Santo Domingo, RD.-Bajo un ambiente de lluvia, al avance de la tarde de ayer, jueves, Carmen Magalys Rafael Medina Sánchez y Rafael Germosén abandonaron la prisión de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con rumbo hacia sus hogares donde estarán sometidos al rigor legal de tres meses de arresto domiciliario que le impuso el juez Alejandro Vargas, al ser imputados por casos de corrupción.Nacionales
Magalys y Germosén, ahora presos en casa
Santo Domingo, RD.-Bajo un ambiente de lluvia, al avance de la tarde de ayer, jueves, Carmen Magalys Rafael Medina Sánchez y Rafael Germosén abandonaron la prisión de la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, con rumbo hacia sus hogares donde estarán sometidos al rigor legal de tres meses de arresto domiciliario que le impuso el juez Alejandro Vargas, al ser imputados por casos de corrupción.En un intento por evitar la captura de sus rostros por una batería de cámaras mientras subían a los vehículos que les llevaría a casa, Medina Sánchez y Germosén se cubrían sus rostros con bolsas y bajaban sus cabezas.
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Danilo Medina, y el excontralor general de la República, Rafael Germosén, fueron escoltados por la parte trasera del Palacio de Justicia.
Con su salida, ahora queda pendiente por salir de prisión el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo.
La salida de la cárcel y el traslado a los domicilios de Carmen Magalys y Rafael Germosén se cumplió después de estos haber pagado el monto de la garantía económica de 10 millones de pesos, individual, y del equipo de brazaletes electrónicos que deberán cargar, aspectos que también forman parte de la decisión del juez José Alejandro Vargas.
Los demás implicados en el caso, excepto Domingo Santiago Muñoz, fueron trasladados el pasado miércoles a la cárcel de Najayo-Hombres, en San Cristóbal, donde deberán cumplir la sendencia de tres meses de prisión preventiva.
En el caso de Domingo Muñoz, el juez Alejandro Vargas le concedió a este su libertad, con presentación periódica ante las autoridades del Ministerio Público.
Están en prisión Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Aquiles Alejandro y Wacal Méndez Pineda.
Abogados Visitan a Suriel Suazo
Los abogados Mario Eduardo Aguilera y Manuel Peralta visitaron ayer a su cliente en prisión, Julián Esteban Suriel Suazo, para “confirmar el buen estado de su representado”.
“Vinimos a confirmar el buen estado de nuestro representado, ya que hubo un cambio de planes de último momento en el recinto donde debía cumplir la prisión preventiva”, explicó Aguilera.
A pesar de la decisión del juez José Alejandro Vargas, que envió a Suriel Suazo al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, este fue trasladado anoche a la cárcel Najayo-Hombre, por “falta de espacio”.
“Aquí no tenemos la mismas condiciones que en San Pedro; esa cárcel tiene mejores condiciones para los internos, y vamos a procurar lo que tenemos que hacer”, manifestó Aguilera.
Asimismo, calificó de “agridulce” la decisión adoptada por el magistrado Vargas. “Fue muy dulce para nosotros escuchar al magistrado Vargas establecer que nuestro cliente no guarda ningún tipo de relación con el señor Alexis Medina, en relación al objeto que se le acusa”, dijo.
PRISIÓN
Hay 7 en Najayo.
La noche del miércoles fueron trasladados siete del grupo de imputados a la cárcel Najayo-Hombres, algo que no estaba contemplado en la sentencia del juez Alejandro Vargas, pero luego la directora del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra , justificó la medida, explicando que comuncio al magistrado que el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal es un espacio que fue inaugurado por el expresidente Danilo Medina, sin haberse completado la obra, por lo que los presos en calificación de máxima seguridad no podían ir al recinto de población común.
listindiario.com
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Puede leer
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Nacionales
Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
La menor murió en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros, durante una actividad recreativa organizada por el centro educativo.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
“Ni siquiera se incluyó al presidente del colegio Leonardo Da Vinci ni a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, quienes tampoco habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil”, expresó.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
En medio del dolor, la madre de la menor fallecida, Loveli Raphael, salió de la sala de audiencia visiblemente afectada y entre lágrimas expresó que lo único que desea es que se haga justicia por la muerte de su hija.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
La jurista explicó que la corte evaluó los argumentos presentados antes de ratificar la medida de coerción.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.