Santo Domingo, RD.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) fue apoderada ayer de tres expedientes sobre presuntas irregularidades que implican al Plan de Asistencia Social de la Presidencia y el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en los que se identifica “una recurrencia sospechosa” en los procesos de compras y contrataciones de esos entes.Más Noticias
Más casos de corrupción llegan a la Pepca; Ahora los del Plan Social y el Inaipi
Expedientes del Plan Social y el Inaipi
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca) fue apoderada ayer de tres expedientes sobre presuntas irregularidades que implican al Plan de Asistencia Social de la Presidencia y el Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), en los que se identifica “una recurrencia sospechosa” en los procesos de compras y contrataciones de esos entes.El impulso de este paso es de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que hizo el apoderamiento del caso a la Pepca a través de su titular, Carlos Pimentel.
Conforme al pliego de hechos sometidos ante el ente de la investigación, en torno a lo ocurrido existe, como única explicación, “vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado”.
Según detalles sobre estos casos, estas alegadas irregularidades habían ocurrido el año pasado, estableciéndole que para ejecutar los procesos de compra y contrataciones se “otorgaban adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias”.
Los tres expedientes
En la Pepca hay tres expedientes relacionados con el Inaipi, uno del que estaba apoderado la Fiscalía del Distrito Nacional y dos depositados ayer por el director de Contrataciones Públicas.
El primer expediente que vincula a exfuncionarios de Inaipi está relacionado a una denuncia presentada por el empresario Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, sobre el proceso de licitación para la compra de 40,000 kits de alimentos, que a su juicio estuvo plagado de irregularidades.
De los dos expedientes que depositó Contrataciones Públicas, uno está relacionado con la compra de equipos tecnológicos y el segundo con la contratación de leche del desayuno escolar.
Según Pimentel, uno de ellos refiere que en 2016 esa institución incurrió en violaciones a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia, de los que no hay evidencia y costaron RD$208.05 millones al Estado. Explica que según otra auditoría, estos pagos fueron por compra de computadoras, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructuras y mobiliarios.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.