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Grupo de diputados resentido con encuestas para elección de candidatos a cargos electivos.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto que busca modificar la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas fue firmado por un total de 103 diputados, de los 190 que componen la matrícula congresual, a fin de lograr la eliminación de las encuestas como método para escoger a los candidatos de las organizaciones.
Los legisladores firmantes pertenecen a todos los partidos representados en la Cámara Baja: Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, Alianza País, el bloque BIS y el Frente Amplio.
De acuerdo con la propuesta de los diputados, la Ley de Partidos quedaría modificada en su artículo 45, donde se habla expresamente de los métodos que tienen los partidos para escoger a sus candidatos a puestos de elección como regidores, legisladores o el postulante presidencial.
Los recursos que pueden usar los partidos para escoger a los candidatos son las encuestas, las elecciones primarias y las convenciones de delegados. Sin embargo, el proyecto de los 100 diputados busca que las encuestas queden desacrtadas como una herramienta de elección.
En su propuesta, el grupo de congresistas alega que las encuestas ponen en manos de «electores indeterminados» el destino de los precandidatos y de los mismos partidos, además de señalar que en las encuestas son cuestionadas personas que no tienen ninguna afiliación al partido por el que se postula un aspirante.
También, aducen que los resultados de las encuestas tienen datos «de orígenes desconocidos» y que, por tanto, las conclusiones pueden resultar incoherentes.
«Las primarias, convenciones de delegados y de dirigentes son las modalidades en las que los partidos políticos pueden escoger a sus candidatos. Los candidatos seleccionados mediante cualquiera de estas modalidades quedan habilitados para ser inscritos en la junta electoral correspondiente», establecería el nuevo artículo 45 de la Ley de Partidos, según los diputados.
Los que firmaron
Algunos de los diputados que firmaron el proyecto de ley son Alexis Jiménez (PRM), Jesús Manuel Sánchez (PRM), Luis Henriquez (PLD), Jesús Martínez Alberty (PLD), Gaddis Corporán (PLD), Bolívar Valera (PRM), Josefa Mejía (FP), José Horacio Rodríguez (Opción Democrática) y Brenda Ogando (PRM).
También, suscribieron el proyecto los congresistas Addelis Olivares (PRM), Ignacio Aracena (PRM), Víctor Suárez (PLD), Mateo Espaillat (PRM), Rafael Castillo (FP), Rafael Abel (PLD), Hamlet Melo (FP), Francisco Javier Paulino (PRM), Amado Díaz (PRM), entre otro grupo de diputados.
Disgusto con encuestas
El proyecto de ley, que busca cambiar varios artículos de la normativa que rige a los partidos, llega de la mano con el disgusto generalizado que han externado públicamente militantes y legisladores en contra de las encuestas.
El gobernante PRM utilizó este método de encuestas amparado en las herramientas que le brinda la Ley de Partidos, pero algunos precandidatos se mostraron inconformes con los resultados argumentando que fueron excluidos porque las encuestas no reflejan el verdadero sentir de sus representados.
Legisladores como Darío Zapata o Lenin Valdez, ambos del PRM, han manifestado su oposición a las encuestas alegando que son antidemocráticas y excluyentes.
Sobre el tema, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha ordenado la repetición de las encuestas en localidades como La Romana, Distrito Nacional y Elías Piña por considerar que, en el proceso de selección, se vulneraron principios y derechos fundamentales.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.