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Temen quedar cesantes más de tres mil empleados del IAD.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupación ha generado entre los más de 3000 mil empleados del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por la reciente decisión del presidente Luis Abinader de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.
La medida, según el Poder Ejecutivo, forma parte de una reforma integral de la administración pública destinada a optimizar recursos y redirigirlos a sectores prioritarios como salud, seguridad y educación. “Se espera que esta iniciativa genere un ahorro anual de 25.000 millones de pesos.”
El Instituto Agrario Dominicano opera en 32 provincias del país, con 3,060 empleados, tanto fijos como contratados, cuya estabilidad laboral es ahora incierta, según informaron empleados consultados.
El presidente Abinader afirmó en una conferencia de prensa reciente que los empleados más capacitados de las instituciones que se fusionarán o eliminarán serán reubicados en otras áreas de la administración pública, pero lamentó que algunos servidores podrían quedar fuera.
El IAD gestiona este año un presupuesto de RD$ 2,000 millones 371,320, de los cuales RD$ 1,429 millones 221,809 están asignados al pago de remuneraciones, sobresueldos, dietas y seguridad social.
La entidad, fundada en 1962 bajo la Ley 5879, tiene como objetivo principal implementar programas de reforma agraria para mejorar las condiciones de vida en el campo, a través de la captación y distribución de tierras a los trabajadores agrícolas.
En el segundo trimestre de este año, el Instituto Agrario consolidó productos en los asentamientos campesinos, que reafirman su importancia en el sector productivo nacional.
Entre abril y julio de 2024, bajo la gestión de Francisco Guillermo García, los asentamientos agrícolas supervisados por el IAD contribuyeron con un total de RD$ 3,710,232,975.00 en productos como el arroz y el maíz.
Asimismo, la producción de leguminosas alcanzó RD$ 31,618,486.00, incluyendo frijoles, habichuelas blancas, rojas y negras, guandules y habas.
Otros productos, tales como el guineo convencional y el orgánico, además del plátano y el rulo, registraron ventas por un total de RD$ 960,472,120.00 en segundo trimestre del año.
El cultivo de frutas representa uno de los sectores agrícolas con mayor mercado, alcanzando los RD$ 911,361,890.50 en variedades como aguacate, chinola, cajuil, cereza, carambola, piña, mango, uva, sandía, entre otras frutas.
El Instituto Agrario también informó sobre los resultados de la producción y venta de cítricos, incluyendo el limón criollo y persa, la mandarina, la naranja agria y dulce y la toronja, alcanzando un total de RD$ 94,436,883.00.
Empleados de la entidad, en contacto con Acento, se sienten esperanzados en que el presidente Abinader reconsidere la medida, tomando en cuenta la relevancia de la institución en el sector agropecuario y el riesgo de desempleo que enfrentan miles de servidores en todo el país.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.