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Sabana Iglesias con más de 2,500 alumnos sin recibir clases.
Santo Domingo, R.D.-El municipio de Sabana Iglesia tiene en estos momentos más de 2,500 estudiantes afectados por la paralización de docencia en al menos 30 centros educativos pertenecientes al mencionado lugar de la provincia Santiago, tras la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) iniciar un plan de lucha que busca la culminación de varias obras inconclusas durante más de 10 años en seis planteles educativos de esta demarcación.
Con consigas como “Para una educación de calidad, necesitamos una estructura de calidad, la Isaías Collado necesita ampliación”, “No queremos falsas promesas ¡Cumplan ya!”, “Tenemos más de 12 años esperando solución” y “El futuro también se entrena aquí, terminen la cancha. Generosa Ferreira somos todos”, representantes de cada plantel denunciaron las problemáticas que se encuentran afectando a la comunidad educativa.
Erika Rodríguez, presidente de la APMAE de este plantel, señaló la falta de espacio en este centro, quienes se encuentran ocupando un aula prestada, ubicada en frente del plantel, y otra móvil, que fue habilitada en el área de la cancha, por lo que tampoco cuentan con el espacio para recrearse.
Asimismo, la representante de la asociación del Liceo Dominga Avelina Pérez, Andri Torres, explicó que hace 15 años solicitaron la construcción de este plantel, cuya obra fue iniciada y paralizada, llevando nueve años en construcción, con un 80 por ciento de avance.
“Tenemos 9 años que iniciamos, pero anterior a eso teníamos 15 años pidiendo esta obra. Necesitamos que nuestros hijos tengan una educación de calidad”, expresó Torres.
Además, otra de las obras denunciadas es la del Liceo Rosa Leocadia Pichardo, con la construcción de un comedor, una verja perimetral y una cisterna, cuyos trabajos suman más de 10 años abandonados.
Asimismo, la ADP destacó la situación del centro educativo Los Ranchos de Babosico, indicando que lleva más de 10 años abandonado, funcionando en una “nave”, donde las aulas están divididas por cartón piedra, por lo que el ruido y el calor no permite el buen desarrollo de las clases.
Mientras, las dos obras más recientes son los techados del centro educativo Generosa Ferreira y Elisa Genao, ambos trabajos iniciados hace cinco años y hasta la fecha, se encuentran abandonados por los ingenieros.
Los centros afectados pertenecen a las comunidades de Caimito, Bejucal, Ranchos de Babosico y Sabana Iglesia.
Por lo que la ADP, APMAE y la sociedad educativa, solicitaron tanto al presidente de la República, Luis Abinader, como al ministro de Educación, Luis Miguel de Camps y el encargado de infraestructura escolar, Roberto Herrera, a atender el llamado y gestionar la terminación de estas obras.
Plan de lucha
El pasado miércoles, la APMAE de la Escuela Generosa Ferreira, en el municipio de Sabana Iglesia, informó la suspensión de la docencia de manera indefinida a partir del jueves, en demanda de la paralización de la obra del techado, el cual lleva cinco años en construcción.
Los miembros de la asociación clausuraron la entrada del centro, colocando una cadena y un candado, permitiendo el acceso únicamente a los maestros. La ADP decidió unirse a la causa, ante la falta de respuestas y convocaron a una asamblea ordinaria, celebrada el pasado viernes.
En la misma, se estableció el paro de docencia y un plan de lucha que se estará ejecutando con el objetivo de llamar la atención de las autoridades correspondientes.
Durante toda la semana, los maestros permanecerán en horario regular en sus respectivos centros, trabajando con las planificaciones, portando prendas del color seleccionados en señal de protesta.
El lunes 6 y viernes 10 portando prendas de color negro, el miércoles 8, de color blanco y el jueves 9, de azul o blanco.
Según el comunicado emitido por el gremio, de no obtener respuestas en los próximos días, para el lunes 13, se verán obligados a presentar otro plan de lucha.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.