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República Dominicana llena de operaciones sospechosas de lavado de activos con transacciones multimillonarias.

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Un aumento extraordinario se produjo en el país de los delitos de lavado de activos, fraudes, corrupción, engaños para la obtención de datos privados de usuarios, estafa agravada, entre otros ilícitos, lo cual registra el año 2020 no sólo como de muertes y contagios del Covid-19, sino de una serie de actividades al margen de la ley.


Más de 40 mil reportes permitieron identificar 3,241 vehículos, 1,134 inmuebles y RD$77,905.85 millones, casi el doble de los fondos del 2019, en manos de 1,143 personas (818 físicas y 325 jurídicas) a las que se les encontró suficiente evidencia para poder vincularles con los delitos que tipifica la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que lleva las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas y de los informes de inteligencia financiera, indicó que “la pandemia del covid-19 provocó un incremento en los Reportes de Operaciones Sospechosas debido a la aparición de nuevas tipologías de lavado, así como al aumento de casos de delitos precedentes”.

Además, produjo un aumento significativo del volumen de fondos que no guardan relación con actividades lícitas declaradas por los clientes, monto que ascendió a RD$39,300 millones en el año 2019 y que el año pasado superó los RD$77 mil millones.

De acuerdo con el Informe Estadístico de la UAF, cada vez más rápido también es el ritmo que ha caracterizado el aumento de los bienes obtenidos a través de transacciones inusuales, complejas y significativas desde el año 2016, cuando las autoridades detectaron 149 vehículos y 243 inmuebles con esas condiciones.
Durante el año 2020, la UAF realizó 316 Informes de Inteligencia de Asistencia Técnica que fueron solicitados por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras autoridades competentes.

Estos documentos incluyen la recolección, procesamiento y análisis de información sobre la persona investigada y pueden abarcar desde su perfil socioeconómico hasta sus relaciones societarias, antecedentes penales, productos y
movimientos financieros.

Los delitos que se presentaron con mayor frecuencia fueron: tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, presente en el 60.9 % de las solicitudes; corrupción administrativa en el 6.3%; enriquecimiento no justificado en el 5.9% de los expedientes; contrabando (5.5%) y delito tributario en el 4.3% de las solicitudes, según indica en su Informe Estadístico 2020.
De las 1,143 personas investigadas, 901 fueron requeridas de manera expresa en las solicitudes y 242 fueron incluidas por haberse detectado algún tipo de vinculación con las personas solicitadas a raíz de la elaboración de los informes.

El lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos.

Involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

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Poder Ejecutivo deposita en el Senado proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, que crea la DNI

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Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader despositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la ley número 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según informó la Presidencia de la República en un comunicado.

La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.

El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.

«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.

También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».

De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.

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MAP llama a empleados de instituciones en proceso de fusión y eliminación a continuar sus labores

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Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.

A través de un comunicado firmado por el ministro Sigmund Freund, el MAP aseguró que no habrá desvinculaciones inmediatas o masivas; ya que cada una de las instituciones que forman parte de este plan de mejora de la administración pública, iniciarán un proceso riguroso de evaluación interna para determinar los próximos pasos en materia de procesos y recursos humanos.

“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.

El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.

“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.

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Raquel Peña dirigirá otro gabinete; Abinader la designa como presidenta del Gabinete de Educación

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Santo Domingo, R.D.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación, en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.

El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.

En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.

En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.

Joel Santos

En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.

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