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Autoridades informan que más de 115,000 haitianos han salido voluntariamente de RD
Santo Domingo.- Estadísticas ofrecidas este domingo por la Dirección General de Migración (DGM) establecen que un total de 115,461 haitianos indocumentados ha abandonado «por voluntad propia» la República Dominicana y retornado a su nación de origen en lo que va de año.
Esas salidas «son consideradas el producto de las medidas para interdictar y deportar a extranjeros indocumentados, dispuestas por el Gobierno y que son aplicadas firmemente por la DGM», precisó la entidad en un comunicado, en el que se aseguró que dichos retornos se hacen «en un marco de respeto a los derechos humanos».
Solo en agosto, 20,586 haitianos abandonaron la República Dominicana, de acuerdo con los datos oficiales.
La oficina de Migración afirmó que «ha otorgado facilidades, respeto y garantías para que esos retornos se realicen de manera segura y bajo el principio de que el proceso, igual que las repatriaciones, fomenta una migración más ordenada y humana, la que contribuye a la seguridad ciudadana, protege a los entes sociales e influye contra el tráfico de personas».
En abril pasado, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, recomendó a los miles de haitianos indocumentados que viven en el país «marcharse voluntariamente» o, de lo contrario, «serán buscados y repatriados», como parte de una serie de medidas para enfrentar la inmigración irregular desde el vecino Haití, sumido desde hace años en una crisis de múltiples niveles.
Cifras publicadas el pasado lunes por la DGM indican que 250,741 haitianos en condición migratoria irregular fueron deportados del país entre enero y agosto de este año.
La política de repatriación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, que incluye a mujeres embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, país que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.
Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, fruto del perfilamiento racial y la negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.
Así mismo, AI acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.