La informalidad en la tenencia de la tierra y el acceso inadecuado de los servicios caracterizan a estos lugares 

De manera sigilosa la informalidad en los asentamientos humanos en el Gran Santo Domingo se ha desarrollado hasta hacer metástasis, convirtiéndose en un mal difícil de curar y cuyo tratamiento cada día se hace más costoso de llevar.Por tener un mayor desarrollo tanto económico como social, la ciudad capital representa el lugar ideal para los asentamientos precarios o formación de tugurios, como le denomina el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).

En la República Dominicana, este tipo de asentamientos se caracterizan por un estatus residencial inseguro, hacinamiento, acceso inadecuado a los servicios básicos, viviendas de baja calidad estructural y la informalidad en la tenencia de la tierra.

Y es que el bajo crecimiento económico y las pocas oportunidades en las provincias del país incentivan las migraciones hacia la zona metropolitana, dando lugar a las invasiones de terrenos y a la formación de bolsones de pobreza en la periferia de la ciudad.

El gran desplazamiento hacia Santo Domingo inicia tras la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961. Por orden del tirano, todo ciudadano del interior que entraba a la ciudad, debía hacerlo con previo permiso, abiertas las puertas, estas personas se concentraron sin el más mínimo criterio de planificaciones en localidades que hoy llamamos barrios marginados.

Las casas se construyeron y se siguen levantando cercanas a cañadas, a orillas de los ríos Ozama e Isabela, en aceras y calles, incluso en área protegidas.

De acuerdo con el informe “Metodología para la identificación de tugurios en el Distrito Nacional”, basado en el censo del 2010, este tipo de asentamientos se encuentran principalmente en los barrios: Gualey, La Zurza, Domingo Savio, Ensanche Capotillo, Simón Bolívar, Mejoramiento Social, Villa Juana, Cristo Rey, Villa Agrícolas, María Auxiliadora, entre otros.

El informe revela que en el Distrito Nacional 413 mil 249 personas viven en asentamientos informales, lo que representa 42.9% de la población capitalina, la mayoría asentada en el este de la ciudad, cercana al río Ozama.

“Los niños y niñas son las personas más afectadas de esta problemática, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Ellos constituyen los grupos de edad con la mayor proporción de personas que viven en tugurios, pero también son los grupos más perjudicados por la imposibilidad de crecer en un ambiente fuera de riesgos y condiciones, de modo que no atente contra su pleno desarrollo humano”, concluye el estudio.

Hasta el momento, ha sido difícil determinar con precisión la cantidad de asentamientos informales en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.

En el caso particular de Santo Domingo Norte, estos tipos de asentamientos han impactado de forma negativa aquellas áreas destinadas a la conservación de ecosistemas.

Este medio ha denunciado en varias ocasiones la invasión a un espacio que constituye parte de Los Humedales del Ozama, en Santo Domingo Norte. La Junta de Vecinos Riobisa dio la voz de alerta.

La ocupación de cañadas en sectores como Riobisa y Buena Vista II también representa un desafío para las autoridades municipales de esa demarcación.

Mientras, en Santo Domingo Este, entre los barrios con mayores problemas de asentamientos precarios figuran La Lila y La Fuente, en Los Tres Brazos y El Dique del Ensanche Ozama.

Hacia el este, las ocupaciones informales se acentúan en La Caleta y Boca Chica.

Experto culpa a las autoridades

Para el urbanista Erick Dorrejo, los asentamientos informales son el resultado de la ineficiencia de los gobiernos locales y el central en gestionar el uso de suelo.

“La gente se mueve hacia donde están las oportunidades, por eso la alta concentración de personas en Santo Domingo y Santiago. Vienen de cualquier sitio del país hacia estas zonas y no vienen con riquezas, sino a multiplicar la pobreza”, explicó.

A juicio del experto en temas urbanísticos, si desde el Gobierno central hubiera una política de gestión del suelo que brinde oportunidades, estas migraciones masivas no sucederían.

Los ayuntamientos son los responsables de ordenar sus territorios y de controlar a quienes se asientan en estos, es por ello que Dorrejo recomienda a los gobiernos locales definir claramente su plan de ordenamiento territorial, porque le permitirá distinguir cuáles zonas pueden ser urbanizadas y cuáles no.

“No es solamente los ríos ni las zonas de alto riesgo donde no hay un doliente. Es todo espacio ideal para generar la informalidad”, destacó.

Ocupación de la propiedad privada

Uno de los mayores problemas que se dan en este tipo de asentamientos es la informalidad en la tenencia de la tierra.

Santiago Moquete, presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho de la Propiedad Privada indicó que con la muerte de Trujillo se inicia un proceso de irrespeto a la propiedad.

“Y la política de Balaguer fue ser permisivo con eso, porque le servía en la reelección. El Partido Reformista fue un gran propiciador de invasiones en casi toda la ciudad”, sostuvo.
Precisó que en 1966 se produjo la expansión de las zonas ocupadas ilegalmente.

Seis de 10 están legales en su casa

“En esta ciudad de cada 10 personas que tiene un inmueble 6 y medio son ilegales, están sin títulos, lo que representa casi un 70 %. De estos terrenos son del Estado de un 12 a 15%. (El levantamiento es de finales de los 90).

Explica que cuando se habla de personas sin títulos, entran dos categorías: la que ocupa un terreno que no le corresponde y aquella que tiene el derecho de propiedad no legalizado, es decir que no ha hecho el debido proceso.

En este último renglón entran los barrios: Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo y otros.

“En esa época (muerte de Trujillo) la gente se contentaba con tener un contrato de compra, pero no hicieron el debido proceso, pero esto es un porcentaje mínimo. El derecho de propiedad hoy es una mercancía”, afirmó. Se ha determinado que la ausencia de saneamiento de la tierra, crea que las personas que habitan en estos lugares no tengan la capacidad de ser ente de financiamiento y de mejorar su calidad de vida.

32% de las viviendas del país están en cañadas

A nivel nacional, el 32.48% de las viviendas están ubicadas a orillas de una cañada o canal, según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2010. Sólo en el Distrito Nacional y en la provincia Santo Domingo el porcentaje de viviendas ubicadas cercanas a cañadas alcanzan el 25.73% y 35.68%, respectivamente. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) República Dominicana 2010- 2030, en lo concerniente a temas de vivienda y servicios, se establecen tres objetivos específicos: asegurar asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados con una adecuada gestión de riesgos, facilitar el acceso de la población a viviendas dignas con seguridad jurídica y garantizar el acceso a servicios básicos.