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Temen quedar cesantes más de tres mil empleados del IAD.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupación ha generado entre los más de 3000 mil empleados del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por la reciente decisión del presidente Luis Abinader de fusionar el Instituto Agrario Dominicano (IAD) con el Ministerio de Agricultura.
La medida, según el Poder Ejecutivo, forma parte de una reforma integral de la administración pública destinada a optimizar recursos y redirigirlos a sectores prioritarios como salud, seguridad y educación. “Se espera que esta iniciativa genere un ahorro anual de 25.000 millones de pesos.”
El Instituto Agrario Dominicano opera en 32 provincias del país, con 3,060 empleados, tanto fijos como contratados, cuya estabilidad laboral es ahora incierta, según informaron empleados consultados.
El presidente Abinader afirmó en una conferencia de prensa reciente que los empleados más capacitados de las instituciones que se fusionarán o eliminarán serán reubicados en otras áreas de la administración pública, pero lamentó que algunos servidores podrían quedar fuera.
El IAD gestiona este año un presupuesto de RD$ 2,000 millones 371,320, de los cuales RD$ 1,429 millones 221,809 están asignados al pago de remuneraciones, sobresueldos, dietas y seguridad social.
La entidad, fundada en 1962 bajo la Ley 5879, tiene como objetivo principal implementar programas de reforma agraria para mejorar las condiciones de vida en el campo, a través de la captación y distribución de tierras a los trabajadores agrícolas.
En el segundo trimestre de este año, el Instituto Agrario consolidó productos en los asentamientos campesinos, que reafirman su importancia en el sector productivo nacional.
Entre abril y julio de 2024, bajo la gestión de Francisco Guillermo García, los asentamientos agrícolas supervisados por el IAD contribuyeron con un total de RD$ 3,710,232,975.00 en productos como el arroz y el maíz.
Asimismo, la producción de leguminosas alcanzó RD$ 31,618,486.00, incluyendo frijoles, habichuelas blancas, rojas y negras, guandules y habas.
Otros productos, tales como el guineo convencional y el orgánico, además del plátano y el rulo, registraron ventas por un total de RD$ 960,472,120.00 en segundo trimestre del año.
El cultivo de frutas representa uno de los sectores agrícolas con mayor mercado, alcanzando los RD$ 911,361,890.50 en variedades como aguacate, chinola, cajuil, cereza, carambola, piña, mango, uva, sandía, entre otras frutas.
El Instituto Agrario también informó sobre los resultados de la producción y venta de cítricos, incluyendo el limón criollo y persa, la mandarina, la naranja agria y dulce y la toronja, alcanzando un total de RD$ 94,436,883.00.
Empleados de la entidad, en contacto con Acento, se sienten esperanzados en que el presidente Abinader reconsidere la medida, tomando en cuenta la relevancia de la institución en el sector agropecuario y el riesgo de desempleo que enfrentan miles de servidores en todo el país.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.