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Realizan reuniones para definir proceso de fusión y eliminación de entidades públicas
Santo Domingo, R.D.-Sigmund Freund, ministro de Administración Pública, informó que ya se realizaron las primeras reuniones de trabajo para concretar las fusiones y eliminaciones anunciadas por el Gobierno, como parte de la propuesta de Reestructuración y Racionalización de la Administración Pública.
Al ser entrevistado en la última edición del programa MAPTV, el titular del MAP indicó que esas primeras reuniones fueron para establecer el procedimiento a seguir en esas instituciones.
“Hicimos las primeras reuniones de trabajo para establecer todo lo que es el plan de ruta, el calendario y los procedimientos que vamos a utilizar; además de la división de trabajos en cuanto a las diferentes instituciones que van a estar involucradas en el proceso”, señaló Freund.
Explicó que en este proceso están involucradas múltiples instituciones, como la Consultoría Jurídica, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto (Digepres), además de las instituciones que resultarán impactadas por la reestructuración del Estado.
“El MAP no puede hacer fusiones y eliminaciones por sí mismo, sino que necesitamos la integración de todos estos sectores, como la Consultoría Jurídica, porque tenemos aspectos normativos que abordar, aspectos operacionales, estructurales, recursos humanos, presupuestarios; todo eso implica una serie de elementos que tenemos que trabajarlos de la mano con estas instituciones y ya ese proceso está en marcha”, manifestó.
El funcionario adelantó que en el transcurso de esta semana se estarán anunciando y dando a conocer algunos resultados con relación a ese proceso.
“Esto es parte de lo que nosotros hemos denominado una segunda ola, ya de profundización, de lo que el presidente inició cuando en el 2020, identificó algunas instituciones que eran necesarias su eliminación y su fusión. En este momento ya sí nosotros vamos a impactar aspectos mucho más profundos y de mayor relevancia para lo que es el sector y las finanzas públicas”, argumentó.
Relanzamiento del MAP
El titular del MAP indicó que la institución que dirige por igual entrará en un proceso de transformación y “cambio de cultura”.
“Yo creo que el Ministerio de Administración Pública ha sido una especie, durante muchos años, de cenicienta porque no se dimensiona ni se potencializa el valor que tiene para la administración pública, el MAP no debe verse, como en los últimos años se había estado viendo, como una institución que coarta o limita las potencialidades o capacidades de las otras instituciones hermanas”, sostuvo el ministro durante la entrevista.
Agregó que el MAP debe posicionarse como una entidad que acompaña, que promueve la eficiencia, y que apoya la mejora de los servicios públicos, como es el caso de la profesionalización de la administración pública.
Señaló que propiciará un “cambio de cultura interna” que se centrará en dejar atrás la percepción de ser un ministerio que solamente les brinda servicios a otras instituciones, para impactar en la mejora de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía.
Freund explicó que parte de esa transformación, tanto del MAP como del Estado, se centra en la mejora de las condiciones económicas y laborales para los servidores públicos en búsqueda de que estos puedan brindar los servicios adecuados a los ciudadanos.
“Desde hace muchos años tenemos una situación puntual que es la Ley General de Salarios se aprobó en 2013, y no ha habido ni siquiera una adecuación a la realidad económica de lo que debe ser el salario del servidor público. Si nosotros no mejoramos esas condiciones, tampoco podremos lograr esos niveles óptimos de funcionamiento”, manifestó.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.