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Más de un millón de vehículos no pasarían una revisión técnica
SD. Más de un millón de los cerca de dos millones de vehículos de motor que hay en el país no aprobarían una Revisión Técnica Vehicular rigurosa que lleven a cabo las autoridades para determinar si están aptos para circular por nuestras vías, según especialistas en tránsito y movilidad.
Así lo considera el coordinador de la Alianza Dominicana a Favor de la Seguridad y Movilidad Vial (Avial), Luis Molina, quien estima que 1,230,503, equivalentes al 70 por ciento de 1,757,862 unidades que componen el parque vehicular, no pasarían esa revisión, entre ellos, cerca del 100 por ciento del transporte público de pasajeros.
Mientras que Luis Alba, experto en Tránsito Terrestre, considera que la cantidad de vehículos que tendría dificultades para superar la revisión técnica ronda el 40 por ciento, es decir unas 703,144 unidades. Ambos especialistas dudan que esté montada la logística para aplicar la medida en el 2018, como anunció recientemente el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), por el poco tiempo que resta para certificar los talleres que se encargarán de aplicar las pruebas.
Aunque Luis Alba recomienda esperar a que el INTRANT revele toda la información correspondiente para determinar si la iniciativa puede ser exitosa.
No obstante, Luis Molina resta credibilidad a las iniciativas que desarrolle el INTRANT porque, a su juicio, el organismo tiene “mañas viejas” que provienen de la desaparecida Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), que se prestan para corrupción y chantaje que podrían imperar en el sistema de inspecciones.
La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Claudia Franchesca de los Santos, dijo que hacen todos los preparativos para que en el segundo semestre del 2018 se inicie la Revisión Técnica Vehicular anual de todos los vehículos del país.
La funcionaria afirmó que en ese sentido que se apresta a realizar una licitación a principios del próximo año para determinar los centros a nivel nacional que serán certificados para hacer las evaluaciones.
Afirma que lo que se hará “no va a ser como antes; no es un simple sticker, es una Inspección Técnica Vehicular real, donde el vehículo pasará la prueba o no que hemos establecido”, explicó De los Santos.
Agrega que en el caso del transporte público, los vehículos que no aprueben la inspección pasarán a un plan de chatarrización contemplado en la Ley.
Luis Alba llamó a los empresarios y encargados de transportación de grandes empresas a empezar a preocuparse por el tema, porque gran parte de ellos con un examen visual que se le haga se puede constatar que les faltan diferentes luces, aparte de que son los más contaminantes por su naturaleza.
diariolibre
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.