Santo Domingo, R.D.-Con motivo al aniversario 182 de la Batalla del 19 de Marzo, militares y combatientes constitucionalistas se dieron cita este viernes en el Altar de la Patria para rendir homenaje a los héroes que protagonizaron este hecho en la historia dominicana.

Durante este acto, el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, Andrés Fortunato, destacó la importancia de este hecho, señalando que fue determinante para consolidar las posibilidades de la independencia nacional.

Fortunato explicó que si las tropas encabezadas por el general haitiano Charles Hérard hubiesen logrado avanzar hacia la capital con su ejército, el destino de la nación habría sido distinto, comprometiendo la soberanía dominicana.

El presidente de la fundación destacó el papel del general Pedro Santana, quien logró detener el avance de las fuerzas haitianas en Azua, impidiendo su paso y evitando que se concretaran planes de unificación de la isla.

“Si Charles Hérard hubiera llegado a la capital con los 10,000 soldados que vino y Santana no lo para en Azua y le impide pasar nosotros hoy fueramos haitianos”, expresó.

El dirigente calificó la Batalla del 19 de Marzo como “una hazaña “que debe ser recordada permanentemente, al considerar que marcó el camino para la defensa del país frente a cualquier amenaza extranjera.

“Esa hazaña hay que recordarla permanentemente en este país, esa hazaña es realmente la que nos ha permitido ser dominicanos y nos enseñó a combatir a todos los sectores extranjeros que vinieron como fueron los españoles después y los americanos, que la crisis de 16 de junio no pudieron tomar la ciudad nueva y derocar al gobierno constitucional en arma de Francisco Alberto Caamaño Deñó”, agregó.

Asimismo, relacionó ese espíritu de lucha con episodios anteriores de la historia, como la resistencia ante intervenciones extranjeras, incluyendo la defensa del gobierno constitucional encabezado por Caamaño Deñó en 1965.

Fortunato aprovechó el momento para denunciar supuestas irregularidades en la zona fronteriza, donde, según indicó, se estarían cobrando altas sumas de dinero para permitir el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros, lo que calificó como una traición a la patria.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables, al tiempo que insistió en la necesidad de reforzar los controles migratorios para preservar la seguridad nacional.

También advirtió sobre el crecimiento de las bandas armadas en Haití y alertó sobre posibles intereses internacionales vinculados a recursos estratégicos, como las tierras raras, subrayando la importancia de mantener la soberanía y la vigilancia ante cualquier escenario que pueda poner en riesgo la estabilidad de la República Dominicana.

SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)  será sometida a la justicia.

El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.

Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.

• «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.

Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.

La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.

Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el  Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la  TC/0118/26 de la Suprema que  ordenó emitir un nuevo fallo.

Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.

La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.

La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.

El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.

El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.

Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.

Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.

La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.

«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.

Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.