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Marcha Verde denuncia delincuentes y asesinos participan impunemente en la dirección del Estado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Marcha Verde denunció este domingo la presencia en el Gobierno y en la dirección del Estado, de una delincuencia política que se roba los recursos públicos y asesina a quienes intervienen en sus planes de perpetuarse en el poder.
Los activistas del movimiento señalaron la participación directa del presidente Danilo Medina, la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus representantes en el Congreso y el sistema de Justicia como impulsores de ese sistema de criminalidad.
Durante el acto de inicio de su Jornada Nacional de Movilización o Día Verde, frente a las instalaciones de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), el movimiento advirtió que las muertes de la OMSA, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) son trágicas expresiones de una inmensa estructura de corrupción en la que delincuentes y asesinos operan sin ningún tipo de consecuencia.
“Anunciamos nuestra inquebrantable decisión de continuar enfrentando por todas las vías ciudadanas posibles a esa delincuencia política que roba y mata; que secuestra las instituciones; que niega la democracia y el cuestionamiento público; que pervierte los tribunales; que intenta burlarse del multitudinario y legítimo reclamo de Justicia y dignidad del pueblo dominicano; y que apuesta a que los hombres y mujeres de corazón verde desistan, se cansen y levanten la bandera de la rendición. Nuestra lucha solo termina con la victoria: el Fin de la Impunidad”, resaltó el colectivo en la proclama oficial de la jornada.
Programa por el fin de la impunidad
En el marco del Día Verde, con decenas de manifestaciones en todas las provincias del país y en varias ciudades del extranjero, Marcha Verde convocó la ciudadanía y a todos los sectores organizados a construir un Programa Nacional por el Fin de la Impunidad, en el que se definan las transformaciones sociales, institucionales y políticas indispensables para terminar con el régimen de impunidad y corrupción que afecta a la nación.
En el Programa Nacional por el Fin de la Impunidad, explica el colectivo, la sociedad también definiría los mecanismos y acciones más efectivos para garantizar la ejecución y el éxito del proceso, evitando así que la aplicación del contenido esté sujeta a la voluntad de las élites del poder político y económico.
Marcha Verde convocó a las organizaciones sociales, las comunidades religiosas, a los empresarios, comerciantes, profesionales, servidores públicos y actores políticos no comprometidos con el robo de los recursos del Estado a construir un Programa Nacional por el Fin de la Impunidad que permita sacar a la República Dominicana del lodazal político e institucional en el que se encuentra, y evitar que delincuentes y asesinos sigan dirigiendo la Patria de Juan Pablo Duarte sin ningún tipo de consecuencia.
“Por nuestras familias, por nuestros hijos y por el derecho a la vida digna del pueblo dominicano…, ¡Cárcel a los corruptos, recuperación de lo robado y anulación de los contratos!”, concluye el documento proclamado al pie de una gran bandera color esperanza.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.