Asimismo, acusó al presidente Danilo Medina, de tratar de encubrir las irregularidades que supuestamente se produjeron en torno al caso, y desestimó las conclusiones de una comisión de notables designada por el Ejecutivo, que recientemente avaló la construcción de la termoeléctrica.

En ese sentido, la organización apartidista denunció que esa comisión y su informe constituyen un “atentado” al estado de derecho en el país, al considerar que sus conclusiones “evidencia el interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano”.

Además, que la construcción de los contratos para la construcción de la termoeléctrica se firmaron en el período en el que Odebrecht reconoció haber pagado 92 millones en sobornos para la obtención de obras estatales en República Dominicana entre 2001 y 2014.

Marcha Verde también dijo, en un documento que emitió en rueda de prensa, que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, reveló que el empresario dominicano Ángel Rondón pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la planta.

De acuerdo al colectivo, la designación de una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las dos plantas a carbón que construye Odebrecht, evidencia el “lodazal” y el “desorden institucional” en el que se encuentra el país, así como la disposición de diferentes sectores a violar abiertamente la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública.

“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, expuso la organización.

La comisión de notables designada por Medina determinó que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio de construcción está dentro de un rango “razonable”.

Odebrecht construye en la provincia dominicana de Peravia (sur), una termoeléctrica que producirá más de 700 megavatios de electricidad cuando entre en funcionamiento el año próximo, según ha explicado la propia compañía. Su coste ronda los 2.000 millones de dólares.

Marcha Verde, que surgió en enero pasado a raíz del escándalo de los sobornos de Odebrecht, ha enarbolado una lucha contra la corrupción e impunidad que, asegura, campean en el país.EFE

A continuación el comunicado de Marcha Verde:

Marcha Verde exige investigación penal de Punta Catalina

ADVIERTE COMISIÓN “COSMÉTICA” VIOLA ORDEN INSTITUCIONAL Y ESTADO DE DERECHO

La Marcha Verde solicitó hoy el inicio inmediato de una investigación penal del proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, como lo sugieren Servio Tulio Castaños Guzmán, varias de las empresas que participaron en la licitación y la Procuraduría General de la República en el documento de solicitud de medida de coerción por el caso Odebrecht.

Para el movimiento, en su condición de miembro de la comisión cosmética designada por el presidente Danilo Medina para investigar la adjudicación de las plantas, Castaños Guzmán alertó sobre la urgencia de que el Ministerio Público investigue Punta Catalina y sobre los indignantes altos niveles “de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting”.

Además, la Marcha Verde recuerda que el contrato de las plantas se firmó en el período en que Odebrecht reconoció haber pagado US$92 millones en sobornos para la obtención de obras en República Dominicana. Esta afirmación de la multinacional, resalta, se valida en la solicitud de medida de coerción en la que el procurador Jean Alain Rodríguez asegura que Ángel Rondón Rijo pagó sobornos a nombre de Odebrecht para conseguir la adjudicación de la central termoeléctrica.

“Lo dice Servio Tulio, lo dice por escrito el procurador, lo dicen empresarios que participaron en la licitación, lo reconoce Odebrecht y lo denuncian varios de los más importantes especialistas del país: Punta Catalina es cuerpo del delito y debe ser investigada penalmente, no desde una comisión cosmética nombrada por un sospechoso del caso”.

El movimiento verde también considera que el Congreso Nacional tiene la obligación de revisar el dudoso contrato de arrendamiento de terrenos para construir las plantas a carbón, suscrito entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Compañía Anónima de Explotaciones Industriales, S.A., CAEI, propiedad de la familia Vicini.

La Marcha Verde advierte que esos terrenos deben declararse de utilidad pública e interés social, de forma tal que la planta quede sobre un inmueble propiedad del Estado y no a nombre de la familia Vicini como se encuentra actualmente, y así asegurar la titularidad sobre la central eléctrica y las facilidades portuarias construidas con recursos del pueblo dominicano.

“Los hombres y mujeres de corazón verde no nos dejaremos distraer por el mareo, ni por comisiones mediáticas. Nos estamos manifestando de manera pacífica y ejemplar porque queremos sacar a nuestro país de este tremendo lodazal político e institucional”, advierte el movimiento que realizará una marcha nacional el próximo domingo 16 de julio, desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez con John F. Kennedy hasta el Centro de los Héroes.

Comisión viola orden institucional

Según la Marcha Verde, la designación de una comisión para investigar todo lo concerniente al proceso de licitación y adjudicación de la obra Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) por el presidente Danilo Medina evidencia el lodazal y el desorden institucional en el que se encuentra el país, así como la disposición de diferentes sectores a violar abiertamente la Constitución de la República y todo el marco jurídico de la administración pública.

El artículo 128 de la Constitución de la República citado por el Decreto 6-17 no le confiere al Presidente de la República la prerrogativa de nombrar este tipo de comisiones o delegar en otros órganos o figuras potestades investigativas y de fiscalización o control, para las cuales ya existen jurisdicciones de carácter de órganos constitucionales y de otros poderes del Estado, recordó la agrupación ciudadana.

Marcha Verde califica a la comisión, a las acciones de ésta y a su informe de atentados al Estado de Derecho, a la buena administración, a la buena Justicia, a la división de los poderes y a toda lógica de investigación penal en los asuntos de casos complejos, evidenciando el interés de encubrir y proteger a la gestión de Danilo Medina de un entramado delictivo en perjuicio del pueblo dominicano.

A pesar de la intención del presidente Danilo Medina de utilizar esta comisión para encubrir las irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación, financiamiento y construcción, los hallazgos encontrados son de magnitud y contundencia tal que la comsión debió consignarlos en el informe, aunque en sus conclusiones intentaran manipular las consecuencias de estos.