenemos la mismas condiciones que en San Pedro; esa cárcel tiene mejores condiciones para los internos, y vamos a procurar lo que tenemos que hacer”, manifestó Aguilera.
Asimismo, calificó de “agridulce” la decisión adoptada por el magistrado Vargas. “Fue muy dulce para nosotros escuchar al magistrado Vargas establecer que nuestro cliente no guarda ningún tipo de relación con el señor Alexis Medina, en relación al objeto que se le acusa”, dijo.
PRISIÓN
Hay 7 en Najayo.
La noche del miércoles fueron trasladados siete del grupo de imputados a la cárcel Najayo-Hombres, algo que no estaba contemplado en la sentencia del juez Alejandro Vargas, pero luego la directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra , justificó la medida, explicando que comuncio al magistrado que el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal es un espacio que fue inaugurado por el expresidente Danilo Medina, sin haberse completado la obra, por lo que los presos en calificación de máxima seguridad no podían ir al recinto de población común.
listindiario.com
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Ante los citados hechos, el órgano acusador solicitó prisión preventiva como medida cautelar, contra Santillán Faulkner para garantizar su presencia durante el proceso, argumentando que su libertad representa un alto riesgo de fuga.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
El Ministerio Público amplió la acusación, sumando nuevos imputados y presentando denuncia formal contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, para un total de 41 procesados en este caso.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.