Otros fueron sometidos por legalizar permisos de viajes de menores en los cuales uno de los padres había falsificado la firma del otro, y un reducido grupo ha participado en embargos irregulares,  que han terminado en  atracos, porque fueron sustraídos bienes.

Algunos notarios enjuiciados han brindado sus servicios para testamentos y herencias.

De cuatro notarios que recientemente fueron suspendidos provisionalmente por la Comisión Disciplinaria del Colegio Dominicano de Notarios, dos tenían la costumbre de dejar hojas en blanco,  firmadas y selladas, en fotocopiadoras y en una cafetería, para que sean vendidas a los abogados que requieran sus servicios notariales. Se determinó, además, que habían legalizado firmas de personas fallecidas.

Entre los suspendidos provisionalmente figuran el notario Julio César Troncoso Saint Clair, quien está acusado de dedicarse a la venta de hojas notariales en blanco, rubricadas y selladas por él.

REQUISITOS. El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, precisó que la ley dice que el notario tiene que ver las partes firmantes y verificar si está en capacidad para contratar.

Fue suspendida la notaria Margarita del Alba Piñeyro López, a quien se le atribuye incurrir en la falta de legalizar un acto bajo firma privada de un supuesto contrato de venta, sin que la firma de las partes, y en cambio aparezca firmado y sellado por la notaria, que tenía por práctica dejar el papel en una cafetería próximo a un tribunal.

En la resolución que la envía a juicio disciplinario,  se hace constar que la notaria declaró que reconoce que esa es su firma y sello, y que le firma siempre y cuando sea un colega o un abogado. Señaló, además, que se ha visto envuelta en otros problemas,  por lo que no legaliza documentos de inmuebles.

El notario Juan Ferreras Matos fue sometido por legalizar un poder otorgado para la venta de un vehículo que no había sido firmado por el  poderdante, es decir, por la persona que presuntamente dio la autorización.

El otro sometimiento es del notario Carlos Manuel Fernández,  fundamentado en  que legalizó un poder especial de representación, donde da fe y certifica que en su presencia firmaron una serie de personas, figurando entre ellas una que había fallecido un año antes.

En el expediente consta que Fernández admitió que la firma y sello que aparecían en el documento eran de él y explicó que cuando fue a legalizar ese acto ya estaba firmado, sin ver a las personas que lo hicieron.

Los expedientes de esos notarios fueron remitidos por la  Comisión Disciplinaria del Colegio de Notarios ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y también a la SCJ.

Actuaciones irregulares
El fiscal del Colegio de Notarios, Antonio Rodríguez Tejada, expuso que por lo general el notario es sorprendido en su buena fe, y que incurre en mala práctica producto de la confianza.

Argumentó que firman sin ver las partes y  luego se determina que la persona  no había suscrito el documento o había muerto, porque no la había visto,  quedando el notario involucrado en esa actuación ilícita.

En cuanto al manejo de los embargos, expuso que se trata de un acto delincuencial, porque el notario lo hace con conocimiento de la irregularidad. Indicó que  la ley 140-15 sobre el Notariado le da la facultad al notario de participar en el embargo junto con el alguacil pero con la responsabilidad de levantar el acta con el debido proceso para garantizar bienes y propiedades.

Empero, resaltó que en sentido general hay una actuación correcta de los notarios, tras enfatizar que solo han sido sometidos unos 150 de una matrícula de más de 7,000. Indicó que esos que incurren en actos ilícitos hacen mucho ruido,  porque la actuación del notario  valida situaciones.

(+)
PROCEDIMIENTOS Y SOMETIMIENTOS
A juicio disciplinario han sido sometidos a a 150 notarios, pero solo se le ha dado curso a 115 querellas, debido a que se determinó que las restantes 35 no tenían méritos. El fiscal Rodríguez Tejada explicó el procedimiento que se sigue cuando un oficial es acusado de alguna actuación ilícita.

El afectado presenta una querella ante la Fiscalía del Colegio de Notarios, que si entiende tiene mérito, apodera al Tribunal disciplinario del gremio, compuesto por tres jueces. Si los jueces determinan que hay motivos impone una sanción provisional, que puede ser recurrida ante la Corte de Apelación Civil, y la decisión, que esta emite, a su vez, se recurre en casación ante la Suprema Corte de Justicia.

listindiario.com