Nacionales
Esperan nombramientos en Educación más de 29 mil docentes.
De un total de 73,569 que postularon para trabajar como docente en el Ministerio de Educación 29,567 aprobaron el concurso de oposición, mientras que 41,503 fueron reprobados.
El porcentaje total de aprobados fue de 41.37 % y 56.67 % para los reprobados.
Los datos están contenidos en el informe final del Concurso Docente elaborado por la Comisión Nacional que organizó y llevó a cabo el proceso realizado por el Ministerio de Educación.
Al inicio, el Minerd informó que buscaba seleccionar a 19,181 docentes, de acuerdo a un levantamiento realizado por el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana (Sigerd).
Explica el informe que la cantidad de plazas se determinó con “un estudio pormenorizado en cada centro educativo, organizado por Distritos y Regionales, con el apoyo técnico del Departamento de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección de Gestión Humana”.
Luego se incorporaron otras 673 vacantes de maestros de Educación Artística, Formación Humana y Religiosa e Informática.
Los resultados de la entrevista dan cuenta de que de 29,683 docentes evaluados, aprobaron 26,567, para un 96.62 % de aprobados y un 0.38 % de reprobados en esta etapa.
Anuncian protesta
Ante la falta de información del Ministerio de Educación, decenas de maestros que ganaron una plaza en el concurso anunciaron una protesta en la Plaza de la Bandera, alegando que han agotado todas las vías y no han recibido informaciones de sus casos.
Tienen el temor de quedarse fuera luego de haber agotado y aprobado el concurso y se quejan de que ninguna instancia del Minerd da una explicación del estatus de los casos.
Hasta la fecha se sabe que el Minerd ha gestionado los nombramientos del nivel Inicial.
Señalan que el Estatuto Docente establece que si los maestros que aprobaron el concurso no son nombrados por el Minerd en un plazo de un año, tendrán que volver a concursar por una plaza, lo que afirman es injusto.
No cita inconvenientes, ni renuncia observadores
El informe, elaborado por la Comisión Nacional del Concurso no se refiere a los problemas provocados por el fallo en la plataforma en la primera etapa del concurso.
Tampoco toca la renuncia de la comisión de observadores que invitó el Minerd para garantizar la transparencia del proceso y que entregó un informe citando los inconvenientes que le impidieron hacer la veeduría.
Señalaron que las autoridades deberían asegurar la planificación, el orden, la eficiencia y la transparencia del Concurso Docente, como una garantía a la sociedad dominicana, dado el valor que tiene seleccionar los mejores docentes para el sistema, como factor determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el costo que implica la contratación de los nuevos docentes para el sistema educativo.
Las instituciones renunciantes fueron la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep); la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); el Centro Cultural Poveda; el Centro Juan XXIII; CIED-Humano – Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucmm; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); el Foro Socio Educativo; Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y el Instituto Tecnológico (Intec).
También dimitieron de la comisión de observación la entidad Repensar la Educación (RED); Sector Escuela Salesiana; la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu); World Vision y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.