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Marcha Verde volverá a movilizarse para pedir justicia en el caso Odebrecht
Miles de personas participaron en la marcha Verde en Santiago. Foto: Elieser Tapia.
Santo Domingo, 3 jun (EFE).- El colectivo Marcha Verde, que surgió tras revelarse los sobornos pagados por Odebrecht en el país, anunció hoy dos movilizaciones para mañana para pedir Justicia en este caso, por el que fueron imputadas esta semana 14 personas, entre ellas, el ministro de Industria, Temístocles Montás.
“Marcha Verde”, que reúne a grupos populares locales y ha realizado este años cuatro multitudinarias marchas en contra de la corrupción y la impunidad, se movilizará en el popular sector Cristo Rey, en la capital, y el municipio de Navarrete, en la provincia Santiago, segunda ciudad en importancia de la nación caribeña.
“Las actividades se enmarcan dentro de las acciones que el colectivo ha emprendido para alcanzar el objetivo del fin de la impunidad en la República Dominicana”, explicó en un comunicado.
En Cristo Rey el movimiento hará un recorrido para explicar a sus residentes el impacto que tienen sobre la calidad de vida de las personas casos de corrupción como el de Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en calidad de sobornos para lograr contratos de obras entre 2001 y 2014.
El colectivo pretende llevar esta actividad, que ha denominado “Barrio Verde”, a todos los barrios del país “para que los sectores más afectados por la delincuencia política se activen y se sumen a la lucha por el fin de la impunidad y la construcción de una sociedad donde la Justicia sea igual para todos y todas”.
A través del comunicado, Marcha Verde reiteró la convocatoria de una marcha el próximo 11 de junio en San Pedro de Macorís (este), donde cerrará el proceso de movilizaciones regionales por el fin de la impunidad.
El colectivo anunciará desde dicha provincia la fecha de la denominada “Gran Marcha” que se realizará en el Distrito Nacional, centro de la capital, donde inició sus actividades el pasado 22 de enero, logrando el respaldo de miles de personas.
El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, anunció el lunes la imputación de 14 personas por el caso de Odebrecht, entre los que figuran el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y expresidente del Senado, Andrés Bautista, ambos bajo arresto.
También está detenido el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en República Dominicana, así como un exdiputado, un exministro de Obras Públicas y varios exfuncionarios. Dos senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un diputado del PRM también están imputados, pero no han sido detenidos a la espera de que sus respectivas cámaras decidan sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria.EFE
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.